El mundo cambia, las leyes no bastan, necesitamos la Colaboración Público Privada

Para entender bien este artículo, hay que ponerse en situación. En los últimos diez años en España se han dictado más de cien leyes estatales, Reales Decretos y sus desarrollos donde se incorpora, de algún modo, la accesibilidad tecnológica tanto a productos como a servicios. Algunos de los desarrollos legales son específicos para las personas con discapacidad (como el RD Legislativo 1/2013 que refunde la Ley General de Derechos de personas con discapacidad, el RD 1494/2007 de condiciones básicas de accesibilidad para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de la Sociedad de la Información y la Comunicación,…), y otras veces la accesibilidad a medios y soluciones tecnológicas va incorporado en el articulado de leyes o Reales Decretos generales (Ley Orgánica 2/2006 de Educación, Ley Orgánica 4/2007 de Universidades, Ley 11/2007 de Administración electrónica, Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público..). A ello hay que añadir una Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (el art. 9 está dedicado íntegramente a la accesibilidad), y múltiples Estrategias y Planes de Acción (para personas con discapacidad, mayores, infancia, o colectivos “desfavorecidos””) donde la accesibilidad digital se contempla “y manda”. Es decir, esta carrera por generar estos más de cien desarrollos legislativos (y lo sé, porque las he ido recopilando día a día) podría decirse que coincide en el tiempo con la explosión de la denominada Sociedad de la Información y la Comunicación, con la aparición masiva de los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, las Ciudades Inteligentes, el Big Data y el Cloud, la automoción cada vez más inteligente… y donde las empresas líderes del sector tecnológico tienen un capital superior al PIB de muchos países.

La tecnología y sus desarrollos en productos y servicios tiene potencial hoy en día para romper grandes barreras sociales y discriminatorias, generando igualdad, e incorporando accesibilidad y usabilidad de serie y permanentemente. Pues algo falla si no es así, con tantas leyes, Reales Decretos, Convenciones internacionales, Planes de Acción y Estrategias. Permítanme, por tanto, que dude de la eficacia del sistema, y me plantee que quizás es más eficaz contemplar la accesibilidad e inclusión tecnológica como mercado, como negocio, como consumo, y me quiera hacer más amigo de la industria y de la empresa que de las leyes. Y quizá para ello el mejor medio sea mediante la Colaboración Público-Privada, y por qué no, Centros de Referencia donde esta colaboración Público-Privada refuerce su dimensión.

Colaboración Público-Privada donde el valor radica no tanto en hacer por la propia entidad que la coordina, sino para hacer que los demás hagan. Es la forma de trascender más allá de los meros proyectos o iniciativas, caducos y finalistas en sí mismos, y ser el verdadero motor y gestor del cambio. Si pierdes la fuerza en hacer tu, pierdes la fuerza y recursos para hacer que los demás hagan. Eso sí, sirve para justificar más fácilmente un sueldo y “a tus jefes”.

¿Por qué negarnos, o querernos negar, que el mundo lo gestiona el dinero?. ¿Vamos a ser mejores por negarlo?. Tenemos claramente dos demandas: la pública (Administraciones, obligadas teóricamente por imperativos legales), y la privada (consumo), donde la gran mayoría de las personas hoy día, con independencia de sus capacidades, se convierte en un verdadero consumidor y cliente si la accesibilidad a medios y productos TIC’s es la adecuada, para poder hacer uso del nuevo paradigma de e-commerce, e-Administración y Sociedad Digital. Y más aún cuando amplios sectores como el turismo, las ciudades inteligentes y el IoT aplicado a los entornos domésticos y asistenciales cada vez tienen más claro que ahí fuera hay cada vez más millones de potenciales clientes, y donde la discapacidad o cualquier limitación merece la atención; al fin y al cabo, hay que adelantarse a conseguir consumidores y fidelizarlos, y la accesibilidad y usabilidad de las Tic’s cada vez importa más. Prueba de ello es el último CES de las Vegas, este 2018.

La empresa no me engaña, las Administraciones y las leyes no lo tengo tan claro. Sé perfectamente que una empresa o industria que durante dos o tres años no ya pierde, basta que rebaje beneficios, hará un ere o reducción de plantilla, despedirá a un 10 o 20% de la misma, y recortará gastos; cambiará de proveedores sin demasiados miramientos en función del coste y margen de beneficios, o subirá o bajará el precio de sus productos según venga la situación, sin importar quién puede adquirirlos o no o sin son bienes básicos o no; no me engaña, lo sabemos, y son las reglas del mercado, lo queramos ver o no. ¿Pero y las leyes que “garantizan” derechos (en este caso de accesibilidad), y las Administraciones que deben cumplirlos?; ¿me debo sentir engañado si no se cumplen, o es un mero error del sistema?.

¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que la Inclusión Digital (personas con discapacidad, mayores, falta de formación o limitaciones sociodemográficas) es negocio a corto y medio plazo, más allá del derecho?. Es decir, forma parte del sistema de mercado, donde solo lo rentable se contempla. Tomemos estas variables desde la planificación empresarial, y como en cualquier negocio, invirtamos, no seamos necios.

Es muy fácil gestionar la discapacidad y las necesidades producidas por cualquier limitación (funcional, de formación o social) sin su conocimiento real, ni la búsqueda de su conocimiento; es decir, desde fuera o “tangencialmente”. No tienen sentido, por ejemplo, las Fundaciones donde el control de la gestión es dirigido por un mero gestor, sin tener el conocimiento de la vivencia dentro, y se mueven en torno a actividades Conveniales bieintencionadas, pero claramente insuficientes y muchas veces dudosamente eficaces, al tiempo que el mundo real está fuera, en otro lugar. O regido por un Consejo lleno de buenas intenciones, pero sin los pies en la tierra (o mirando al cielo). La accesibilidad (tecnológica en este caso) no se aprende sin vivirla, sin tocarla, sin sentirla y sin ser afectado por ella. Y su solución sólo puede venir por colaboraciones multidisciplinares que busquen soluciones de mercado a ser posible, algo que perfectamente puede ser canalizada a través de iniciativas de colaboración Público-Privada empresarial. La ilusión del derecho obligatorio a los recursos bienes, productos y servicios Tic accesibles está bien, sí; pero ya sabemos que el mundo no suele funcionar así, y menos la industria y la empresa, donde el retorno económico es fundamental.

El mundo de hoy no es un mundo donde la realidad la solucionen las subvenciones o simplemente las leyes. Estamos en un mundo de sistema de mercado, capitalista, queramos verlo o no. Y si queremos cambiar algo, nos guste o no, es convenciendo a la empresa de que esto es rentable. Infiltrando la oportunidad de negocio dentro. Y esto solo es posible bajo un esquema de Colaboración Público-Privada de Administraciones, sector privado y Profesionales sociales (y no estoy diciendo asociaciones, hablo de grupos de expertos en accesibilidad Tic). La mayoría de las Fundaciones, Organismos y Centros financiados con fondos Públicos o privados están gestionados o dirigidos por “ajenos al negocio social” o estómagos agradecidos, cuyas acciones no van más allá de la ejecución de “proyectos patrocinados”, de forma que tangencialmente se lavan conciencias. La filosofía Fundacional es buena, sin duda, y esencial complementariamente, desde luego, pero no cambia el mundo. ¿Por qué gran parte de lo que se hace fundacionalmente no se hace en los procesos internos de producción de las empresas?. Esperar que las subvenciones públicas al sector social y las buenas obras de las Fundaciones privadas solucione los problemas de inclusión digital y accesibilidad tecnológica es esperar mucho; solo desde un modelo de colaboración público privada que incentive la visión de las oportunidades en torno a la accesibilidad tecnológica se darán importantes avances en la eliminación de la exclusión digital.

Cuando llevas muchos años en una silla y repleto de derechos, prefiero hablar claro a la empresa y la industria: “Mira, te voy a enseñar a hacer negocio con la accesibilidad tecnológica, y así beneficiamos también a las personas con discapacidad o limitaciones. Pero no te asustes, te voy a hablar en lenguaje de mercado”. Bien claro. Así, al menos, empieza a escucharme.

Cuando no conoces la necesidad más que por los ojos, no la vives, o simplemente te ponen delante para gestionar “una buena obra” de RSC empresarial, no cambias nada. Simplemente, a lo mejor se duerme un poco mejor. Si realmente la gente, y especialmente muchos mecenas millonarios confiaran en las leyes y su garantía por los Gobiernos y los recursos públicos, no debieran existir donaciones.

Vivimos en un mundo tan velozmente cambiante, con tantas crisis sociales y tal nivel de incertidumbre, que es difícil saber dónde estaremos cada uno y nuestros entornos en un futuro cercano, mediano y mucho menos lejano. Quizás es el momento donde la economía actual deba volver a coger el papel protagonista para eliminar cualquier disfunción de inclusión social y digital, y no dejar sólo a los poderes públicos (que visto está que no son quienes mandan) la gestión del bienestar. Quizás, es el momento de que mediante soluciones efectivas de colaboración Público-Privada volvamos la vista a las premisas de “La economía del bien común” de Jean Tirole (premio nobel de economía). Porque creo que parece más que evidente, que el sector privado, más que el público, cada vez tiene más claro que no puede ni debe dejarse a nadie (y dijo nadie, mayores, personas con discapacidad o limitaciones, situaciones sociodemográficas…) fuera de juego. Aunque sea para ganar dinero, generando mayor bienestar y autonomía en el mercado. Al fin y al cabo, el envejecimiento de la población, no necesariamente debe ser malo para la economía; la ampliación de necesidades también genera mercado. Es la propia empresa, por encima de los poderes públicos, quien se está dando cuenta que debe volver a coger el camino de la Economía Social de Mercado, porque es a la misma empresa a quien no le interesan sociedades que pierdan poder adquisitivo. Y por ende, una de las formas de generar mayor consumo es eliminando las barreras de accesibilidad tecnológica, buscando la total inclusión digital para todos, con independencia de sus capacidades.

La realidad jurídica no refleja la realidad social. Sinceramente, prefiero ponerme de lado del sector productivo y buscar rentabilidad económica mediante la accesibilidad; y reconvertir el sistema subvencionado en verdadero gasto público útil que cubra las obligaciones legales sociales asumidas por las Administraciones, en todos los ámbitos.

Reflexiones acerca del potencial social del Proyecto de Ley de Contratación Pública.

A raíz de la publicación en el BOE de 10 de agosto de 2017 del “Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”, y que ahora pasará al Senado, se me ocurren algunas reflexiones.

La Directiva 2014/24/UE recoge expresamente el principio de accesibilidad como uno de los pilares que ha de regir los procesos de adquisición de productos y servicios que estén destinados a ser utilizados por personas físicas, ya sea el público en general o el personal del poder adjudicador. En efecto, la propia exposición de motivos señala expresamente en su apartado 765:

“Para todas las adquisiciones destinadas a ser utilizadas por personas, ya sea el público en general o el personal del poder adjudicador, es preciso que los poderes adjudicadores establezcan unas especificaciones técnicas para tener en cuenta los criterios de accesibilidad para las personas con discapacidad o el diseño para todos los usuarios.

El artículo 42 de la Directiva viene a fijar las reglas concretas en materia de especificaciones técnicas y, especialmente, la exigencias que tales especificaciones han de cumplir en materia de accesibilidad

1. Las especificaciones técnicas definidas en el anexo VII, punto 1, figurarán en los pliegos de la contratación. Las especificaciones técnicas definirán las características exigidas de una obra, un servicio o un suministro”.

La Directiva establece de forma clara e imperativa un mandato a los poderes adjudicadores en relación con las adquisiciones de determinados productos y servicios, consistente en la observancia de criterios de accesibilidad. Y en la medida de lo posible, la observancia del estándar europeo de accesibilidad EN 301549 como requisito técnico en el ámbito de la contratación pública para la adquisición de productos y servicios de las TIC.

Pues bien, de respetarse el texto del Proyecto de Ley tal cual, o de manera sustancialmente aproximada, parece ser que esta obligación va a quedar reflejada, y de esta forma, afectar de manera muy importante a todo, y digo a todo, el proceso de contratación pública en todas nuestras circunscripciones. Y al sector privado que desee participar de este jugoso pastel. Y digo a todo el proceso, porque la obligatoriedad de accesibilidad empieza desde la mera publicación de la oferta, al obligar a generar ésta de forma accesible.

Tal y como está redactado ahora el proyecto de Ley, así queda reflejada la obligatoriedad:

“Artículo 126. Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas.

Para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, ya sea el público en general o el personal de la Administración Pública contratante, las prescripciones técnicas se redactarán, salvo en casos debidamente justificados, de manera que se tengan en cuenta la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.

De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia.

Disposición adicional decimoctava. Garantía de accesibilidad para personas con discapacidad.

En el ámbito de la contratación pública, la determinación de los medios de comunicación admisibles, el diseño de los elementos instrumentales y la implantación de los trámites procedimentales, deberán realizarse teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas, tal y como son definidos estos términos en el Real Decreto Legislativo 1 /2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social”.

Parece que en el Tercer Sector se da especial valor a la inclusión de determinadas cláusulas sociales, que también figuran en el Proyecto de Ley, como es la reserva de un porcentaje de contratación pública a Centros Especiales de Empleo, o a aquellas empresas que incorporen, para casos de desempate, a un número mayor de trabajadores con discapacidad de los obligados legalmente; criterios que están bien, son loables, y por supuesto, bienvenidos. Pero apenas se da importancia a un aspecto que considero aún de mayor trascendencia, base generadora de una verdadera sociedad antidiscriminatoria. Este aspecto es la obligatoriedad de accesibilidad en toda contratación de obras, bienes, productos y servicios de carácter público.

La accesibilidad en bienes, productos y servicios debe ser anterior, para generar el verdadero ecosistema de igualdad social y de oportunidades; y por ende, en el acceso al empleo. Pero es que, la accesibilidad en bienes, productos y servicios crea riqueza y simultáneamente más empleo en sectores y profesiones antes vetados a miles de ciudadanos. A la vez, por supuesto, que se crean entornos universales donde el ciudadano, con o sin discapacidad, es el centro y el verdadero ente activo. ¿Y qué tiene que ver esto con las tecnologías, materia central de este blog?. Todo; absolutamente todo. ¿Acaso conocemos hoy día algún trabajo donde la tecnología no esté presente?, ¿o algún servicio público, sea sanitario, educativo, administrativo o de seguridad, donde la tecnología no esté presente?, ¿o alguna Smart City o ciudad inteligente, espacios públicos en esencia, donde la tecnología el elemento vertebrador?.

Porque, para crear empleo, ¿no es necesario generar primero un ecosistema tecnológico accesible, que no discrimine a ningún ciudadano como ente activo socialmente?. ¿Qué permita la incorporación de la riqueza personal que cada ciudadano tiene, sin discriminación?. La dotación de bienes, productos y servicios tecnológicos accesibles en cualquier corporación pública, y dentro de cualquier ámbito público (educativo, sanitario, cultural, administrativo…), lo que permitiría, entre otras muchas cosas, es facilitar que la mayoría de las actividades laborales y desempeño profesional, pueda ser realizado por cualquier ciudadano que se incorpore a la función pública, tenga o no tenga discapacidad.

Pero los poderes públicos son compradores, o “rentadores”. Es la empresa privada, sean fabricantes o comercializadores, quien debe dotar al sector público de los bienes, productos y servicios que demanda. Queda, por tanto, el sector económico privado ofertante claramente afectado por la ley, y por los condicionamientos técnicos que exige para poder entrar en licitación. Y esto beneficia a todos, sin duda. Pero especialmente a aquellos ciudadanos con discapacidad o limitaciones. Indirectamente, el necesario esfuerzo que deberá realizar cualquier ofertante privado para generar bienes, productos y servicios Tic’s accesibles, debería revertir en una cada vez mayor oferta los mismos. E indirectamente, al generarse progresivamente mayor tecnología y servicios Tic’s con criterios de accesibilidad universal, esta misma tecnología irá incorporándose al circuito productivo privado, y usándose de manera cada vez más amplia y mayoritaria dentro de la empresa y la industria privada.

Es necesario recordar que la accesibilidad universal define los criterios que deben tener los bienes, productos y servicios para ser usados por personas con limitaciones motoras, con limitaciones sensoriales (ciegos o discapacidad auditiva), y discapacidad intelectual. Un porcentaje elevadísimo de ciudadanos con gran discapacidad como las mencionadas, no están incorporadas al empleo activo por carecer de las herramientas tecnológicas accesibles necesarias hoy en día para desarrollar cualquier actividad. Tanto en el ámbito laboral, como en su etapa formativa, y por supuesto universitaria. Y, desde luego, quedan fuera del colectivo de ciudadanos activos, al no poder usar de manera independiente los bienes, productos y servicios que las Adminitraciones deben poner al servicio del ciudadano. Y recordemos, para quien lo olvide, que cualquier falta de autonomía genera costes, muchos costes, tanto para el ciudadano como para quien está obligado por ley.

En el libro publicado por CENTAC en abril de 2017, “Compras Tic’s relacionadas con la accesibilidad en la contratación pública en España”, que puede descargarse gratuitamente desde la propia web del CENTAC (en formato accesible, por supuesto), Rosa Tejerina decía: “Las compras públicas tienen un carácter estratégico, impulsor e integrador. En este informe se destaca la importancia de la inclusión de requisitos de accesibilidad en todas las fases de la contratación con especial incidencia en su incorporación en el pliego técnico de las licitaciones. El objetivo es conseguir garantizar que los productos y servicios TIC que compren las Administraciones públicas y cuyos destinatarios son personas físicas, ya sea público en general o el personal adjudicador, sean accesibles para todas las personas”. Es ese carácter estratégico, impulsor e integrador, el que debe ser el motor para constituir una cada vez mejor sociedad, con participación activa de todos.

Decía Ortega y Gasett que “Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, y solo es posible avanzar cuando se mira lejos”. Pensar en grande es generar primero el verdadero ecosistema tecnológico antidiscriminatorio, y luego, o simultáneamente, fortalecerlo con otras cláusulas sociales, que complementen lo que no consiga la accesibilidad tecnológica. Pero nunca tendremos un verdadero sistema social justo, de igualdad de oportunidades para todos, sin un ecosistema de bienes, productos y servicios accesibles, y eliminamos las barreras tecnológicas, hoy perfectamente posible, de forma que dejen de ser utilizables exclusivamente por una parte de la población.

¿Empieza la brecha social tecnológica en la Educación?

“…y seguimos haciendo exámenes.”

Esta frase, repetida varias veces por Marlon Molina durante su excelente intervención en el Congreso del CENTAC en Zaragoza el pasado noviembre de 2016, refleja claramente la falta de adaptación de nuestro sistema educativo, al terremoto tecnológico que ha convulsionado nuestra sociedad en los últimos quince años.

La sociedad ha cambiado radicalmente en pocos años, con la nueva era tecnológica. Hábitos, sistemas de comunicación, procesos productivos y formas de ocio han cambiado. Y ha cambiado (o debería haber cambiado) el sistema educativo. ¿Estamos ante el dilema que plantea Silvia Leal, “E-renovarse o morir”?.

Los docentes suelen tener bastantes más conocimientos que los alumnos; pero no resulta extraño que gran parte de los alumnos tengan más capacidades (de uso y destreza, no de conocimientos ni de informática) tecnológicas que los docentes, y ello les hace pertenecer a mundos distintos que generan incomunicación, e incluso insatisfacción. La forma de transmisión del conocimiento es distinta para unos y para otros.

La brecha social está empezando a nacer desde el propio sistema educativo, tanto el obligatorio como universitario y profesional. Ya no es que afecte sólo a determinada población, como el de personas con discapacidad, por su dificultad en el acceso a la información (en el caso de personas ciegas o con discapacidad auditiva) o falta de adaptación de los materiales (discapacidad intelectual y sensorial). No, empieza a afectar al conjunto de la comunidad educativa, formadores y formados. La diferencia de medios tecnológicos entre centros, la diferencia de formación tecnológica entre los profesionales de la educación de unos centros a otros y de unas zonas a otras, y la incapacidad de adaptación a los cambios que genera y ha generado la Sociedad de la Información y la Comunicación, está haciendo que la brecha social que antes afectaba a una pequeña parte de la población con limitaciones funcionales, se traslade de un modo alarmantemente general a gran parte de la población educativa.

El circuito formativo, desde los primeros ciclos de enseñanza obligatoria hasta la universitaria o formación profesional, sigue anclada en gran parte de su gestión, ahora ya bien entrado el s. XXI, a los mismos ritos de hace uno o dos siglos. Y el resultado, como dice Marlon Molina, es que seguimos haciendo exámenes tradicionales (y obsoletos) para evaluar la capacidad de las nuevas generaciones de alumnos. ¿Dónde queda la transformación digital en la educación, donde queda la introducción de las tecnologías y sus recursos en la evaluación de capacidades personales del nuevo alumno digital?.

Grandes personajes de la historia fracasaron en sus evaluaciones de capacidades para seguir su formación. Giuseppe Verdi no pudo estudiar en el Conservatorio de Milán, pero consiguió crear algunas de las mejores óperas mundialmente reconocidas; Einstein, como Churchill, fracasaron repetidamente ante los sistemas tradicionales de evaluación, los exámenes. Y hoy nos empeñamos en mantener estos criterios rígidos, cuando lo escrito ha pasado a lo digital, la manual a lo audiovisual, la tutorización personal a la virtual, la comunicación directa a la comunicación a través de medios móviles interactivos, y la búsqueda de información de las librerías a los bancos de datos digitales en la nube. Y mientras las tecnologías han cambiado nuestras vidas, hábitos, formas de consumir y relacionarnos, ¿ha llegado la transformación digital a nuestro sistema educativo? ¿En dotación de medios y en capacitación de los profesionales de la educación, para aprovechar todo este avance tecnológico? Y si antes la accesibilidad física a los centros era imprescindible para alumnos con discapacidad física, sensorial o intelectual, ahora la accesibilidad y usabilidad digital es totalmente imprescindible para acceder a la formación online, en sus medios, sus plataformas, sus recursos y, por supuesto, en sus documentos de estudio. Sin la accesibilidad de estos, nada de lo demás tiene sentido. Y esto es, ni más ni menos, que transformación digital en la educación, ¿ha llegado? ¿ha llegado a todos?, ¿o estamos convirtiendo un sistema educativo universal en elitista, según los medios que tengan los Centros, los formadores y los alumnos?.

La transformación digital en la educación debe parar, necesariamente, y sí o sí, en generar una capacitación continua de nuestros profesionales de la educación mediante su propia investigación personal y preocupación por estar al día de los avances tecnológicos, de los nuevos recursos tecnológicos que aparecen, y de cómo adaptarlos y utilizarlos enfocados a la diversidad de capacidades de sus alumnos; entre otras cosas, para tener claro que todo debe ser accesible y usable, si queremos una verdadera igualdad de oportunidades para todos.. De nada sirve inundar de tabletas nuestros centros, de dotarlos de banda ancha o de comprar plataformas y nuevo software. La transformación digital va mucho más allá, y no podemos invertir la estructura educacional: el profesional de la educación puede estar, y de hecho está, más preparado en cuanto a conocimientos teóricos y experiencia; pero el alumnado está sobrepasando al profesorado en hábitos y formas de uso tecnológicos, y esto puede producir verdadera sensación de insatisfacción y obsolescencia del sistema.

Hablemos de la formación online, y citemos algunas reflexiones de destacados profesionales:

"La enseñanza online y abierta está haciendo evolucionar el paradigma educativo hacia entornos más masivos, internacionales, y de más calidad" (Sergio Martín, profesor de la UNED Departamento de Ingeniería Eléctrica, electrónica y de control). ¿Pero para todos, me pregunto?.

"Gracias a los cursos en abierto y a distancia la educación está al alcance de todos. Estudiar en comunidad es muy enriquecedor". (Nuria Cervantes Bañon, alumna de la UNED). ¿Pero para todos, me pregunto?.

"La idea es simple, publicar nuestro material de enseñanza, nuestro contenido del curso, en Internet, y hacer que esté disponible para todo el mundo… gratis". (Dick Yue, Profesor del MIT. Presidente del 'MIT Lifelong Learning Committee 2000"). ¿Pero para todos, me pregunto?.

"Los OER aumentan la adquisición de conocimientos mediante una educación personalizada y con costes reducidos". (Kathy Nicholson. Associate Programme Officer, Education Programme. The William and Flora Hewlett Foundatio). ¿Pero para todos, me pregunto?.

La pregunta es oportuna porque conviene saber, si cuando se habla de "todos", se contempla la accesibilidad en plataformas, documentos y procesos.

La accesibilidad a la educación, tanto en sus plataformas online como en el formato de sus documentos y aplicaciones, cada vez es más importante debido al incremento de la formación universitaria especializada en modo online. Mejor, no más importante, es esencial. “Internet está llegando donde no está la Universidad”, sostiene Andrés Pedreño, director del proyecto UniMOOC del Banco de Santander. “Podríamos grabar las clases de una hora y colgar los vídeos. ¿Pero de qué sirve eso?”, se pregunta Pedreño, de UniMOOC. “Hay que tener en cuenta que el estudiante se va a conectar con su teléfono en la parada del autobús o en el metro. Hay que dar respuesta a sus necesidades. Por eso hay que condensar conceptos en vídeos de dos minutos. Que el conocimiento se vaya acumulando y se valore con test rápidos”. Pero todo esto implica necesidad de adaptar este material a las diversas capacidades del alumnado, si no queremos dejar fuera a nadie, máxime cuando hoy se puede hacer; y paradójicamente, ahí también está su potencial, en la posibilidad de adaptación por parte del alumnado al acceso a esos conocimientos, utilizando sus propias herramientas tecnológicas de estudio que mejor le sirvan.

El paradigma educativo se está transformando a pasos de gigante. En los colegios con técnicas y sistemas innovadores, con los mismos recursos que tienen las escuelas que les rodean, han llegado a eliminar el fracaso escolar y logran el éxito de todos sus alumnos sin importar su procedencia. Y en los sistemas innovadores, las Tecnologías accesibles y materiales digitales, en mayúsculas, deben ser una herramienta esencial.

Y la evaluación, ¿cómo queda?. ¿Seguiremos haciendo exámenes tradicionales, como dice Marlon Molina, o utilizaremos el nuevo mundo digital y su nuevo ecosistema conceptual para adaptar la evaluación para valorar los conocimientos en función de las distintas capacidades funcionales y circunstancias del alumno?.

La solución, sin duda, es la que propone Silvia Leal: "e-renovarse o morir". Es lo que ocurre a las sociedades que se adaptan a los cambios.

Integración, elemento clave para una accesibilidad TIC universal

Accesibilidad integral, necesariamente global. Ya es impensable como sólo necesaria una accesibilidad parcial a determinados productos o servicios: todos son interoperables y están interconectados. Ninguno sin los otros sirven por sí solos para moverse e interactuar con la Sociedad de la Información y la comunicación. El concepto de accesibilidad universal, nacido para el producto, y en todo caso para el servicio TI, se ha quedado corto. De nada nos sirve si no es Integral, de modo que no falle ningún eslabón de la cadena en la ya global Sociedad de la Información: accesibilidad en el producto y el servicio, pero también compatibilidad, multimodalidad, multicanal, multidispositivo, soluciones de comunicación unificadas y accesibles cada una para no romper la accesibilidad en la integración… De forma que se integren tanto terminal o producto de acceso, como información y procesos con foco en la movilidad. Si falla uno de ellos, la Sociedad de la Información Universal se cae. Ya no estamos a principios de los años 80, donde la accesibilidad a nuestra estación de trabajo se ceñía a nuestro pc individual, casi estanco, con escasa conexión a redes y prácticamente nula oferta de servicios conectados. La accesibilidad debe estar integrada en cada escalón de la cadena. Porque, además, el usuario TI ya no sólo es profesional, trabajador en el ramo; ahora todos y cada uno de los usuarios son clientes particulares, a los que cada vez se puede engañar menor en cuanto a las prestaciones que nos venden.

¿De qué nos sirve el poder acceder a Internet desde una Tablet accesible si los documentos, la información, las aplicaciones o los servicios de la red no lo son?.

Es necesario garantizar un mundo donde el intercambio de información digital sea seguro, sí, pero también accesible y fácil, de forma que asegure su uso por todos y mejore la experiencia de los usuarios a través de sus propios dispositivos, que ya le han supuesto un coste: en la nube, en la red, en el hogar, en la ciudad supuestamente inteligente (con impuestos y las consiguientes partidas presupuestarias en lo que toca a las Administraciones), y en la adquisición del producto.

El caso de los wearables (igual puede decirse de IoT) puede ser uno de los más claros y paradigmáticos, por vincular uso personal, llevable, cotidiano, necesariamente conectado, y posibilidades en múltiples campos; entre ellos, la sanidad. ¿Servirán para algo si no se diseñan bajo concepto de accesibilidad total?. ¿Y si no me los puedo poner, por dificultades motrices en las manos? ¿Y si no puedo acceder a sus funciones, por ser ciego, y no diseñarse para ello? ¿Y si …?. Muy cercano al universo wearable, encontramos el “espacio” de la telemedicina. Es cierto que, en este campo, se ha demostrado que los pacientes crónicos que son telemonitorizados ahorran costes y ganan calidad de vida. Ya en noviembre de 2014, en en el I Congreso Nacional de Wearables y Big Data en Salud, fueron presentados proyectos de monitorización en la nube con la inclusión de wearables y juegos. También un proyecto europeo de monitorización remota de pacientes que permitía que los enfermos hepáticos no tengan que pasarse media vida en la consulta. Entre otras novedades atrayentes entonces, la empresa D-LIVER anunció un desarrollo para estos pacientes que sólo debían pincharse el dedo en casa y colocar la muestra en un chip para estar controlados a distancia. El sistema también incluía un wearable o tecnología vestible con el que poder controlar la presión arterial, la temperatura y el ritmo cardíaco. Añadía una serie de ejercicios para tablet con los que controlar la función neuronal, que puede verse afectada con la enfermedad hepática. Vemos que todos estos procesos, ya hace dos años (por la distancia en el tiempo lo pongo como ejemplo, hoy todavía tiene más sentido), requieren de diversas funciones interconectadas e interoperables entre sí. Pero, ¿Y si falla el eslabón de la accesibilidad global en alguno de ellos? ¿Serviría a una persona ciega, con discapacidad auditiva, limitaciones físicas, o mayores?. ¿Dónde quedaría su valor?. ¿Tendríamos que tener dos sistemas paralelos de salud, uno para quienes puedan manejar las tecnologías remotas, y otro para quienes no?. ¿Duplicaríamos el coste, al hacer el servicio ineficiente?.

El mundo hiperconectado es una realidad y va a seguir aumentando. Existe una clara tendencia de crecimiento en el uso de servicios a través de dispositivos moviles. Un sector importante del mercado es la movilidad, hoy en día ya indiscutible, y dentro de este sector, el modelo BYOD (Bring your own device, o trae tu propio dispositivo), decía Federico Dios, senior solutions de Akamei. Y el modelo BYOD, aparte de otras virtudes y entre otras muchas cosas, puede suponer una oportunidad inmejorable de acceso al mercado de trabajo a las personas con discapacidad, al permitirles usar sus ya adquiridos terminales, hardware y sofware, adaptados y adecuados a sus capacidades. Por poner sólo un ejemplo. Un ejemplo claro, además, donde es importante conjugar los criterios de seguridad en los accesos, con de accesibilidad y usabilidad en el mismo.

También es evidente que va a crecer la adopción de las tecnologías que ayuden a incrementar la satisfacción de los usuarios y a fidelizarles. Ya no se puede engañar al usuario, ni despreciar millones de clientes que por sus distintas capacidades necesitan tecnologías accesibles e integración accesible; las personas con discapacidad son clientes cada vez más poderosos, organizados e informados, con una importante presencia en el mercado.

“Estamos convencidos de que las tecnología es el elemento clave de dinamización de nuestra economía, palanca de crecimiento y eficiencia y base para construir el futuro de bienestar y prosperidad que nuestro país se merece”. Lo afirmaba Aurora Delgado, directora general de Fujitsu, en una entrevista realizada por Computerworld en marzo 2014. Con un matiz: el mundo TIC es global desde hace tiempo, ya no se ciñe a fronteras territoriales. Y efectivamente, la tecnología es el factor clave del futuro bienestar, pero ese bienestar sólo será eficiente, real, y cierto, si las tecnologías se diseñan y fabrican para adaptarse a las distintas capacidades de todos los usuarios, y a sus limitaciones funcionales y cognitivas. Cada vez se aprecia más una mayor presencia de los clientes en las decisiones de negocio a través de su participación en redes sociales y medios de comunicación en tiempo real. Y las empresas lo saben.

Las organizaciones, sean públicas o privadas, debieran usar tecnologías que permitan una nueva forma de interaccionar con sus usuarios, ciudadanos, clientes o trabajadores, a través de las redes sociales y los dispositivos móviles. Para ello, el usuario, cliente o trabajador, debe poder acceder a esa información y servicios, con independencia de sus capacidades. Hay mucho negocio en juego, si hablamos en términos de mercado; pero también mucho en juego para lograr la garantía de los derechos de la persona, con indepencia de sus capacidades, si hablamos en términos sociales.

“El mundo ha entrado en una era de computación integrada que no sólo vendrá determinada por los propios dispositivos, sino por la integración de la tecnología en la vida cotidiana de los usuarios. Intel introducirá una nueva tecnología que incorpora los sentidos de la percepción humana”. Cuando Norberto Mateos, director general de Intel para el sur de Europa, afirmaba esto en marzo 2014, vislumbraba el futuro. Pero para ello, la accesibilidad en cada paso es esencial. Las innovaciones tecnológicas de los fabricantes tendrán sentido y, por tanto éxito, si son capaces de servir de una forma eficiente a estas necesidades sociales, y por qué no, de mercado.

Queda asumido, como ya he afirmado anteriormente, que la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es indispensable para las personas para participar como miembros de pleno derecho de la sociedad, para poder ejercer la libertad de elección y para una vida independiente y lo más autómoma posible. Cuando son herramientas diseñadas con criterios de accesibilidad y facilidad de uso (y pensadas para ser integradas con esos criterios), las tecnologías son aplicadas por todas las personas en todos los sectores de la sociedad. La tecnología ha dado lugar a nuevas formas de interacción social, a nuevas formas de gestionar los negocios y la economía productiva, a los cambios en la educación, el empleo y los requisitos de acceso a la cultura y el ocio. La distribución cada vez mayor y el permanente despliegue de las TIC ofrece nuevas oportunidades para distribuir, manipular y almacenar información. El creciente uso de las TIC sólo ofrecerá nuevas oportunidades para las personas con discapacidad en todos esos campos, reduciendo los obstáculos a la participación en la vida cotidiana, si se consiguen eliminar las barreras de accesibilidad en los bienes, productos y servicios tecnológicos actuales, y prevenir los futuros.

La Sociedad de la Información y la Comunicación debe estar al servicio de la persona, y no al revés. Sólo siendo utilizable por todos, será para todos. La tan en boga Transformación Digital sólo puede ser Social (que significa beneficiosa para la sociedad) si contempla la accesibilidad como uno de sus diversos, pero irrenunciable, elementos.

Transformación Digital, ¿o Transformación Digital Social?

Cuando introducimos el término “Social” en cualquier contexto, entendemos que nos referimos a actuaciones que afectan a una pluralidad indeterminada, pero masiva, de personas. Cuando vinculamos el término a la Tecnología, según su definición en la Sociología, entendemos “Social” por aquello “Que repercute beneficiosamente en toda la sociedad o en algún grupo social”.

Nos encontramos en una etapa donde se habla en todos los ámbitos del sector privado (industria, empresa y comercio) y del sector público (Gobiernos y Administración) de la transformación digital y de las formas y urgencia en acometerla. Podemos entender por “transformación” digital” la introducción en todos los procesos y servicios de ambos sectores, públicos y privados, de los productos y recursos que pone a nuestra disposición la industria tecnológica. Sin embargo, este proceso, tomado sin más, sólo generaría un beneficio en la gestión de la eficiencia, y en todo caso, en la ficticia reducción de costes. Pero es cuestionable su peso en un incremento del bienestar social.

Por ello, debemos perseguir el completar el concepto “Transformación Digital” con el adjetivo “Social” (según la sociología). Y para que la transformación digital beneficie a toda la sociedad (concepto amplio y preferible) o a algún grupo social, la introducción de la tecnología (bienes y productos) y sus recursos (aplicaciones y servicios), debe realizarse tomando a la persona como centro, y pensando en la persona como destinatario principal de la transformación digital. Y si queremos una “Transformación Digital Social” completa y en su concepto amplio, con beneficio directo en cada actor de la sociedad, la gran mayoría de los bienes, productos y servicios implementados en ella, deben, además, cumplir necesariamente determinadas condiciones. Dos de ellas, innegociables, la accesibilidad y usabilidad de toda la tecnología y recursos Tic utilizados.

La Transformación Digital no es un proceso de empresa, es un proceso que afecta a toda la sociedad, y a todas las estructuras públicas y privadas, la gestión y los servicios. Desde esta perspectiva, está de moda hablar de transformación digital (aún cuando este concepto no es nuevo, y tiene algunas décadas), pero vinculada esencialmente a la empresa, y a los desarrollos que nos quiere vender la empresa. Sin embargo, esto no deja de ser un error, como tantos otros cuando hablamos de la sociedad conectada. La empresa no deja de ser un espacio más de los que constituyen un entorno mucho más global, una sociedad, un país, un territorio o un continente; y en todos ellos, la célula común e indispensable es la persona. Por ello, debiéramos ir hacia un diseño más universal, y aprovechar la oportunidad que nos ofrecen las cada vez más poderosas tecnologías, y empezar a hablar de la Transformación Digital Social. Un espacio donde confluyen las personas, en cohabitación con sus creaciones: edificios, espacios comunes, empresas, industrias, servicios a disposición del ciudadano (sociosanitarios, educacionales, culturales, transportes…). Es el momento de transformar, si queremos, la sociedad en su globalidad, y no cada “creación” en su particularidad.

La transformación digital es, en definitiva, la transformación de la sociedad. Es el cambio de nuestro modo de vida, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de un nuevo sistema de trabajo y producción, de nuestra forma de acceso y utilización de servicios públicos y privados. Es la transformación de la educación, la sanidad, la cultura o la comunicación. Todo ello basado en tecnologías presentes o emergentes, que van posicionandose en nuestras vidas sin darnos cuenta: IoT, cloud, realidad virtual, tecnologías en movilidad, sistemas de desplazamiento autónomos (coches inteligentes), desembarco de la robótica… tecnologías que sin los criterios de accesibilidad y usabilidad dejarán a millones de ciudadanos-usuarios-consumidores fuera del círculo, desplazándolo a puntos alejados de la circunferencia que lo sustenta. Y las consecuencias, desgraciadamente, serán desastrosas para la economía, para el gasto público y para la sociedad.

Con la transformación digital pasa lo mismo que con las Smart Cities o Ciudades Inteligentes, corremos el mismo riesgo de tener que retransformar lo transformado, en ambos casos con unos costes de millones de euros. Es decir, lo mal transformado puede suponer la mayor brecha digital y social creada hasta la fecha, tanto en entornos privados como públicos. La diferencia con épocas pasadas (o tan sólo años), es que las excusas se van esfumando: cada vez existen más recursos, bienes y productos TIC’s con amplios abanicos de criterios de accesibilidad y usabilidad, y si en conciencia existiera verdadera voluntad de convertir la Tanformación Digital en Social, los servicios generados, públicos o privados, debieran desplegarse utilizando las tecnologías más adecuadas a la pluralidad de capacidades de los ciudadanos (y consumidores) que conforman la Sociedad. Servicios en cualquier sector: sanidad, educación, transportes, Administración, cultura, comunicación o infraestructuras, por citar algunos.

En el excelente artículo de El País de 26 de abril de 2016 (http://economia.elpais.com/economia/2016/04/25/actualidad/1461606018_234064.html), la directora de IBM Commerce, Carmen García dice "No solo hay escasez de recursos asignados a la digitalización, sino también de personas, como tampoco existe una hoja de ruta definida y compartida con la alta dirección de las compañías." También Sonia Casado, directora general de Accenture Digital, manifiesta "para muchos directivos la transformación digital sigue siendo poner una tienda online, y basta". La conclusión es evidente: en ningún momento se plantean la mayoría de las empresas que su forma de trabajar en el mercado está cambiando, y que el usuario-consumidor es distinto, y en pocos años será esencialmente digital. Quizás entonces, se arrepientan de no haber tenido la visión de anticiparse a la eclosión del ciudadano digital, despreciando el potencial de los millones de capacidades diferentes entre los ciudadanos-consumidores digitales, al tiempo que ven cómo las cuentas de resultados de sus empresas descienden dramáticamente.

David Alandete, director adjunto de EL PAÍS, daba la bienvenida a los asistentes a Retina, el foro Iberoamericano y Tecnológíco que organizó su corporación el pasado mayo en Madrid, con esta afirmación: "La transformación digital no es un problema, es una gran oportunidad". Efectivamente, la oportunidad para las personas, la oportunidad de diseñar una sociedad más igualitaria, la oportunidad de generar consumo y riqueza sin excluir a nadie mediante soluciones tecnológicas adecuadas a la diversidad de la población, tomando en consideración sus distintas capacidades. La tecnología se puede y se debe humanizar, para estar al servicio de la persona. El usuario (como demandante o necesitado de determinados bienes, productos y servicios), debe ser la guía, la pieza clave y común para los medios tecnológicos que maneja la empresa, la industria y la Administración. Para ello, los medios tecnológicos ofrecidos al usuario deben ser accesibles y usables. Es la oportunidad adecuada para aunar beneficio económico y beneficio social. Es la gran oportunidad, como decía Luis Alandete.

“Educación. Salud. Cultura. Política. Economía. Nada será lo mismo tras la transformación digital. Nada lo es ya. Políticos, empresarios, emprendedores, educadores, pensadores, gurús... Todos están obligados a repensar la sociedad, los mercados que la alimentan y las instituciones que las rigen con un cambio de paradigma que marca el pulso del siglo XXI: la transformación digital. Y todos están de acuerdo en que el gran cambio es que, ahora, el centro de ese universo ya no son las empresas e instituciones sino el ciudadano, o mejor, el espectador, el lector, el cliente de banca o energía, el alumno. La revolución digital ha dado todo el poder al usuario”. (http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2016/05/10/actualidad/1462859976_907242.html). Un proceso en donde el Big Data tiene un papel fundamental para llegar a conocer lo que pide el usuario, o los bienes, productos y servicios que necesita cada usuario en función de sus diferentes capacidades. De hecho, Big Data debe convertirse en la herramienta definitiva para compartir conocimiento, integrar conocimiento, y difundir conocimiento, con el objetivo de socializar la tecnologías, sus desarrollos y servicios.

Uno de los ejemplos más evidentes y nefastos de una desastrosa transformación digital la tenemos en el reciente proceso de gestión documental y procedimental en la Administración de Justicia, y de la entrada en vigor de la obligatoriedad de utilización para todos los profesionales del sector (jueces, fiscales, abogados, procuradores…), de la plataforma de transmisión y remisión de todo tipo de documentos a través de la plataforma digital LEXNET. Una plataforma de acceso vía web, incompatible con gran parte de las versiones de navegadores más comúnmente utilizados por los usuarios, entre ellos el último de Microsoft; diseñado sobre Java, por supuesto no accesible y saltándose todos los principios de la usabilidad. Y como no, la obligatoriedad que tienen desde hace años las Administración Públicas de cumplir los requisitos de accesibilidad y usabilidad en todos aquellos portales y servicios de carácter público. Pero además, y consiguiendo hacer el triple salto mortal de una nefasta transformación digital, introduciendo en la brecha digital no sólo a ciudadanos y profesionales con discapacidad o limitaciones funcionales, sino a miles de profesionales y usuarios por la dificultad de su uso, su incompatibilidad de equipos con la plataforma, por su lentitud, por la falta de formación (que debiera haberse previsto) de los usuarios del sector, o lo no menos grave, la falta de cobertura de redes de banda ancha aún en muchas zonas, donde la utilización de internet sigue siendo, incomprensiblemente, deficiente, muy deficiente o sencillamente nula. Es decir, se ha logrado en la Administración de Justicia, clave en el velar por los derechos de los ciudadanos, plasmar la antítesis de lo que debe ser el concepto de la Transformación Digital Social: la Transformación Digital Antisocial.

En la Vanguardia digital de 17 de mayo de 2016, hablando del Digital Enterprise Show 2016, se dice “El evento nace con el objetivo de contar con la presencia de expertos internacionales que hablarán sobre social business, liderazgo digital, ciberseguridad, Internet of Things o movilidad, entre otros. Todo ello con las empresas y su transformación digital como hilo vertebrador del evento”. Me pregunto, ¿dónde queda el ciudadano, para convertir la tranformación digital en Social?. En el mismo artículo, afirma Lluís Altes, Strategy director de Digital Enterprise Show: “El mercado actual se ha visto transformado por la tecnología. Desde cómo se relacionan los nuevos consumidores con las empresas, a cómo estas se relacionan con sus empleados, el mercado exige que iniciemos nuevos modelos de negocio más versátiles y adaptados a la nueva realidad”. Parece que Lluis Altes lo tiene más claro, el eje de la transformación es la persona en cualquiera de sus roles: mero ciudadano, consumidor, empleado o usuario de servicios públicos o privados. ¿Pero tiene claro que estos nuevos modelos de negocio a que alude, deben contemplar necesariamente la accesibilidad y usabilidad en cada componente implementado, para convertir la Transformación Digital en Social?.

Estamos a tiempo: tenemos la mejor oportunidad de incorporar a la Transformación Digital el adjetivo Social; es decir, perteneciente o relativo a la sociedad. Y la sociedad está compuesta por todas y cada una de las personas. No desaprovechemos esta oportunidad.

Cuando los grandes hablaron de simplificar su tecnología…

Leyendo la entrevista en El País al presidente de Sony, Kazuo Hirai, durante el pasado CES este año 2016 en Las Vegas, me vienen a la cabeza unas cuantas reflexiones. Parece que el presidente de Sony tiene claro que, sobre todo llegados a cierto nivel de excelsa calidad en la tecnología en sí, se deben buscar otros valores añadidos de cara a llamar la atención del consumidor-usuario. Es lo que pretende al eliminar el cableado de sus televisiones, una vez que la calidad de la pantalla es cada vez mayor. Lo que no sé si además ha reparado el presidente de Sony, es que de esta forma también busca simplificar su instalación, y esto es ganar en usabilidad física del aparato. Declaraba Kazuo en esa entrevista que “La calidad de su pantalla, por supuesto, pero también el sistema de gestión de cables. Es una de mis obsesiones desde hace años. Antes de ser presidente de Sony ya me enfadaba mucho cuando me enseñaban un prototipo de pantalla, y era precioso todo, pero luego, en el hogar del consumidor era muy diferente. No está bien que inviertas dinero en algo tan bien diseñado y luego quede fatal en casa por la maraña de cables. No diseñamos para ganar premios, diseñamos para los hogares. No me gusta que se vean los cables. Me obsesiona solucionar ese problema”. Y me da la impresión, de nuevo, que los propios fabricantes y diseñadores de tecnología vuelven a empezar a buscar adelantarse unos a otros, tratando de encontrar la mayor facilidad de uso (usabilidad) para el consumidor, conjugándolo con las cada vez mayores prestaciones que incorporan. Prestaciones cada vez mayores en accesibilidad y usabilidad (y que casi todo el mundo sigue desconociendo); pero también, y sin querer de nuevo, creando diseños físicos más usables. Matizo, para los críticos más accerrimos, como siempre hago: más y mejor accesibilidad y usabilidad, no quiere decir perfección; pero la mayor imperfección, y ésta es humana, es desconocer lo que se tiene.

Declaraba también Kazuo que “Hace unos años la electrónica era solo para unos pocos. Ya no, ahora es algo a lo que todo el mundo tiene acceso, con muchas categorías: televisión, cámaras, móviles… Nosotros luchamos por ser mejores en diseño, en investigación de materiales. Queremos que los consumidores estén orgullosos de la compra, que sea duradera”. El presidente se da cuenta de que el mundo ha pasado de tener unos pocos consumidores-usuarios elitistas, que podían acceder a las novedades tecnológicas que este nuevo universo ponía encima, a ser un universo global o prácticamente total (o al menos acabará siéndolo) de consumidores-usuarios. Si como dice, quiere que el consumidor esté orgulloso de comprar Sony, incrementar su número de consumidores, y además le sean fiel, necesariamente tendrá que empezar a contemplar la heterogeneidad de las diversas capacidades (y necesidades) de los elementos que componen la sociedad, y estos son los propios consumidores: es decir, las personas, y sus distintas formas y requerimientos para interactuar y usar su tecnología. Personas mayores, con alguna discapacidad del tipo que sea, o limitaciones funcionales, sensoriales o cognitivas.

Repasando (a distancia, qué envidia) mucho de lo “presentado” en la feria (realidad virtual, automóviles inteligentes, wearables, drones, impresión 3D, robótica, ….) podemos darnos cuenta de que de todo ello empezamos a oír hablar, como quien dice, hace dos días. En la realidad, hace muy poquitos años, aún cuando la industria lleva trabajando en ello unos cuantos más. Y sin embargo, su velocidad de entrada hace que alguno de los “recién llegados” a nuestros oídos, como los drones, estrenen su propia categoría dentro de los Premios a la Innovación en esta primera feria tecnológica del año. Y entre toda esta maraña, también encontramos muchos “cacharros” de este futuro que nos llega con verdaderas utilidades sociales (aún cuando dudo que sus fabricantes las hayan detectado). La compañía Digitsole, por ejemplo, llevaba un zapato inteligente, repleto de sensores y múltiples funciones, que más allá de ser un wearable, también son una ayuda técnica en sí: puedes atártelas y ajustártelas sólo pulsando su app. ¿Se habrán dado cuenta los fabricantes de lo que puede suponer para quien tiene problemas de movilidad en las manos?. ¿Serán capaces de ver que pueden publicitarlo como valor añadido a su producto?. O como la empresa Qualcomm, que utilizando técnicas de computación cognitiva y aprendizaje automático, presentó un aparato que al hacer una foto, identifica y etiqueta cualquier cosa a nuestro alrededor, sean personas u objetos. ¿Habrán visto la utilidad para personas ciegas o con baja visión?. ¿Por qué no “utilizan” los fabricantes y empresas estas utilidades que incorporan sus “cacharros”?. ¿Por qué no introducen dentro de sus estrategias de venta y marketing esta características sociales de sus productos?. La respuesta es fácil: por puro desconocimiento. Y es un enorme error: lo social ayuda a vender mucho más.

Afortunadamente, los grandes ejecutivos de las grandes marcas del mercado van teniendo claro (aunque luego no lo hagan adecuadamente bien) que la facilidad de uso debe ser el pilar de su éxito. Y así se lo plantea Tim Baxter, presidente de Samsung en EE UU, cuando hablaba de sus nuevos televisores, presentándolos como una de sus bazas fuertes. La televisión fue otro de los focos de atención: más contenido, más aplicaciones y más sencillez. “La fricción está en pasar de una aplicación a otra, seguir viendo la tele, entrar en la tienda, elegir el contenido… ¿Por qué no es tan fácil como cambiar de canal?”. Utiliza el término “fácil”, lo que viene a significar un principio de conciencia acerca de la necesidad de incorporar la usabilidad a sus desarrollos. Igual que tiene claro que necesitan a otros, por fuertes que sean, para permanecer en primera línea: “Hace cinco años comenzaron a hablar de estilo de vida, en lugar de pensar en productos separados, se propusieron unir el ecosistema. Por el camino han aprendido que no pueden trabajar solos, que son necesarias las alianzas con otros fabricantes y aparatos”. (El País, 7 de enero de 2016). Ahora hace falta, ya que están convencidos de que no pueden trabajar solos y necesitan conocimiento compartido para ser líderes, que incorporen a su sistema de trabajo los expertos en accesibilidad y usabilidad, como parte permanente de la línea de producción.

Sin embargo, me preocupan mucho más los servicios digitales que están apareciendo en torno a la tecnología actual, también presentes en el CES, y especialmente todo lo relacionado con el internet de las cosas (IoT) y los sistemas de pago por móvil. Demasiados actores, demasiados productos, demasiadas marcas y enorme dispersión y modelos. La carrera sin frenos en estos campos por llegar y situarse los primeros, sin paradas para analizar adecuadamente la accesibilidad y usabilidad de los medios y productos, puede acarrear daños enormes para grandes capas de la población. Pero también para las empresas, si las empresas y el mercado no son capaces de darse cuenta de que el negocio no está ya en comprar el último Smartphone, la última cafetera inteligente, la novedosa última cerradura electrónica o el muñeco-robot que nos pone la cocina. No, el negocio no está ya en comprar, sino en usar; y si el consumidor-usuario no es capaz de usarlo, el negocio no existirá. Ni será, por supuesto, tecnología social. En el caso de la domótica y del hogar inteligente, cada vez más cercana al internet de las cosas en el ámbito doméstico, las opciones y productos cada vez son más diversos, pero también son más anárquicos. Samsung proponía unificar la gestión del hogar, de toda la casa, utilizando el televisor como centro de operaciones. Pero, ¿sus televisores? ¿Deberemos arriesgarnos a vincular nuestra inversión de hogar inteligente a nuestra marca de televisor?.

Hace años, gran parte de las novedades presentadas en el CES (y en las demás ferias tecnológicas a lo largo del año) eran casi prototipos, o podíamos tardar en verlos en el mercado de consumo masivo y habitual. Hoy, casi todo lo que vemos, empieza a estar en pocos años, cuando no meses, en nuestras vidas. Bajo esta premisa, ir preparando el futuro sería lo lógico, no arreglar el presente cuando ha dejado de ser futuro. Estamos viendo venir lo que sin duda va a estar en un presente cercano, y o bien ya lo empezamos a conectar con otros “futuros” que también van a ser presente, como las smart cities o ciudades inteligentes, o tendremos que solucionar los dos (en cuanto a su integración de accesibilidad y usabilidad para el ciudadano). La feria CES ha mostrado de nuevo los desarrollos en vehículos de conducción asistida, aún lejos de los que prescindirán del conductor, aunque los sensores y mapas 3D acercan ese futuro. Conviene recordar que de los coches “autónomos” se empezó a hablar, de manera común, hace escasamente cuatro o cinco años. Resulta claro, es evidente, que hay cada vez menos distancia entre el futuro tecnológico de consumo y el presente inmediato del consumidor-usuario, por lo que cada vez en mayor medida resulta necesario, también trabajar más deprisa en no descuidar la accesibilidad y usabilidad tecnológica. ¡Arreglar el presente defectuoso es siempre tan caro económica y socialmente!.

La inversión pública, el fallido aliado de la accesibilidad tecnológica

A estas alturas, no creo que nadie tenga duda que las Administraciones Públicas son el principal mercado, y comprador, de productos del sector TIC privado. Y más en España, con tres Administraciones superpuestas, y cada una de ellas con sus Ministerios y derivados, Consejerías Autonómicas, Ayuntamientos y, además, empresas públicas y semipúblicas. El gasto que se realiza en adquisición de tecnología con dinero público es incalculable. Visto así, sin duda debiera ser el primer elemento de presión para forzar que la tecnología adquirida incorporara los mejores criterios de accesibilidad y usabilidad, además de perseguir ser el mejor ejemplo a seguir de cara a la empresa privada. Sin embargo, a la hora de realizar los pliegos técnicos, las condiciones y criterios que primen los teléfonos, tablets, ordenadores, televisiones o cualquier elemento tecnológico adquirido por una Administración Pública, no existe ninguna referencia a los criterios de accesibilidad y usabilidad.

Las Administraciones Públicas deben ser las primeras responsables y las primeras en cumplir las leyes que aprueban. Y quiero creer que lo son. Respecto a la accesibilidad tecnológica, en nuestro país tenemos una cuantas leyes y Reales Decretos que obligan a ello, amén de haber ratificado una Convención Internacional de Derechos de las personas con discapacidad, con un artículo 9 dedicado íntegramente a la accesibilidad. Convención que obliga a nuestro país, por encima de nuestro derecho interno. Dicho esto, me gustaría analizar un caso concreto, el desembolso que se realiza, con dinero público, en adquirir smartphones y tablets para nuestros diputados, nacionales y autonómicos, concejales municipales, cargos públicos de empresas públicas o semipúblicas, y organismos relacionados con las Administraciones.

Si lo que se prima es la mejor opción económica para su adquisición, mi pregunta es, ¿necesitan todos nuestros responsables públicos teléfonos y tablets de última generación con costes superiores a los 600 € cada uno, para realizar su trabajo?. ¿Aprovechan toda su capacidad?. ¿Les sacan rendimiento?, e incluso, ¿saben usarlos en todo su potencial?. ¿utilizan todas sus prestaciones, o sólo correo, internet y whatshap, con algún que otro jueguecillo?. Quizás, con terminales más económicos, se ahorraría más de la mitad del desembolso, y ese ahorro bien podría ser destinado a dotar de elementos tecnológicos en los colegios e institutos, para aquellos alumnos que necesitaran recursos TIC adecuados, accesibles y usables. Por ejemplo.

En la noticia que difundía Europa Press, el 23 de julio, se decía: “1,4 millones para renovar los móviles de los diputados y el ADSL en sus casas. Según los pliegos aprobados por la Mesa del Congreso, que recoge Europa Press, el objeto del contrato es facilitar las comunicaciones, fijas y móviles, tanto de voz como de datos, que sean necesarias para el correcto funcionamiento y desarrollo de las tareas propias de la Cámara, así como el mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones. En el caso de la telefonía móvil, el servicio deberá estar soportado por tecnología de última generación, se adquieren 425 smartphones de última generación. Como el contrato acabaría en 2016, el coste podría llegar casi a los dos millones, ponía.

Ahora bien, siguiendo con el análisis, si se opta por estos terminales de gama alta, debe ser por otro motivo, más allá del económico. Es bien sabido que, normalmente, los teléfonos o tablets de gama alta incorporan más y mejores prestaciones de accesibilidad y usabilidad, al tiempo que mejores pantallas y materiales, que facilitan la vida y la autonomía de las personas con discapacidad. Los Iphone son los mejores con diferencia para personas ciegas o con discapacidad visual; los últimos de Samsung o LG disponen de acciones muy interesantes y útiles para personas sordas o con discapacidad auditiva. Entonces, haciendo una regla de tres, puedo llegar a una conclusión. Puede ser que el motivo por el que se compren teléfonos y tablets de gama alta sea, aún a costa de gastar más dinero público, el que haya unos cuantos diputados ciegos y sordos, aunque no hayan declarado su discapacidad o tengan certificado. El motivo sería para proteger su privacidad, y quizás por imagen. De esta forma, el Congreso estaría garantizando el derecho de estos diputados ciegos y sordos a trabajar en igualdad de condiciones; no deja de ser una adaptación del puesto de trabajo, también garantizado por nuestra legislación. Pero los ciudadanos debiéramos exigir más. Si este es el motivo por el que se adquieren terminales muy caros porque son más accesibles y usables, para los diputados ciegos y sordos que tengamos, con más motivo debieran figurar estas características en los pliegos técnicos, por responsabilidad política y pública. De esta forma, la empresa y la industria tendría que empezar a apostar por la accesibilidad y usabilidad tecnológica, porque es mucho dinero el que se mueve.

En la publicación digital MovilZona, el 1 de julio de 2015, se publicaba: “Uno de los casos más polémicos fue la aprobación por parte de la asamblea de Madrid de una partida presupuestaria de 363.000 euros para dotar de nuevo material tecnológico a los diputados de la asamblea. Por supuesto esta medida se aprobó por unanimidad, y en ella se especificaba que cada diputado Madrileño tendría a su disposición una tableta Surface Pro de Microsoft de alta gama. En total se trata de 160 tabletas con un valor de nada menos que 2.204,95 euros por unidad, un precio para una tableta sin duda muy poco accesible para la mayoría de los ciudadanos”. En este caso, no creo que en la asamblea de Madrid hubiera diputados ciegos o sordos, porque la Surface Pro de Microsoft, siendo buena, no es desde luego la más accesible ni usable en cuanto a prestaciones. Ni la más ligera y ergonómica, algo que podría ser muy necesario para personas con dificultades de movilidad severa, o poca destreza manual. En este caso, el motivo de optar por estos modelos debe ser otro. ¿Será porque han llegado a un compromiso con Microsoft para, a cambio de pagar mucho más dinero público por unos terminales a los que casi ningún diputado va a sacar todo su potencial, los próximos modelos sean más accesibles y usables?.

Es evidente que si las Administraciones Públicas, el Parlamento Nacional, los Autonómicos y los Ayuntamientos compran teléfonos inteligentes y tabletas de gama alta, de los más caros, que suelen ser los mejores en accesibilidad y usabilidad es porque parte de sus miembros son ciegos o sordos, o las dos cosas. Si no, seguro que elegirían otros más baratos, que les servirían perfectamente igual para desarrollar sus funciones, y con ese ahorro, los destinarían a otros fines más prioritarios.

La Ley de contratos lo prevé. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dice en su artículo 117, Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas, “Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad”. Y termina diciendo “De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia”. Si se cumpliera este mandato, esto significaría una fuerte presión a la industria, obviamente. Ahora bien, entiendo que precisamente por el motivo de ser sus señorías servidores públicos sensibles, se quiera preservar su privacidad y visibilidad de sus limitaciones funcionales, si existieran; y aún cuando de forma explícita no figure en ningún pliego técnico obligaciones de accesibilidad y usabilidad de la tecnología adquirida, sí debemos entenderlas incluidas de forma implícita. Y la conclusión sería, en definitiva, que sí debe haber diputados, senadores, representantes autonómicos y municipales ciegos o sordos, o ambos, y sólo por la prevención de esa privacidad se usa esta estrategia.

En cambio, y curiosamente, en otras profesiones no hay ciegos, ni sordos. O al menos así lo entiende el Ministerio de Justicia y sus altos cargos. Por eso, y poniendo otro ejemplo, para la Administración de Justicia y todos sus profesionales vinculados a ella, se ha aprobado recientemente por el Gobierno el RD 1065/2015 que regula el nuevo y obligatorio sistema de gestión documental entre abogados, fiscales y jueces, mediante una nueva plataforma electrónica denominada LexNET. A partir de ahora, todas las notificaciones, escritos, recursos, avisos y demás trámites pertenecientes al sistema judicial deberán realizarse a través de esta plataforma tecnológica. Pues bien, en su Disposición adicional tercera. Garantías de accesibilidad a los servicios electrónicos, dice textualmente: “El Ministerio de Justicia PROCURARÁ que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas mayores o con discapacidad, que se relacionan con la Administración de Justicia puedan acceder a los sistemas electrónicos de información y comunicación en igualdad de condiciones, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos”. Y entre esos ciudadanos, entiendo que deben estar también los profesionales de la Justicia. Pues sí señores, pone PROCURARÁN y no OBLIGARÁN.

Y así, difícilmente obligaremos a la industria y las empresas tecnológicas a trabajar en tecnologías de la información y comunicación accesibles y usables. Y eso, aunque podamos sospechar que comprarán las tecnologías más caras, por ser normalmente mejores en accesibilidad y usabilidad, porque probablemente haya diputados, concejales, responsables públicos ejecutivos y demás, ciegos o sordos, o ambas cosas. ¿Será capaz la industria y la empresa tecnológica de darse cuenta de este matiz?.