Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles. (Bertolt Brecht)

Muchos me llamaran aventurero, sólo que de un tipo diferente y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. (Ernesto "Che" Guevara)

Aquellos que ceden la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad. (Benjamín Franklin)

viernes, 11 de diciembre de 2015

La inversión pública, el fallido aliado de la accesibilidad tecnológica


A estas alturas, no creo que nadie tenga duda que las Administraciones Públicas son el principal mercado, y comprador, de productos del sector TIC privado. Y más en España, con tres Administraciones superpuestas, y cada una de ellas con sus Ministerios y derivados, Consejerías Autonómicas, Ayuntamientos y, además, empresas públicas y semipúblicas. El gasto que se realiza en adquisición de tecnología con dinero público es incalculable. Visto así, sin duda debiera ser el primer elemento de presión para forzar que la tecnología adquirida incorporara los mejores criterios de accesibilidad y usabilidad, además de perseguir ser el mejor ejemplo a seguir de cara a la empresa privada. Sin embargo, a la hora de realizar los pliegos técnicos, las condiciones y criterios que primen los teléfonos, tablets, ordenadores, televisiones o cualquier elemento tecnológico adquirido por una Administración Pública, no existe ninguna referencia a los criterios de accesibilidad y usabilidad.
Las Administraciones Públicas deben ser las primeras responsables y las primeras en cumplir las leyes que aprueban. Y quiero creer que lo son. Respecto a la accesibilidad tecnológica, en nuestro país tenemos una cuantas leyes y Reales Decretos que obligan a ello, amén de haber ratificado una Convención Internacional de Derechos de las personas con discapacidad, con un artículo 9 dedicado íntegramente a la accesibilidad. Convención que obliga a nuestro país, por encima de nuestro derecho interno. Dicho esto, me gustaría analizar un caso concreto, el desembolso que se realiza, con dinero público, en adquirir smartphones y tablets para nuestros diputados, nacionales y autonómicos, concejales municipales, cargos públicos de empresas públicas o semipúblicas, y organismos relacionados con las Administraciones.
Si lo que se prima es la mejor opción económica para su adquisición, mi pregunta es, ¿necesitan todos nuestros responsables públicos teléfonos y tablets de última generación con costes superiores a los 600 € cada uno, para realizar su trabajo?. ¿Aprovechan toda su capacidad?. ¿Les sacan rendimiento?, e incluso, ¿saben usarlos en todo su potencial?. ¿utilizan todas sus prestaciones, o sólo correo, internet y whatshap, con algún que otro jueguecillo?. Quizás, con terminales más económicos, se ahorraría más de la mitad del desembolso, y ese ahorro bien podría ser destinado a dotar de elementos tecnológicos en los colegios e institutos, para aquellos alumnos que necesitaran recursos TIC adecuados, accesibles y usables. Por ejemplo.
En la noticia que difundía Europa Press, el 23 de julio, se decía: “1,4 millones para renovar los móviles de los diputados y el ADSL en sus casas. Según los pliegos aprobados por la Mesa del Congreso, que recoge Europa Press, el objeto del contrato es facilitar las comunicaciones, fijas y móviles, tanto de voz como de datos, que sean necesarias para el correcto funcionamiento y desarrollo de las tareas propias de la Cámara, así como el mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones. En el caso de la telefonía móvil, el servicio deberá estar soportado por tecnología de última generación, se adquieren 425 smartphones de última generación. Como el contrato acabaría en 2016, el coste podría llegar casi a los dos millones, ponía.
Ahora bien, siguiendo con el análisis, si se opta por estos terminales de gama alta, debe ser por otro motivo, más allá del económico. Es bien sabido que, normalmente, los teléfonos o tablets de gama alta incorporan más y mejores prestaciones de accesibilidad y usabilidad, al tiempo que mejores pantallas y materiales, que facilitan la vida y la autonomía de las personas con discapacidad. Los Iphone son los mejores con diferencia para personas ciegas o con discapacidad visual; los últimos de Samsung o LG disponen de acciones muy interesantes y útiles para personas sordas o con discapacidad auditiva. Entonces, haciendo una regla de tres, puedo llegar a una conclusión. Puede ser que el motivo por el que se compren teléfonos y tablets de gama alta sea, aún a costa de gastar más dinero público, el que haya unos cuantos diputados ciegos y sordos, aunque no hayan declarado su discapacidad o tengan certificado. El motivo sería para proteger su privacidad, y quizás por imagen. De esta forma, el Congreso estaría garantizando el derecho de estos diputados ciegos y sordos a trabajar en igualdad de condiciones; no deja de ser una adaptación del puesto de trabajo, también garantizado por nuestra legislación. Pero los ciudadanos debiéramos exigir más. Si este es el motivo por el que se adquieren terminales muy caros porque son más accesibles y usables, para los diputados ciegos y sordos que tengamos, con más motivo debieran figurar estas características en los pliegos técnicos, por responsabilidad política y pública. De esta forma, la empresa y la industria tendría que empezar a apostar por la accesibilidad y usabilidad tecnológica, porque es mucho dinero el que se mueve.
En la publicación digital MovilZona, el 1 de julio de 2015, se publicaba: Uno de los casos más polémicos fue la aprobación por parte de la asamblea de Madrid de una partida presupuestaria de 363.000 euros para dotar de nuevo material tecnológico a los diputados de la asamblea. Por supuesto esta medida se aprobó por unanimidad, y en ella se especificaba que cada diputado Madrileño tendría a su disposición una tableta Surface Pro de Microsoft de alta gama. En total se trata de 160 tabletas con un valor de nada menos que 2.204,95 euros por unidad, un precio para una tableta sin duda muy poco accesible para la mayoría de los ciudadanos”. En este caso, no creo que en la asamblea de Madrid hubiera diputados ciegos o sordos, porque la Surface Pro de Microsoft, siendo buena, no es desde luego la más accesible ni usable en cuanto a prestaciones. Ni la más ligera y ergonómica, algo que podría ser muy necesario para personas con dificultades de movilidad severa, o poca destreza manual. En este caso, el motivo de optar por estos modelos debe ser otro. ¿Será porque han llegado a un compromiso con Microsoft para, a cambio de pagar mucho más dinero público por unos terminales a los que casi ningún diputado va a sacar todo su potencial, los próximos modelos sean más accesibles y usables?.
Es evidente que si las Administraciones Públicas, el Parlamento Nacional, los Autonómicos y los Ayuntamientos compran teléfonos inteligentes y tabletas de gama alta, de los más caros, que suelen ser los mejores en accesibilidad y usabilidad es porque parte de sus miembros son ciegos o sordos, o las dos cosas. Si no, seguro que elegirían otros más baratos, que les servirían perfectamente igual para desarrollar sus funciones, y con ese ahorro, los destinarían a otros fines más prioritarios.
La Ley de contratos lo prevé. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dice en su artículo 117, Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas, “Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad”. Y termina diciendo “De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia”. Si se cumpliera este mandato, esto significaría una fuerte presión a la industria, obviamente. Ahora bien, entiendo que precisamente por el motivo de ser sus señorías servidores públicos sensibles, se quiera preservar su privacidad y visibilidad de sus limitaciones funcionales, si existieran; y aún cuando de forma explícita no figure en ningún pliego técnico obligaciones de accesibilidad y usabilidad de la tecnología adquirida, sí debemos entenderlas incluidas de forma implícita. Y la conclusión sería, en definitiva, que sí debe haber diputados, senadores, representantes autonómicos y municipales ciegos o sordos, o ambos, y sólo por la prevención de esa privacidad se usa esta estrategia.
En cambio, y curiosamente, en otras profesiones no hay ciegos, ni sordos. O al menos así lo entiende el Ministerio de Justicia y sus altos cargos. Por eso, y poniendo otro ejemplo, para la Administración de Justicia y todos sus profesionales vinculados a ella, se ha aprobado recientemente por el Gobierno el RD 1065/2015 que regula el nuevo y obligatorio sistema de gestión documental entre abogados, fiscales y jueces, mediante una nueva plataforma electrónica denominada LexNET. A partir de ahora, todas las notificaciones, escritos, recursos, avisos y demás trámites pertenecientes al sistema judicial deberán realizarse a través de esta plataforma tecnológica. Pues bien, en su Disposición adicional tercera. Garantías de accesibilidad a los servicios electrónicos, dice textualmente: “El Ministerio de Justicia PROCURARÁ que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas mayores o con discapacidad, que se relacionan con la Administración de Justicia puedan acceder a los sistemas electrónicos de información y comunicación en igualdad de condiciones, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos”. Y entre esos ciudadanos, entiendo que deben estar también los profesionales de la Justicia. Pues sí señores, pone PROCURARÁN y no OBLIGARÁN.
Y así, difícilmente obligaremos a la industria y las empresas tecnológicas a trabajar en tecnologías de la información y comunicación accesibles y usables. Y eso, aunque podamos sospechar que comprarán las tecnologías más caras, por ser normalmente mejores en accesibilidad y usabilidad, porque probablemente haya diputados, concejales, responsables públicos ejecutivos y demás, ciegos o sordos, o ambas cosas. ¿Será capaz la industria y la empresa tecnológica de darse cuenta de este matiz?.

viernes, 13 de noviembre de 2015

Tecnología cognitiva, o cómo la máquina es más racional que nosotros.

Hace algo más de tres años tuve la oportunidad de empezar a conocer las posibilidades de la Tecnología Cognitiva, en un congreso de IBM, donde se presentaba un nuevo supercomputador, Watson. Desde entonces, quedé impresionado por las posibilidades que esta nueva tecnología, la cognitiva, tenía para solucionar infinitos problemas que la población con discapacidad, limitaciones o mayores, encuentra en su día a día; problemas que le impiden interactuar en igualdad de condiciones con su entorno, con su ciudad, con los servicios públicos, y, en definitiva, ejercer sus derechos de forma más efectiva. Y especialmente, para aquellas personas con discapacidad intelectual o mental.
Muchas veces he dicho, y lo mantengo, que los ciudadanos tenemos miles de derechos; especialmente en nuestro país. Pero el no poder hacer uso de ellos, por no estar los bienes, productos y servicios públicos adaptados, accesibles y usables a las distintas capacidades funcionales de las personas, viene a dar el mismo resultado que si no existieran estos derechos. Como ciudadanos, tenemos derecho a utilizar la educación, la sanidad, todo tipo de servicios públicos, como la Administración de Justicia, los edificios y las ciudades,… Pero, ¿podemos todos?. Y más allá de las barreras físicas, ¿tiene una persona con discapacidad intelectual, mental o neurológica severa las posibilidades de utilizar todo en igualdad?, ¿de tomar decisiones, cuando no comprende el entorno y formas complejas de comunicación?. ¿Son adecuados y correctos, y no por la falta de conocimiento ni profesionalidad, valga por adelantado, las decisiones que se toman en diagnósticos médicos, en formas de educación, en servicios sociales adecuados a cada uno, en la implementación de servicios públicos..? E incluso en el mundo de los negocios, del comercio y del mercado, para adaptar su estrategias a las distintas capacidades del cliente.
He comentado también muchas veces que uno de los males de nuestra Sociedad de la Información y del Conocimiento, es la incapacidad de trabajar en equipo, de trabajar en equipos sectoriales, en equipos compuestos con profesionales altamente cualificados en el conocimiento de sus respectivas áreas, sean del mundo de los negocios, de la industria, del sector social o de la gestión pública. Esto hace que la sanidad vaya por un lado, la industria y la empresa por otro, el comercio por otro, y los servicios públicos por otro. Y la política, mejor no doy mi opinión, que se puede intuir. Las decisiones que se toman, por tanto, son la mayoría de las veces incompletas, cuando no ineficaces, porque hace en falta la puesta en común de un conocimiento multisectorial y multidisciplinar para tomar decisiones eficaces y eficientes, rentables, para el bienestar de los ciudadanos. Y esa falta de puesta en común de conocimiento, hace que los bienes, productos y servicios, en este caso tecnológicos, puestos a disposición de los ciudadanos, sean incapaces de contemplar la multidiversidad de las distintas capacidades de la población. Entonces, si los humanos somos incapaces de poner en común este conocimiento, y de gestionar ese conocimiento, bienvenidas sean las máquinas, si ellas son capaces de hacerlo. De ahí que me parezcan apasionantes las nuevas tendencias tecnológicas emergentes, como la tecnología cognitiva, o los asistentes personales introducidos en la tecnología en movilidad.
Sin duda, con Watson comienza una etapa completamente nueva de computación cognitiva; la máquina, a través de sus programas incorporados, se retroalimenta y es capaz de mejorar continuamente a través del aprendizaje, proporcionando respuestas y encontrando información mediante el análisis masivo de datos. Las respuestas pueden, por tanto, ser personalizadas a los distintos gustos, condiciones y parámetros del individuo. Es en Nueva York, centro logístico de Watson, donde se está desarrollando esta tecnología que, lejos de pertenecer al futuro, es ya presente, y puede cambiar el mundo. Una tecnología que podría hacer que muchas necesidades de personas con discapacidad, discapacidad intelectual o mayores con capacidades cognitivas ya reducidas, pudieran ejercer muchos de sus derechos en igualdad. Derechos sociales. Especialmente en educación, sanidad, o en el ámbito de la Justicia.. ¿Cómo?. Ayudándolos a tomar decisiones. La tecnología cognitiva está aquí. Y bien podría utilizarse, por ejemplo y entre otros miles de usos, para localizar la tecnología más adecuada para las capacidades funcionales de la persona, y en cada circunstancia.
Watson aprende (“y razona”) en función de los datos digitalizados incorporados, de los datos que capta a través del acceso a ingentes sistemas de Big Data, y de su experiencia en la interactuación con la persona. Para ello, para “aprender” y tomar decisiones personalizadas en función de las necesidades y capacidades de la persona, la tecnología necesita del conocimiento social y de la diversidad funcional de la población; y el conocimiento social necesita a la tecnología como herramienta para, cada vez más y mejor, ayudar a tomar decisiones tanto colectivas como personales.
Para entender el funcionamiento, pondré un ejemplo que viví hace unos meses, cuando asistí en directo en Madrid a una presentación práctica y en vivo de algunas posibilidades de Watson. En esta presentación, pude ver cómo una persona hablaba directamente a una pantalla, en lenguaje natural, es decir, el “corriente” de los humanos, y realizaba una operación de compra de una empresa. A través de preguntas dirigidas directamente a la máquina, ésta respondía en tiempo real: Watson, muéstrame las empresas del sector textil del cono sur americano, de facturación superior a…; ahora, las que tengan…; ahora, las que respondan a criterios de…; ahora, las que se asemejen más a nuestra estructura de personal… Todo ello, en tiempo real. Después, pude ver varios ejemplos, en áreas muy distintas, como una operación en quirófano, mientras el cirujano hacía uso del conocimiento experimental de Watson. Por ello, por haberlo visto en vivo y en directo, no me sorprendió leer este párrafo en el artículo “La nueva era de la computación”, en El País de 5 de julio de 2015.
A una hora al norte de Manhattan, ocurren cosas asombrosas: hombres que charlan con una máquina para decidir la adquisición de una empresa; médicos que dialogan con una tableta en busca del diagnostico de la extraña enfermedad que aqueja a un niño; ingenieros de una industria petrolera que rastrea en la nube cómo reducir la incertidumbre de sus costosísimas prospecciones en el océano; cocineros que analizan en una interfaz la pertinencia de una nueva receta a partir de la composición molecular de sus ingredientes; científicos que escrutan los genes de una persona para aplicar un determinado tratamiento contra el cáncer; asesores financieros que manejan algoritmos para predecir el funcionamiento del mercado y evitar burbujas financieras, o técnicos municipales que escarban en la información de miles de sensores repartidos por toda la ciudad para evitar futuras inundaciones”.
En estos laboratorios, los ingenieros y científicos que desarrollan Watson, hablan directamente con las pantallas, y éstas reproducen las palabras por escrito o sintetizadas por voz; lo visto en tantas películas de ciencia ficción, desde aquél “2001: odisea en el espacio” de Kubrick, lo vemos ahora ya en el presente: las máquinas y los hombres, hablando y comunicándose. Definitivamente, una nueva era del conocimiento, los sistemas cognitivos. Una era que va a cambiar la vida de las personas, de los negocios, de las relaciones sociales y de los sistemas de gestión de los servicios públicos dirigidos a los ciudadanos. Y como las máquinas, afortunadamente, carecen de los prejuicios absurdos de los seres pensantes auténticos, es decir, los humanos, quizás “entiendan” definitivamente que el beneficio social debe ir acompañado del económico.
Darío Gil, uno de los ingenieros del centro simbiótico-cognitivo de IBM, mantiene que “la revolución cognitiva nos amplía los conocimientos donde termina el cerebro. Expande nuestra capacidad mental. Es una tecnología con un tremendo potencial transformador. No sustituye al hombre, lo complementa. El sistema cognitivo aporta la capacidad de análisis y de descubrimiento, su capacidad para encontrar conexiones en todo el conocimiento digital disponible”. La tecnología cognitiva es colaborativa, no sustitutiva; complementa la capacidad funcional de la persona.
Watson se diferencia por la forma de comunicarse e interactuar con la persona: en tiempo real y a través del lenguaje natural, comprende lo que se habla y lo que se escribe. Las posibilidades en el campo de la discapacidad intelectual son impensables. Al hacer una analítica combinada del saber y de la experiencia, ya convertida en saber interno suyo, se pregunta, y responde; descubre “cosas” que nuestras capacidades funcionales y cerebrales no. En definitiva, colaboración de la técnica, de la realidad social y del sector social tanto público como privado. Digamos que, además, Watson ha encontrado su aliado al coincidir en el tiempo, para su “alimentación”, con el despegue masivo de la también era del Big Data, el almacenamiento masivo de datos. Con la tecnología cognitiva, los servicios públicos, por ejemplo, debieran ser capaces de manejar mucho mejor la complejidad y multidiversidad funcional de la población, haciendo predicciones más acertadas de las consecuencias sobre los ciudadanos con diversidad funcional, a la hora de poner en marcha sus servicios públicos con determinados bienes y productos tecnológicos.
Watson, y las tecnologías cognitivas, pueden ir mucho más allá en la toma de decisiones sobre las variadas necesidades del mundo (siempre que políticamente interese, claro, algo obvio pero dudoso). Incluido el mundo de los negocios. Y de la sanidad. Y de la educación. Y de las catástrofes naturales. Sobre cualquier disciplina, y utilizable en cualquier ámbito. Sobre todo, cuando el tiempo, la rapidez y exactitud de las respuestas y toma de decisiones es muy importante; y esto ocurre con la discapacidad, los mayores y las necesidades sociales. Conocer, detectar y acertar en la toma de decisiones respecto a las distintas necesidades de la diversidad funcional, ahorra mucho dinero, y genera inclusión y riqueza. Si la previsión que hace IBM de su incremento de ingresos en el negocio de los análisis de datos a 20.000 millones en los próximos cinco años, supone un incremento proporcional del bienestar social, por la toma de decisiones más adecuada, racional, eficiente y amplia, estaremos, efectivamente, ante una nueva era en la Historia.
Coinciden todos los expertos en que en la era del Big Data, lo importante no es la cantidad de datos, sino el correcto análisis de los datos, y, por supuesto, el correcto uso de esos análisis. Esto es especialmente trascendente en aquellos campos con repercusiones sociales y que afecten directamente a la vida de los ciudadanos, y a mejorar su calidad de vida; y esto incluye la autonomía generada mediante una adecuada accesibilidad y usabilidad de nuestro entorno, para todo y todas las capacidades funcionales. La colaboración con los grandes dinosaurios de redes sociales se antoja en este sentido importantísimo, y así lo ha entendido, entre otros gigantes, IBM firmando sendos acuerdos con Twitter y Apple. Porque no nos engañemos, las grandes redes sociales van a ser unos clientes muy aventajados de la tecnología cognitiva, y no hay que demonizarlo, siempre que no suponga discriminación social; al igual que no hay que demonizar decir claramente que si queremos que la empresa invierta en accesibilidad y usabilidad, debemos enseñarla a tener beneficios con la accesibilidad y la usabilidad. Por otro lado, la capacidad de aprender y tomar decisiones de Watson, nos puede llevar, también y de una vez, a tratar lo social como empresa, y a reconvertir el pensamiento del sector asociativo social actual, a un pensamiento activo y de gestión eficiente profesional.
Algo parecido pasa con los asistentes virtuales o personales móviles. Inteligencia artificial y tecnología cognitiva van de la mano. Explicaba Xabier Uribe-Etxebarría no hace mucho, alma mater de Sherpa, que “llevamos trabajando 3 años para poder ofrecer a nuestros usuarios el sistema que revolucione la forma de consumir información en el dispositivo móvil. Hasta ahora teníamos que ir a por la información y la propuesta de Sherpa es que la información basada en nuestros gustos venga a vosotros". A lo que yo añadiría, además de basada en nuestros gustos como mantiene Xabi, adaptada a nuestras capacidades o diversidad funcional. Los algoritmos de predicción mediante Inteligencia Artificial de los asistentes personales, o virtuales, cada vez son más precisos y adaptan sus resultados a los intereses, gustos, costumbres o necesidades de los usuarios. Porque, al igual que hace Watson, aprende continuamente, en este caso directamente del usuario y de sus gustos, comportamiento, costumbres, capacidades y movimientos en su vida diaria. El asistente virtual o personal móvil se convierte, de esta forma, en tu compañero-amigo, el compañero mejor informado sobre lo que te gusta o necesitas, que igual te avisa de la última película, de una cita, o se puede convertir en tu guía para andar por la calle. ¿Nos damos cuenta de su potencial para personas con discapacidad cognitiva, limitaciones o mayores?. Porque cuando los diseños empiezan a centrarse en el usuario, utilizando tecnologías cognitivas e inteligencia artificial, empiezan a tener condiciones adaptativas sorprendentes para cada diversidad funcional.

jueves, 23 de julio de 2015

Pacto de Honor, Responsabilidad Social

¿No debiéramos pensar en que la Ley, consiste en un pacto de honor entre un Gobierno y los ciudadanos?
No nos engañemos, la accesibilidad tecnológica, no es sólo responsabilidad de la industria, la empresa o el comercio. Es responsabilidad de todos, de todos los actores, pero donde debe jugar un papel principal el Gobierno y las Administraciones. Utilizando las tecnologías más adecuadas, accesibles y usables, en todos los procesos y servicios públicos. Y esto significa adquisición de tecnología accesible y usable; puesta a disposición de los funcionarios con discapacidad o capacidades diversas de la tecnología adecuada; puesta a disposición en las oficinas de información pública, en las web públicas, en los servicios públicos, de la tecnología con características apropiadas a todos los ciudadanos (contribuyentes). Esto significa inversión pública, e indefectiblemente incrementaría el interés del sector privado en la accesibilidad y usabilidad tecnológica. La Constitución, las leyes, los Reales Decretos o los Reglamentos no dejan de ser un pacto de honor entre los responsables políticos, los guardianes de los derechos de los ciudadanos que les otorgan esa responsabilidad, y la sociedad. Y debiera ser un pacto de honor reforzado, o debiéramos creer, en caso contrario, que un apretón de manos entre nuestros abuelos, tenía más validez que todo un cuerpo legislativo. Y más honradez. Cada vez más, la empresa y el comercio se dan cuenta de que las personas con diversidad funcional son consumidores de productos y servicios tecnológicos; ahora hace falta que el otro gran consumidor de tecnologías, productos y servicios haga su desembolso comprometido.
Reproduzco una carta que leí hace unos días, en el XL Semanal de ABC nº 1441,, de junio de 2015, en la sección La carta de la semana”. El título de la carta se llama “La mano y mi palabra”. Carta que decía:
Mi abuelo era arriero, iba con las bestias de pueblo en pueblo y hacía y recogía encargos para los vecinos. Hace veintitantos años que se fue y siempre me acuerdo de él, más en estos días de programas, pactos y promesas. Él era una lección de vida. Tendría yo cuatro o cinco años cuando me dio la primera. Lo veía venir con sus mulas y salía corriendo a recibirlo, me subía a una de ellas y lo acompañaba a entregar los encargos. El vecino lo cogía, le daba un apretón de manos y quedaban en verse más adelante. Cuando era él el que necesitaba algo, pasaba lo mismo, se lo traían y se daban la mano. Curiosa, le pregunté si no pagaba lo que le habían traído; no hace falta, me contestó, le he dado mi mano y mi palabra. Su palabra. Su palabra era lo más preciado que tenía, eso decía, porque en ella estaba su honor, su honra, su vergüenza, y los hombres de bien cuando dan su palabra saben que tienen que cumplirla. Hacen falta hombres (y mujeres) como él, muchos. Mi abuelo Frasco era un hombre de palabra, y yo sigo admirándolo y echándolo de menos.”
Recordemos algunas “obligaciones”. En el año 2007, se aprobó la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. En su Disposición Adicional Vigésimo Cuarta, se dice “Los edificios, instalaciones y dependencias de las Universidades, incluidos también los espacios virtuales, así como los servicios, procedimientos y el suministro de información, deberán ser accesibles para todas las personas, de forma que no se impida a ningún miembro de la comunidad universitaria, por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros de análoga significación en condiciones reales y efectivas de igualdad”. Todo esto requiere tecnología, mucha tecnología, productos y servicios electrónicos accesibles. Sistemas de guiado inteligente en los campus. Portales web accesibles. Dotación de ordenadores, software y tablets accesibles… mucho dinero. Si la inversión se realizara y el compromiso se cumpliera, ¿no activaría la pasión por la accesibilidad al mercado?.
Estribillo (como en las canciones?: ¿No sería mejor un apretón de manos?. Y eso se hace continuamente cada vez que coincide un persona con discapacidad y un responsable del Gobierno, en algún acto, “encuentro con”, visita a”, “comisión de”, o “anuncio de …”, por ejemplo de esta Ley.
Veamos otra. En el año 2011, se aprobó Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que en su Disposición adicional cuarta, Accesibilidad a los servicios electrónicos, dice: “Las Administraciones con competencias en materia de justicia garantizarán que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas mayores o con algún tipo de discapacidad, que se relacionan con la Administración de Justicia puedan acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos”. Dice GARANTIZARÁN. Estupendo. Eso significa inversión, inversión tecnológica accesible y usable. ¡Es para toda la Administración de Justicia!. ¡Eso es mucho dinero!. ¡En bienes, productos, y servicios tecnológicos accesibles y usables!. ¿Incentiva o no incentiva al mercado de proveedores TIC’s, para poder entrar en la inversión?. Pero, ¿se está haciendo…?.
Estribillo (como en las canciones?: ¿No sería mejor un apretón de manos?. Y eso se hace continuamente cada vez que coincide un persona con discapacidad y un responsable del Gobierno, en algún acto, “encuentro con”, visita a”, “comisión de”, o “anuncio de …”, por ejemplo de esta Ley.
Volviendo al 2007, en aquel año se aprobó también el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, que en su artículo 8 dice: “Los equipos informáticos y los programas de ordenador –independientemente de que sea libre o esté sometido a derechos de patente o al pago de derechos– utilizados por las administraciones públicas, cuyo destino sea el uso por el público en general, deberán ser accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad, de acuerdo con el principio rector de «Diseño para todos» y los requisitos concretos de accesibilidad exigidos, preferentemente en las normas técnicas nacionales que incorporen normas europeas, normas internacionales, otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o, en su defecto, normas nacionales”. Esto se aplica también a las campañas institucionales. ¡Qué maravilla! ¡Esto afecta a Educación, Sanidad, Transportes, Empleo Público y oficinas de Información, Cultura,... ¡cuánta inversión en tecnología accesible y usable! ¡Qué atractivo para las empresas si quieren participar en estas contrataciones públicas de inversión en tecnología!. Bueno, todo llegará.
Estribillo (como en las canciones?: ¿No sería mejor un apretón de manos?. Y eso se hace continuamente cada vez que coincide un persona con discapacidad y un responsable del Gobierno, en algún acto, “encuentro con”, visita a”, “comisión de”, o “anuncio de …”, por ejemplo de esta Ley.
Y podríamos seguir con el más de centenar de Leyes y Reales Decretos que en los últimos diez años hablan de discapacidad, tecnologías, no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de derechos. Pero me canso.
La empresa privada tendría que “ponerse las pilas” si en cada venta de bienes y productos, o en la contratación de servicios, o en las contratas públicas de cualquier tipo, relacionados con la tecnología o donde la tecnología esté presente (es decir, casi todos hoy día), se exigieran los criterios de accesibilidad y usabilidad necesarios para poder ser usados por todos los ciudadanos, con independencia de sus capacidades. Y eso de que no existe tecnología adecuada o apropiada, cada vez es más difícil. Perfecta no, pero sí cada vez más apropiada, con mayores niveles de accesibilidad y usabilidad.
Casi preferiría que los responsables públicos nos dieran la mano y sellaran el Pacto de Honor, la responsabilidad y el compromiso social, en vez de firmar tantas leyes y tantos Reales Decretos; parece ser que un apretón de manos (de las de antes, de manos sudadas por el esfuerzo), tenía ese “algo mágico”, que no deben tener las Leyes y Reales Decretos, de comprometer a las partes al cumplimiento del acuerdo, y salvaguardar así su honor. Y mucho menos, por supuesto, los programas electorales. Y eso que ahí sí que se aprietan manos, en los mítines.
En el siglo XIX, la gente se suicidaba cuando faltaba a su palabra, por haber ensuciado su honor y el de su familia. Claro que eso hoy día no es posible. Sería imposible cubrir las bajas que se producirían en el Gobierno, el Parlamento, el Senado, las Cortes Autonómicas y las Concejalías a un ritmo tan acelerado (siempre que actuaran así, por supuesto).

viernes, 3 de julio de 2015

¿Conocemos las tecnologías, o sólo estamos informados de ellas?

¿Estamos preparados para absorber el conocimiento (no la información) de la avalancha de tecnologías que están llegando: robótica, visión 3D, impresión 3 D, coches inteligentes, wearables, televisores inteligentes, NFC, beacons, realidad virtual,…?. El leer sobre ellas no es conocerlas; conocerlas es, además, saber usarlas y “exprimirlas”. Algo parecido a lo que antes escuchábamos de, cuando nos hablaban de un buen profesional, “conoce su oficio”; pero es que, hoy día, cada uno de nosotros tenemos un “oficio” común: usuarios de las tecnologías de consumo, comerciales, de uso común, y el conocerlas adecuadamente tiene una influencia mucho mayor de lo que nos damos cuenta en nuestra vida diaria. Y cada vez mayor, si pensamos que toda esta tecnología de “uso común” va a quedar englobada dentro del nuevo macroconcepto tecnológico denominado “Internet de las Cosas”. ¿Seremos capaces de llegar a conocer (no sólo a “saber de” o informarnos de ellas), al menos la mitad de la tecnología que nos va a envolver en nuestro entorno, o seremos meros observadores de nuestro alrededor tecnológico?. ¿Podría darse el caso que todos los aparatos a nuestro alrededor fueran más “activos intelectualmente” que nosotros, por ser capaces de cada vez más tomar decisiones por nosotros?. El “no conocimiento” (que no información) de la tecnología, puede ser bastante peligroso. Estas tecnologías emergentes “socialmente” acumulan cada vez mayor potencial, e impacto sobre la persona y social, por lo que el riesgo de este “no conocimiento” también acrecienta las posibles consecuencias.

La propia industria empieza a ser consciente de ello, y a lanzar algunos avisos. Es el caso de lo que puede ocurrir con el desembarco masivo de la Realidad Virtual en pocos meses. “Es un medio muy poderoso, hemos de tener mucho cuidado para asegurarnos de que la gente tiene la experiencia adecuada con él", ha explicado en una entrevista con Efe durante la feria E3 de Los Ángeles, este 2015, el consejero delegado de Sony Computer Entertainment, Andrew House. Manifestaba el directivo que las tecnologías de visualización y procesamiento han llegado a un punto en el que permiten crear una "sensación de presencia" transformadora capaz de hacer creer a la mente que se encuentra en un ambiente diferente al real. No hace falta ser muy experto para detectar las posibilidades sociales positivas de esta tecnología en campos como la educación, la cultura, la arquitectura o la rehabilitación, por ejemplo; pero tampoco hace falta ser experto para darnos cuenta de que una entrada en tromba de aplicaciones, elementos audiovisuales o juegos sin control, sin un conocimiento adecuado por parte del usuario de esta tecnología, podría llegar a generar reacciones sociales, y alteraciones psicológicas en el usuario, impredecibles. El “conocer” una aplicación o un juego, no significa conocer, sin comillas, la tecnología que la soporta, y su influencia en la persona. Cuando se prueba esta tecnología inmersiva, se puede entender lo comentado anteriormente.

El Internet of Everything (Internet de las cosas) o las conexiones entre personas, procesos, datos y objetos combinan distintas tendencias tecnológicas incluyendo vídeo, movilidad, Cloud, Big Data y comunicaciones máquina-a-máquina (M2M). El IoE formará parte del mundo físico (hogares, carreteras, supermercados, dispositivos biomédicos e incluso animales y personas) mediante sensores que generarán Terabytes (una barbaridad de datos, hablando en lenguaje común y no profesional) de información en la nueva economía de las aplicaciones. La estimación es que en 2022, las conexiones M2M podrían representar el 45% del total, mientras las conexiones persona-a-máquina (P2M) y persona-a-persona (P2P) supondrán el 55% restante. Resulta evidente que, en este conglomerado de tecnologías y conexiones, cada ciudadano va estar inmerso en un nuevo universo vigilado, de mensajes, de nuevas formas de comunicación, de acciones automáticas y semiautomáticas que van a realizar objetos conectados en nuestro entorno, de un nuevo sistema de comercio sin dinero, de “pasos francos” en lugares públicos controlados por procesos biométricos…Nos encontramos con dos problemas, problemas muy serios.

El “no conocimiento” por el ciudadano de las tecnologías que le van a rodear, (insisto, el estar informados de ellas no es conocerlas), le pueden dejar en situaciones aparentemente más cómodas, pero también más vulnerable. Hoy en día, que estamos casi en los albores de lo que viene, todo el mundo sabe y usa las redes sociales, el whatshap, la televisión digital o una tableta… ¿pero la conoce? ¿sabe los riesgos del Facebook o del whatshap? ¿”Conoce” como personalizarlo, controlarlo y usarlo de verdad?. Para evitar sus riesgos, y para ponerlo de verdad a su servicio. El segundo gran riesgo, que acrecienta el primero para un porcentaje significativo de la población, personas mayores y con capacidades diversas, es que nos olvidemos de la accesibilidad, y sobre todo de la usabilidad en la implementación de todos los servicios que va a generar esta nueva era tecnológica. De nada va a servir que tengamos tecnología accesible, y nos olvidemos de la usabilidad en el diseño de procesos y servicios. Esto, lamentablemente, se va a ver muy pronto en las nuevas “ciudades inteligentes” o “smart cities”. Tampoco va a servir que tengamos tecnología accesible, y la información generada en medios digitales, redes, transmitidas a través de mensajería o beacons, o el comercio electrónico, sea inaccesible.

La tecnología por sí sola no sirve para nada, su potencial aparece cuando se la conoce y cuando la conocemos, y esto incluye sus contenidos. Información no es conocimiento. “Conocerla” significa, entre otras cosas, aprovechar sus capacidades para poder ser usada en toda su plenitud por las personas y sus diversas capacidades. Es necesario generar conocimiento acerca de la tecnología de uso común. Cuando compramos un teléfono inteligente o smartphone, es muy habitual que venga acompañado de una miniguía donde pone cómo encenderlo, algo sobre la batería, cómo cargarlo, y tres cosas más. El resto para el manual, que ya suele estar en la nube y hay que descargarlo. La mayoría de los usuarios ni dan ese paso, y se quedan en instalar las cuatro aplicaciones comunes. Total, se quedan sin saber que su teléfono inteligente se puede configurar para usar con gestos muy sencillos, por la voz, cada vez más por mirada o detección facial, capturar una pantalla sólo pasando la mano por encima, o cambiar los tipos de letra… Si el fabricante incluyera en su miniguía estas “opciones mágicas” para casi todos los usuarios, estoy completamente convencido que añadiría un valor social inapreciable a su producto, valor del que ya dispone pero es desconocido, reforzando su imagen y atrayendo clientes. Cuántas personas mayores, con graves limitaciones de movilidad, o intelectual, utilizarían mucho más la tecnología de uso común. ¿A nadie se le ha ocurrido incluir un archivo sonoro con estas “capacidades mágicas” de las tecnologías comerciales?. Más sencillo, imposible. Aprovéchese el fabricante y comercializador de la cada vez más comodidad congénita del ciudadano digital.

Juan Pablo Lázaro, Presidente de CEIM CEOE Madrid, manifestaba en una mesa redonda, en el último Fujitsu World Tou en Madrid: “Decimos que estamos en la era de la sociedad de la información y del conocimiento, pero creo sólo estamos en la etapa de la información, aún no hemos llegado a la del conocimiento”. O quizás, simplemente, y referido a las tecnologías, sus novedades y crecimiento acelerado, el exceso de información sobre ellas nos impide conocerlas. Llenar el cerebro de información superflua puede ser tan malo como no ejercitarlo”. Quien lo dice también sabe algo de esto. Es el neurólogo John Medina (Seattle Pacific University, EE.UU), que advierte que “muchos problemas de memoria (y de conocimiento, añado yo) no están causados por el deterioro de las neuronas, sino por las dificultades del cerebro para bloquear el exceso de datos”.

Lo verdaderamente importante es que los ciudadanos usen (manejen) las tecnologías, no que las tecnologías usen (manejen) al ciudadano. Y para ello el conocimiento (no información de la tecnología), sus usos y riesgos, es esencial. Las Tic’s están eliminando cualidades esenciales del ser humano, como pensar, investigar, descubrir y solucionar. Y, por supuesto, leer, desgraciadamente, salvo los “titulares” de twiter. Ni tan siquiera las instrucciones de los cacharros Tic’s, para evitar estar precisamente a su merced y ser nosotros quienes las usemos de manera consciente. En cierta medida, nos estamos convirtiendo en “mentes dominadas”.

Lo importante de la tecnología no es la tecnología en sí, sino el conocimiento de ella (no la “información de” o “el saber de”), cómo usarla y “saber” para qué sirve. Que la persona “común”, es decir, fuera del ámbito profesional o científico, aprenda a utilizarla de forma que le facilite, simplifique y ayude en su vida diaria. Los fabricantes y comercializadores de las TIC debieran empezar a darse cuenta que generar conocimiento acerca del potencial y uso de sus cacharros, lo que atrae, visto desde el lado egoísta o “capitalista”, es clientes y consumidores. Al igual que los proveedores de servicios, que debieran convertirse casi en verdaderos expertos del uso de las TIC comerciales, cada uno en su sector, para enseñar al usuario-cliente, con independencia de sus capacidades, a usarlas para, en definitiva, que les pidan más servicios. Todo esto involucraría, además, a los sectores profesionales y comerciales, en la presión para perseguir una mejora cada vez mayor en la accesibilidad y usabilidad de la propia tecnología, dándose cuenta, al interactuar como “enseñante” directamente con el cliente, de su necesidad.


miércoles, 6 de mayo de 2015

La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado en otros planes



Y eso, me da la impresión, es lo que le ocurre a la sociedad actual, integrada por millones de ciudadanos corrientes, y otros pocos “pensantes”. Este paradigma es especialmente preocupante cuando hablamos de Smart Cities o Ciudades Inteligentes. Pero, para que fuera totalmente adecuada esta frase de John Lennon, sería mejor adaptarla: “la vida es lo que te ocurre a ti, ser corriente, mientras los pensantes están ocupados en otras cosas”. Y no precisamente en solucionar, o aplicar las tecnologías, para arreglar tus problemas de hoy: para moverte si eres ciego, para  comunicarte si eres sordo, para salir de casa, para realizar tus gestiones y ejercer tus derechos públicos y privados, para entender a tu médico o abogados si tienes limitaciones cognitivas, … y para generar negocio a partir de las necesidades de hoy. Y mucho más preocupantes es, y aunque suene tremendamente fuerte, cuando la inmensa mayoría de los que se entretienen en diseñar esos otros planes futuros para nosotros, no tienen ni puñetera idea de la diversidad funcional ni de la realidad social, por muy presidentes, vicepresidentes, directores generales o ejecutivos que sean de sus empresas, e incluso de sus empresas sociales y fundaciones, muchas veces.

Resulta que estamos gastando una ingente cantidad de dinero en reuniones, congresos, informes, viajes y demás añadidos para que nos diseñen la ciudad en que supuestamente viviremos mañana, mientras dejamos de invertir en tecnología y recursos tecnológicos ya presentes, y en evolucionarlos, para solucionar los problemas del día a día del ciudadano. Y en enseñar a usarlos. Sencillamente, para que puedan vivir, y gestionar su vida de manera autónoma. Y conviene recordar, para quién aún lo dude, que invertir en desarrollos tecnológicos accesibles, generar contenidos y conocimientos a disposición de todos, también hace crecer el negocio, la inversión, dinamiza el mercado e incrementa los clientes-consumidores. Y a día de hoy, no en un futuro diferido que quizás ni disfrutemos.

Por cierto, que invertir en este sentido, también llega necesariamente, e indefectiblemente, a crear ciudades inteligentes. La única diferencia es que se crean de una forma más tradicional, poniendo primero los cimientos, luego el ladrillo, y después elegimos las tejas. Si lo hacemos al contrario, a lo mejor nos caemos desde el tejado antes de poner los ladrillos del suelo. Y luego nos comprarán la parcela y los escombros los chinos, dicho con todo el cariño.

Hace unas semanas, leí un artículo (que difundí a través de twiter y linkedin)  que me llamó muy positivamente la atención. Resulta que existe un señor en un pueblecito de Andalucía, Jun, que además es alcalde, que además conoce las tecnologías y su potencial, y que además piensa. Este señor se llama José Antonio Rodríguez Salas. Hasta tal punto, que las iniciativas que ha puesto en marcha utilizando las redes sociales y los smartphones para generar bienestar social en su pueblo y hacer más eficientes los servicios públicos han llamado la atención de Deb Roy, profesor asociado del MIT Media Lab que dirige el departamento dedicado a las redes sociales; así como de su compañero William Powers, autor del best-seller ‘La Blackberry de Hamlet’.

José Antonio ha puesto en marcha una verdadera Administración Digital, involucrando a todos los funcionarios públicos y a los ciudadanos, utilizando una aplicación que es de uso común, Twiter. Se decidió que cada uno de los funcionarios tuviera una cuenta de Twiter, de forma que los ciudadanos, la parte viva de una ciudad (algo que los “pensadores” de las smart cities olvidan que existe), pudieran informar en tiempo real a los funcionarios públicos de cualquier incidencia. Los agentes de la Policía Municipal también usaban su cuenta, e incluso una genérica de la policía que además se imprimió en los coches de policía. De esta forma, las ciudadanos podían mandar avisos, denuncias e incidencias directamente, en tiempo real y 24 horas, sin intermediación telefónica.

Si un ciudadano va por la coche, y detecta alguna irregularidad (farolas sin luz, pavimento o aceras en mal estado, ramas caídas, fugas de agua, o cualquier otra), el ciudadano manda un mensaje al alcalde o los funcionarios, estos avisan a los técnicos para su reparación, éstos la realizan y dan cuenta de esta reparación, y se soluciona. En tiempo real, sin más burocracia, y todo a través de Twiter. Parece ser que la imaginación de José Antonio es ilimitada, casi tanto como el potencial que proporcionan las tecnologías cuando se sabe utilizarlas en toda su extensión. Mediante Twiter, se manda el menú de los colegios a los padres, estos también pueden indicarle si “el niño” o “la niña” tiene alguna dieta especial. También se puede avisar para que la máquina limpiadora o barredora retire residuos o basura de la acera; esto es posible porque la máquina también tiene su cuenta de Twiter, faltaría más. Y por supuesto, desde el Ayuntamiento y los centros públicos se manda información sobre cursos, talleres, conferencias o iniciativas públicas a través de Twiter. Burocracia cero, efectividad 10. En definitiva, y como pone el artículo, “una ventanilla de información, reclamaciones y sugerencias ‘full time’. Y, como no podía ser de otra forma, esta forma de comunicación y de “usos tecnológicos” ha trascendido al sector privado, y ya las tiendas, restaurantes y comercios lanzan sus menús, ofertas y promociones al ciudadano a través de sus cuentas de Twiter. Es decir, también beneficio económico y activación del mercado.

Para quien usa Twiter, sabe que, entre otras cosas, tiene tres acciones muy interesantes socialmente: puedes “retuitear” (rebotar) los mensajes, señalar como favoritos, y mandar mensajes directos a alguien; esta acciones sirven, de esta forma, como un cierto control de la efectividad de servicios y funcionarios, y para ver la satisfacción de los ciudadanos. Hasta tal punto ha llevado su fé en este sistema el alcalde, que, transcribiendo textualmente, “Hasta tal punto llegó la implementación del sistema, que en enero de 2012, cuando el Gobierno central decidió ampliar el horario laboral de los empleados municipales hasta las 37,5 horas, el Ayuntamiento de Jun aprobó que su plantilla cubriría esas dos horas y media extras haciendo ‘guardia’ desde su casa con sus perfiles”.

Cuando el alcalde ideó su Administración Digital, que bien podría llamarse inteligente, lo hizo no sólo para hacer más eficaz los servicios públicos, sino también para facilitar la vida de “sus ciudadanos”: eliminando barreras (físicas y burocráticas), generando conocimiento, agilizando soluciones a problemas, y, en definitiva, proporcionando autonomía y bienestar social. Poner la tecnología al servicio de la persona. Y los servicios públicos al servicio de la persona. Y las smart cities al servicio de la persona. Pero para ello es necesario que la persona, el ciudadano, con independencia de sus capacidades, sea capaz de poder y saber usarlas, las tecnologías y su potencial. Por este motivo, es imprescindible que, antes de meternos con esos macroespacios de “ciudades inteligentes”, nos centremos en esos microespacios menos rimbombantes, llamados viviendas, y las hagamos accesibles, usables y “encaminadoras” hacia esa ciudad inteligente. Mientras no nos centremos en desarrollar y adecuar los entornos domésticos, y también laborales, bajo el paradigma del Hogar Digital y la eliminación de barreras en espacios comunes y servicios públicos, podremos tener unas ciudades “robóticas” y “digitales” preciosas, pero sólo utilizables por una parte de la población.

El ejemplo del pueblo de Jun, o más bien de la genialidad de su alcalde, lo he traído a modo de ejemplo de cómo rentabilizar los servicios de un pueblo, las NECESIDADES de los ciudadanos con tecnología actual; a partir de ahí, se podrían ir generando los espacios integrados conscientes, término acuñado por mi buen amigo Valentín Fernández, y después las ciudades inteligentes. “Espacios Integrados Conscientes” que viene a ser, en palabras llanas y simples, desarrollar las grandes infraestructuras y servicios partiendo del Hogar Digital accesible y usable, después espacios físicos acotados y cercanos al ciudadano (accesibles y usables), enlazados con el Hogar Digital que vendrían a ser, en esencia piezas de un puzzle adecuadamente definido pero autónomas, que deben ir encajando entre todas para llegar a esa maravillosa “Ciudad Inteligente”, o siendo “más internacionales” y snobs, smart cities.

Por cierto, en el artículo se hace una reflexión muy interesante, que aún no se la he oído a las “mentes pensantes” que están ocupadas en diseñar esos otros planes” mientras “la vida es lo que nos pasa a los demás seres corrientes solucionando nuestros problemas día a día (entre ellos, superando barreras físicas y digitales)”. La reflexión es, transcribiendo textualmente el artículo:

“Pero este sistema que persigue conseguir una administración más eficaz y trasparente, tiene que funcionar en dos direcciones. ¿De qué sirve que el agente municipal pueda atender estos avisos desde el móvil si los más mayores del pueblo no pueden hacer uso de la plataforma porque no la entienden? Pensando en eso, se pusieron en marcha cursos y talleres para que la idea no quedase en papel mojado y el proyecto de Administración ‘tuitera’ se hiciese realidad. Es decir, ¿estarán preparados gran parte de los ciudadanos, o sabrán o podrán, usar tanta “inteligencia”?

Para quién desee leer el artículo referido, y en el que está basado este post, lo puede leer en:

viernes, 20 de marzo de 2015

La universalidad de internet como derecho



Ha sido un verdadero placer releer la entrevista a Michail Bletsas, jefe de computación del MIT Media Lab, aparecida en el diario El Mundo a finales de noviembre del 2014. La clarividencia que demuestra en su análisis de aspectos cruciales y cambios sociales que las tecnologías han supuesto, y están suponiendo, en las sociedades actuales y estructuras organizativas socio-políticas, bien podrían tenerla gran parte de responsables públicos. Porque es evidente que lo que está cambiando nuestras sociedades y formas de comportamiento actuales, son dos factores: los poderes económicos, y las tecnologías; no “sus” ideologías. Y dentro del análisis que realiza Michail, adquiere relevancia la importancia de la conectividad para el bienestar global del planeta. Algo que el fundador y CEO de Facebook Mark Zuckerberg lleva meses pregonando y persiguiendo, no sé si por pura conciencia social, o por pura lógica de negocio; y que ha vuelto a reafirmar en el Mobile Worldd Congress de Barcelona manifestando que “hacer llegar Internet a todo el mundo es una prioridad social”. Sin embargo, no creo que ninguno haya reparado en un aspecto realmente importante y trascendental de la conectividad universal, y es que ésta es el primer eslabón para la accesibilidad a las TIC’s. Cuando las tecnologías eran estancas y autónomas, sin conexiones, la accesibilidad de aparatos y aplicaciones se reducía a eso, a tratar de hacer accesibles  y usables el equipo informático o electrónico “doméstico”. Hoy, cualquier aparato sin conexión a la red global no tiene demasiado sentido, porque lo importante es el acceso a la información “fuera de”, la comunicación con otros usuarios y aplicaciones, y la gestión de nuestros servicios a través de la red. Es decir, a lo que entendemos como accesibilidad de las tecnologías, o tecnologías accesibles, se ha unido la capacidad o no de poder acceder al uso de la tecnología conectada.

Michail hace una afirmación muy seria, al incorporar la conectividad a internet como un derecho humano:

“La nueva gran ola tecnológica estará marcada, entre otros 'big things', por la incorporación a internet de amplias capas de población mundial, todavía al margen de la red. ¿Qué va a suponer? «Tenemos que aclarar qué significa entrar en el mercado para estas sociedades. Pueden conseguir productos culturales, al principio serán muy vulnerables a las grandes tendencias, como la moda, pero lo que tiene que ocurrir a escala mundial es que debemos asumir que la conectividad a Internet es un derecho humano. Nadie duda de que el acceso a una red de transporte decente es algo que todas las ciudades deberían tener; lo mismo tendría que cumplirse para el transporte de la información. Hay sectores cuyo negocio depende de que mucha gente tenga o no acceso a Internet”.

Y no le falta razón. El conocimiento está pasando de encontrarse en soportes físicos a encontrarse en entornos digitales “intangibles”, mucho más allá de los discos duros de nuestro ordenador, de cd’s o dvd’s, o de las memorias de nuestras tablets. Los servicios públicos están sufriendo la transformación de su gestión caminando hacia la Administración electrónica, la sanidad a lo digital y la telemedicina, y la educación a lo online; la “desconexión” de las redes o inaccesibilidad a internet significa, de este modo, el aislamiento social y la pérdida de un acceso al conocimiento que hoy en día es imprescindible para, entre otras cosas, la generación de bienestar social e igualdad de oportunidades. Disponer de terminales con soluciones de accesibilidad y usabilidad carece prácticamente de utilidad, si no nos permite el acceso a los bienes, productos y servicios que la sociedad de la información está generando continuamente.

Michail Bletsas mantiene en la entrevista que “los efectos positivos de internet son sobrecogedoramente superiores a los negativos, aunque éstos sean también muchos”. Yo soy de la misma opinión. Podemos hablar de la falta de accesibilidad a los contenidos, aplicaciones y servicios que están presentes en la red; es cierto, todo esto es un verdadero problema para personas ciegas, personas sordas o con problemas auditivos que necesitan subtítulos en contenidos audiovisuales, o textos comprensibles para muchos mayores o personas con limitaciones intelectuales. Pero también es cierto que la presencia y acceso a todo ello a través de internet nos permite llegar a ellos: unos accesibles, muchos con falta de accesibilidad y otros muchos accesibles limitadamente. Pero sin internet, el número es 0. No podemos caer en la negatividad y negar, efectivamente, la superioridad de los aspectos positivos de internet. Entre ellos, la generación de un conocimiento global sobre las distintas capacidades de las personas que componen las sociedades. La propia industria tecnológica hace tiempo que es consciente de ello; internet ha eliminado las barreras físicas para acercar el consumo de bienes, productos y servicios a la persona. Internet ha ampliado en millones de potenciales consumidores su mercado de ventas. Pero la aparición en el panorama tecnológico de cada vez más actores que quieren participar en el “pastel”, hace necesario incrementar necesariamente ese número de potenciales consumidores. Y esto sólo es posible de dos formas: dotando de internet hasta el último rincón conocido; e incrementado accesibilidad y usabilidad, que permita no dejar fuera del mercado a millones de personas-consumidores. De esta forma, podemos entender que esa búsqueda de la accesibilidad y usabilidad es un aspecto positivo más de internet, producto del conocimiento social que la red ha propiciado, y no centrarnos en la falta de accesibilidad adecuada actual de aplicaciones y contenidos. Porque estoy convencido que ese aspecto positivo, esa búsqueda de soluciones unido al avance en los desarrollos de software adaptativos y capacidades cognitivas, acabaran eliminando esas barreras. Pero, efectivamente, para todo ello la pieza clave es internet. De hecho, sin acceso a internet, debiéramos cuestionarnos el adjetivo “universal” cuando hablemos del resto de “derechos”: a la sanidad, a la educación, a la libertad de comunicación, a la justicia…

El análisis que hace Michail Bletsas a lo largo de la entrevista de múltiples aspectos de nuestra sociedad de la información y la comunicación actual es de pura lógica, cuando paramos a reflexionar sobre ellos. De hecho, recuerda un poco a los libros denominados de autoayuda: pura lógica. Todo tiene “pros y contras”, mantiene, y el ciudadano debe ser consciente de ello. La tecnología es buena en sí misma, el uso que hagamos de ella no depende de esa tecnología. La facilidad de acceso a contenidos digitales, especialmente de lectura y educativos, tiene muchos pros, y también quizás contras: es esencialmente gratuita o al menos en un porcentaje muy alto cuesta menos, por lo que elimina barreras económicas; acerca mucha más información, con mucha más diversidad de opiniones e ideologías, a millones de ciudadanos; permite que decenas de miles de personas ciegas accedan, mediante sus dispositivos móviles, a un universo de conocimiento antes limitado por la conversión a braille,… ¿Que afecta a los sistemas editoriales y de prensa tal como los conocemos?. Por supuesto. También la imprenta, la máquina de vapor, la revolución industrial y el propio ordenador personal afectaron a sectores de mercado tradicionales. Pero la tecnología siempre ha supuesto una reestructuración social y de los sistemas económicos y productivos, y nunca ha significado el ocaso de una sociedad, todo lo contrario. Siempre, los beneficios han sido muy superiores a sus perjuicios. Y siempre, ha significado un avance en la “accesibilidad” a bienes, productos y servicios, aún con su imperfección en, aún siendo redundante, su “accesibilidad”. Porque la tecnología, sin duda, hace evolucionar la accesibilidad. Sin tecnología, la accesibilidad es nula prácticamente; con la ayuda de la tecnología, cada vez más. Pero, para la “accesibilidad” a la tecnología conectada, internet debe, desde luego, convertirse en un derecho.

Todo este nuevo ecosistema de acceso a la información, ha transformado hábitos, usos, costumbres y sistemas de trabajo; Michail lo argumenta debido al modo es “cómo consumimos” toda esa información digital, que además ha incorporado a millones de personas al circuito del conocimiento y de la comunicación, antes alejadas por múltiples circunstancias (mayores, con discapacidad sensorial o intelectual, escasa alfabetización, entornos físicos rurales o alejados…). Pero también está haciendo (o debe hacer), cambiar radicalmente el cómo entendemos determinados derechos, tomando especial relevancia el de la privacidad. De hecho, por ejemplo, una defensa de la privacidad a ultranza podría llevar a frenar de manera muy significativa avances científicos que requieren datos personales, nuevos servicios públicos y privados que necesitan de algunos de ellos, e incluso desarrollos de productos y servicios tecnológicos basados en reconocimientos biométricos o desarrollos cognitivos, capaces de detectar rasgos personales y funcionales de la persona. Por ello, Michail lo califica como una nueva era, que sólo puede estar basada en la “confianza”. Y respecto a ello, realiza unas cuantas afirmaciones entiendo muy acertadas:

“En nuestro esfuerzo por preservar algo que más o menos se ha perdido ya, como la privacidad, no perdamos las ventajas positivas.

Como usuario te debes dar cuenta de que cuando utilizas un servicio gratuito es porque tú eres el producto. Tiene pros y contras. Estamos en un periodo de transición. Tenemos que ser capaces de ver las compensaciones que hay y enseñárselas a la gente.

Si observas el negocio 'cloud' desde la perspectiva del consumidor, es una cuestión de confianza: confías en que el suministrador de la red no va a abusar de tus datos personales. Hemos entrenado a la gente a aceptar muchas cosas gratuitas sin ser consciente de lo que está dando a cambio.

…las expectativas de privacidad del siglo XX no son realistas ya.

El beneficio para la sociedad podría muy bien superar la pérdida de privacidad.

En las redes sociales, para empezar, nada desaparece, alguien lo tiene que borrar y la única forma de hacerlo es utilizando métodos cuánticos. La información es mucho más permanente de lo que la gente cree.”

Si llevamos al límite la “supuesta protección de nuestra privacidad” al total, pondremos un freno muy importante a beneficios tecnológicos, y entre ellos, a desarrollos de tecnologías cognitivas y adaptativas para lograr una mayor accesibilidad a contenidos, servicios, y formas de comunicación. La solución quizás no es meter la privacidad personal en un bunker, sino establecer un control adecuado y lógico de cómo se usa esa “supuesta privacidad”, para qué y por quién. Podemos autoengañarnos creyéndonos que la conectividad es neutra y no espía; bien, que así sea. Si es así, no tendría sentido, por ejemplo, el llamado Big Data, ni rentable el Internet de las Cosas. Cada vez que nos conectemos para usar un servicio o utilizar una aplicación, lo hacemos a través de internet; y si lo quremos como derecho universal, debemos tener claro que, mal que nos pese, los derechos no son gratis. Entonces, pensemos mejor en los beneficios, y explotémoslos al máximo.

La legislación nunca puede ser eficaz hoy día si no sabe utilizar los recursos Tic’s que existen para favorecer la igualdad en el ejercicio de derechos. Y, curiosamente, favorecer el ejercicio de derechos también es un arma eficaz para dinamizar el mercado, haciendo visible la necesidad. E incrementa el bienestar social y la igualdad generando accesibilidad, aún cuando tengamos que renunciar a parte de nuestra privacidad y “socializar” parte de nuestra vida.

viernes, 16 de enero de 2015

¿No tendría que pagar yo menos impuestos, si no tengo la tecnología adecuada para ejercer mis derechos?



Tengo las mismas obligaciones, pero no las mismas condiciones para ejercer mis derechos y cumplir esas mismas obligaciones. Si no puedo utilizar los servicios públicos en igualdad, ¿tengo que pagar lo mismo?. Y más, cuando los servicios públicos están hoy día tan vinculados y son tan dependientes de las TIC’s. Cuando se aprobó la Constitución, se establecieron derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, pero no existían medios para garantizar su ejercicio y plena eficacia en igualdad para todos. Hoy las Tic’s lo permiten, al menos para la mayoría de personas independientemente de sus capacidades, y en la mayoría de situaciones o actuaciones. Así, ¿si no se implementan recursos Tic’s accesibles y usables para votar, hacer declaraciones de impuestos, estudiar, acceder a la cultura, a los transportes públicos o a los servicios de la Justicia, tengo que pagar lo mismo, si necesito estos recursos, existen, y no se me proporcionan??.

En 1978 la tecnología (de consumo) consistía en nuestra televisión de dos cadenas, la radio, nuestro teléfono fijo y los electrodomésticos tradicionales; ni siquiera había llegado el ordenador personal a los hogares, ni los primeros Spectrum y Ataris. Hoy tenemos televisores inteligentes y radios digitales, tecnología en movilidad de altas prestaciones (teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles ultraligeros…), documentos digitales, tecnologías de reconocimiento biométrico, sistemas de guiado y señalética inteligentes, cine en 3D y resoluciones impensables entonces, código QR y etiquteas inteligentes NFC, impresoras en 3D, redes sociales, banda ancha en intranet y comunicaciones, Realidad Aumentada y Realidad Virtual, domótica… y cientos de aplicaciones, interfaces, software y servicios digitales sobre ellos, que permitirían solucionar muchas brachas e injusticias sociales: internets y web’s accesibles, sistemas de reconocimiento de voz a texto y viceversa,  videoconferencias en lenguas de signos y para quien no puede desplazarse, diseños interactivos adaptados para cada dificultad cognitiva, asistentes virtuales y personales en smartphones y tabletas, manejo de nuestros teléfonos, tabletas o televisores inteligentes por gestos, la voz o nuestros ojos… en definitiva, nada que ver el entonces y el ahora.

Hoy en día, las Tic’s permiten la igualdad de acceso a los servicios públicos, con independencia de las capacidades de cada persona. Al menos, en gran medida. Entonces, si no es así, ¿tengo que pagar igual?. Y si no puedo ejercer mis obligaciones en igualdad, ¿tengo que pagar una multa, o denunciar a la Administración correspondiente y que me pague a mi?. Hace unos meses me decía un amigo, dado de alta como autónomo, que le resultó imposible hacer la declaración resumen anual del IVA sin ayuda. El tiene muy baja capacidad visual, la declaración sólo se puede hacer por internet, y ni el formulario ni la aplicación eran accesibles. Si no la hace, multa al canto y consecuencias diversas. Me pregunto, ¿debiera estar obligado  si no le ponen las herramientas adecuadas?. ¿Debiera pagar la parte proporcional de impuestos que va a Hacienda o a la Agencia Tributaria? ¿Podría denunciar a la Administración, y pedir la correspondiente indemnización, por impedirle ejercer sus obligaciones como contribuyente?. Porque, desde luego, a día de hoy es completamente posible hacer una web accesible, un portal de internet accesible, unos procedimientos de internet accesibles, y utilizar aplicaciones y programas de gestión accesibles.

Es muy fácil escribir leyes, pero no olvidemos que las leyes son obligaciones recíprocas; si la Administración no me pone los recursos tecnológicos accesibles y usables necesarios para ejercer mis derechos y cumplir mis obligaciones, ¿tendría que pagar los mismos impuestos y sufrir las mismas retenciones?. Cuando se aprobó la Constitución, es cierto que no se podía obviar establecer los mismos derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, con independencia de sus capacidades o circunstancias; hubiera sido discriminatorio, desde luego. Pero sin embargo, existía la excusa de que no había forma de conseguir ese pleno ejercicio de derechos y obligaciones, “no existía” tecnología apropiada. Treinta y seis años después, estamos en otra sociedad, la sociedad de la información y la comunicación, y no existe posibilidad de comparación posible entre las dos épocas. La Constitución ahora tiene un grave problema. Y el problema para la Constitución (y quién debe garantizar su cumplimiento), es que ahora sí existen recursos tecnológicos para eliminar, al menos en gran medida, esa brecha social.

Resulta que la Constitución tiene un TÍTULO PRIMERO al que llama “De los Derechos y Libertades Fundamentales”. Y dentro de él, existe un “Capítulo II. Derechos y Libertades”. Y dentro de este capítulo, unos cuantos artículos muy interesantes.

Como dice el “Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.” Yo me pregunto, ¿Cómo va a elegir libremente su residencia una persona con movilidad reducida (es decir, limitaciones físicas, ciegas, sordas o con discapacidad auditiva), si la mayoría de los edificios públicos y privados no reúnen las debidas condiciones de accesibilidad y usabilidad, para permitir la autonomía?. Y esto incluye, aparte de los tradicionales ascensores y salvaescaleras, aperturas de puerta automática, sistemas de guiado inteligente en interiores, señalética adecuada, avisos de alarma visuales y acústicos, sistemas de apertura automática de espacios comunes… ¡Será por tecnología para solucionar estos problemas! Y mucha de ella bien económica y potente, como mediante etiquetas inteligentes  NFC. Claro que lo del punto 5, “circular libremente por el territorio nacional”, ¿se lo podríamos decir a los ciegos en las ciudades, donde sigue habiendo una carencia tremenda de semáforos accesibles? ¿Y sistemas de aviso hoy posibles a través de los smartphones y sus GPS para localizar lugares públicos, o privados? ¿o una señalización e información accesible en espacios públicos para personas sordas o con discapacidad auditiva?. Porque tecnología va habiendo… En ese caso, ¿tendría que pagar mi parte de impuestos que van al Ministerio de Fomento, o a la Concejalía autonómica o municipal correspondiente? ¿Me tendrían que indemnizar, por no poder usar este artículo de la Constitución, existiendo tecnología para garantizarme el derecho?.

O como el “Artículo 23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal; y 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos…”. Claro que, si no puedo votar por tener discapacidad sensorial (ciegos o discapacidad auditiva) o intelectual, y existiendo tecnología y recursos tecnológicos para ello, no los ponen a mi disposición, ¿tendría que pagar mi parte de impuestos que va a Presidencia de Gobierno y Administraciones Públicas?; ¿me tendrían que indemnizar por no poder ejercer mi derecho habiendo medios tecnológicos?. Y poder, se puede; si no, miremos a SCYTL, empresa catalana especializada en voto por internet y gobernanza electrónica, con clientes en Estados de medio mundo, y que ha enamorado a Paul Allen, socio fundador de Microsoft con Bill Gates, hasta el punto de invertir 30 millones de euros en ella.

O como el “Artículo 24.1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.” ¿pero y si soy ciego, y no recibo las notificaciones, recursos, sentencias e información en formato digital accesible?. ¿Y si tengo discapacidad auditiva y no me entero de lo que me está preguntando el fiscal, abogado de la otra parte o juez, por no estar en salas con bucles magnéticos?; ¿y si voy en silla de ruedas y no puedo abrir la puerta sólo (pudiéndose automatizar), o subir a la sala del proceso (por no haber elevadores si hay barreras). Y si soy profesional de la abogacía (Juez, abogado, fiscal, procurador), ¿Y no me entero de nada en los cursos que dan los Colegios Profesionales, conferencias y jornadas, por no estar subtitulados los eventos?. Por cierto, esto es aplicable a todas las ramas de las Administraciones y Servicios Públicos.

O como el “Artículo 27”, que dice 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza; y 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación”, entre otras cosas. Claro que, 36 años después, sigue habiendo ciudadanos-estudiantes con discapacidad funcional, sensorial o intelectual; pero también una tecnología mucho más avanzada, que permite a las personas ciegas tener documentos y material educativo digital accesible, a las personas sordas o con discapacidad auditiva recursos de reconocimiento de voz que transcriben a texto en tabletas u ordenadores, instalar bucles magnéticos en las aulas, y generar documentación digital en formato de lectura fácil para alumnos con discapacidad intelectual. En fin, unos cuantos recursos tecnológicos, y cada vez más, cuya disposición para alumnado y profesorado con determinadas limitaciones, debieran tener a su disposición. Y si no es así, y lo necesito para mí o para mis hijos, y la tecnología permite eliminar esa brecha o parte de ella, ¿tendría que pagar mi parte de impuestos que van a Educación, o incluso tendría que ser además indemnizado por el perjuicio sufrido?. La situación se agrava, (¡qué paradoja, ahora, cuándo hay más tecnología y mejor para facilitarla!), cuando los procesos y sistemas educativos utilizan cada vez más, (y dentro de poco prácticamente todo), entornos y plataformas digitales, documentos digitales, sistemas de comunicación alternativos y en continua evolución, redes sociales y recursos emergentes, como realidad aumentada o sistemas inmersivos.

¿Y en la Sanidad y los Servicios Públicos sanitarios y sociales?; ¿Y en la cultura, en los cines, teatros y museos públicos?; ¿y en los servicios públicos de transportes, en aeropuertos y estaciones de tránsito de viajeros, donde los sistemas digitales y multimedia de información no son accesibles?... ¿Tendría que dejar de pagar mi parte de impuestos que van al correspondiente Ministerios, Consejería o Concejalía?.

Y para rematar, el “Artículo 53 dice: 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos… 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”. En palabras llanas, prioritario.

Definitivamente, la Constitución tiene un problema; y nuestros responsables públicos, también. Quizás la solución sería, cuando se modifique la Constitución para otros menesteres “más importantes” que los derechos y libertades irrenunciables del ciudadano y que afectan a su igualdad y bienestar, cambiar los tiempos verbales en los artículos, como ocurre en muchas leyes. Y donde pone “Todos los ciudadanos tienen el derecho a…” poner “Todos los ciudadanos podrán tener…”. Como el tiempo futuro es tan largo e incierto, pues eso, será en otra época.