La inversión pública, el fallido aliado de la accesibilidad tecnológica

A estas alturas, no creo que nadie tenga duda que las Administraciones Públicas son el principal mercado, y comprador, de productos del sector TIC privado. Y más en España, con tres Administraciones superpuestas, y cada una de ellas con sus Ministerios y derivados, Consejerías Autonómicas, Ayuntamientos y, además, empresas públicas y semipúblicas. El gasto que se realiza en adquisición de tecnología con dinero público es incalculable. Visto así, sin duda debiera ser el primer elemento de presión para forzar que la tecnología adquirida incorporara los mejores criterios de accesibilidad y usabilidad, además de perseguir ser el mejor ejemplo a seguir de cara a la empresa privada. Sin embargo, a la hora de realizar los pliegos técnicos, las condiciones y criterios que primen los teléfonos, tablets, ordenadores, televisiones o cualquier elemento tecnológico adquirido por una Administración Pública, no existe ninguna referencia a los criterios de accesibilidad y usabilidad.

Las Administraciones Públicas deben ser las primeras responsables y las primeras en cumplir las leyes que aprueban. Y quiero creer que lo son. Respecto a la accesibilidad tecnológica, en nuestro país tenemos una cuantas leyes y Reales Decretos que obligan a ello, amén de haber ratificado una Convención Internacional de Derechos de las personas con discapacidad, con un artículo 9 dedicado íntegramente a la accesibilidad. Convención que obliga a nuestro país, por encima de nuestro derecho interno. Dicho esto, me gustaría analizar un caso concreto, el desembolso que se realiza, con dinero público, en adquirir smartphones y tablets para nuestros diputados, nacionales y autonómicos, concejales municipales, cargos públicos de empresas públicas o semipúblicas, y organismos relacionados con las Administraciones.

Si lo que se prima es la mejor opción económica para su adquisición, mi pregunta es, ¿necesitan todos nuestros responsables públicos teléfonos y tablets de última generación con costes superiores a los 600 € cada uno, para realizar su trabajo?. ¿Aprovechan toda su capacidad?. ¿Les sacan rendimiento?, e incluso, ¿saben usarlos en todo su potencial?. ¿utilizan todas sus prestaciones, o sólo correo, internet y whatshap, con algún que otro jueguecillo?. Quizás, con terminales más económicos, se ahorraría más de la mitad del desembolso, y ese ahorro bien podría ser destinado a dotar de elementos tecnológicos en los colegios e institutos, para aquellos alumnos que necesitaran recursos TIC adecuados, accesibles y usables. Por ejemplo.

En la noticia que difundía Europa Press, el 23 de julio, se decía: “1,4 millones para renovar los móviles de los diputados y el ADSL en sus casas. Según los pliegos aprobados por la Mesa del Congreso, que recoge Europa Press, el objeto del contrato es facilitar las comunicaciones, fijas y móviles, tanto de voz como de datos, que sean necesarias para el correcto funcionamiento y desarrollo de las tareas propias de la Cámara, así como el mantenimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones. En el caso de la telefonía móvil, el servicio deberá estar soportado por tecnología de última generación, se adquieren 425 smartphones de última generación. Como el contrato acabaría en 2016, el coste podría llegar casi a los dos millones, ponía.

Ahora bien, siguiendo con el análisis, si se opta por estos terminales de gama alta, debe ser por otro motivo, más allá del económico. Es bien sabido que, normalmente, los teléfonos o tablets de gama alta incorporan más y mejores prestaciones de accesibilidad y usabilidad, al tiempo que mejores pantallas y materiales, que facilitan la vida y la autonomía de las personas con discapacidad. Los Iphone son los mejores con diferencia para personas ciegas o con discapacidad visual; los últimos de Samsung o LG disponen de acciones muy interesantes y útiles para personas sordas o con discapacidad auditiva. Entonces, haciendo una regla de tres, puedo llegar a una conclusión. Puede ser que el motivo por el que se compren teléfonos y tablets de gama alta sea, aún a costa de gastar más dinero público, el que haya unos cuantos diputados ciegos y sordos, aunque no hayan declarado su discapacidad o tengan certificado. El motivo sería para proteger su privacidad, y quizás por imagen. De esta forma, el Congreso estaría garantizando el derecho de estos diputados ciegos y sordos a trabajar en igualdad de condiciones; no deja de ser una adaptación del puesto de trabajo, también garantizado por nuestra legislación. Pero los ciudadanos debiéramos exigir más. Si este es el motivo por el que se adquieren terminales muy caros porque son más accesibles y usables, para los diputados ciegos y sordos que tengamos, con más motivo debieran figurar estas características en los pliegos técnicos, por responsabilidad política y pública. De esta forma, la empresa y la industria tendría que empezar a apostar por la accesibilidad y usabilidad tecnológica, porque es mucho dinero el que se mueve.

En la publicación digital MovilZona, el 1 de julio de 2015, se publicaba: “Uno de los casos más polémicos fue la aprobación por parte de la asamblea de Madrid de una partida presupuestaria de 363.000 euros para dotar de nuevo material tecnológico a los diputados de la asamblea. Por supuesto esta medida se aprobó por unanimidad, y en ella se especificaba que cada diputado Madrileño tendría a su disposición una tableta Surface Pro de Microsoft de alta gama. En total se trata de 160 tabletas con un valor de nada menos que 2.204,95 euros por unidad, un precio para una tableta sin duda muy poco accesible para la mayoría de los ciudadanos”. En este caso, no creo que en la asamblea de Madrid hubiera diputados ciegos o sordos, porque la Surface Pro de Microsoft, siendo buena, no es desde luego la más accesible ni usable en cuanto a prestaciones. Ni la más ligera y ergonómica, algo que podría ser muy necesario para personas con dificultades de movilidad severa, o poca destreza manual. En este caso, el motivo de optar por estos modelos debe ser otro. ¿Será porque han llegado a un compromiso con Microsoft para, a cambio de pagar mucho más dinero público por unos terminales a los que casi ningún diputado va a sacar todo su potencial, los próximos modelos sean más accesibles y usables?.

Es evidente que si las Administraciones Públicas, el Parlamento Nacional, los Autonómicos y los Ayuntamientos compran teléfonos inteligentes y tabletas de gama alta, de los más caros, que suelen ser los mejores en accesibilidad y usabilidad es porque parte de sus miembros son ciegos o sordos, o las dos cosas. Si no, seguro que elegirían otros más baratos, que les servirían perfectamente igual para desarrollar sus funciones, y con ese ahorro, los destinarían a otros fines más prioritarios.

La Ley de contratos lo prevé. El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, dice en su artículo 117, Reglas para el establecimiento de prescripciones técnicas, “Las prescripciones técnicas se definirán, en la medida de lo posible, teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, tal como son definidos estos términos en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad”. Y termina diciendo “De no ser posible definir las prescripciones técnicas teniendo en cuenta criterios de accesibilidad universal y de diseño para todos, deberá motivarse suficientemente esta circunstancia”. Si se cumpliera este mandato, esto significaría una fuerte presión a la industria, obviamente. Ahora bien, entiendo que precisamente por el motivo de ser sus señorías servidores públicos sensibles, se quiera preservar su privacidad y visibilidad de sus limitaciones funcionales, si existieran; y aún cuando de forma explícita no figure en ningún pliego técnico obligaciones de accesibilidad y usabilidad de la tecnología adquirida, sí debemos entenderlas incluidas de forma implícita. Y la conclusión sería, en definitiva, que sí debe haber diputados, senadores, representantes autonómicos y municipales ciegos o sordos, o ambos, y sólo por la prevención de esa privacidad se usa esta estrategia.

En cambio, y curiosamente, en otras profesiones no hay ciegos, ni sordos. O al menos así lo entiende el Ministerio de Justicia y sus altos cargos. Por eso, y poniendo otro ejemplo, para la Administración de Justicia y todos sus profesionales vinculados a ella, se ha aprobado recientemente por el Gobierno el RD 1065/2015 que regula el nuevo y obligatorio sistema de gestión documental entre abogados, fiscales y jueces, mediante una nueva plataforma electrónica denominada LexNET. A partir de ahora, todas las notificaciones, escritos, recursos, avisos y demás trámites pertenecientes al sistema judicial deberán realizarse a través de esta plataforma tecnológica. Pues bien, en su Disposición adicional tercera. Garantías de accesibilidad a los servicios electrónicos, dice textualmente: “El Ministerio de Justicia PROCURARÁ que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas mayores o con discapacidad, que se relacionan con la Administración de Justicia puedan acceder a los sistemas electrónicos de información y comunicación en igualdad de condiciones, con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos”. Y entre esos ciudadanos, entiendo que deben estar también los profesionales de la Justicia. Pues sí señores, pone PROCURARÁN y no OBLIGARÁN.

Y así, difícilmente obligaremos a la industria y las empresas tecnológicas a trabajar en tecnologías de la información y comunicación accesibles y usables. Y eso, aunque podamos sospechar que comprarán las tecnologías más caras, por ser normalmente mejores en accesibilidad y usabilidad, porque probablemente haya diputados, concejales, responsables públicos ejecutivos y demás, ciegos o sordos, o ambas cosas. ¿Será capaz la industria y la empresa tecnológica de darse cuenta de este matiz?.