Pacto de Honor, Responsabilidad Social

¿No debiéramos pensar en que la Ley, consiste en un pacto de honor entre un Gobierno y los ciudadanos?

No nos engañemos, la accesibilidad tecnológica, no es sólo responsabilidad de la industria, la empresa o el comercio. Es responsabilidad de todos, de todos los actores, pero donde debe jugar un papel principal el Gobierno y las Administraciones. Utilizando las tecnologías más adecuadas, accesibles y usables, en todos los procesos y servicios públicos. Y esto significa adquisición de tecnología accesible y usable; puesta a disposición de los funcionarios con discapacidad o capacidades diversas de la tecnología adecuada; puesta a disposición en las oficinas de información pública, en las web públicas, en los servicios públicos, de la tecnología con características apropiadas a todos los ciudadanos (contribuyentes). Esto significa inversión pública, e indefectiblemente incrementaría el interés del sector privado en la accesibilidad y usabilidad tecnológica. La Constitución, las leyes, los Reales Decretos o los Reglamentos no dejan de ser un pacto de honor entre los responsables políticos, los guardianes de los derechos de los ciudadanos que les otorgan esa responsabilidad, y la sociedad. Y debiera ser un pacto de honor reforzado, o debiéramos creer, en caso contrario, que un apretón de manos entre nuestros abuelos, tenía más validez que todo un cuerpo legislativo. Y más honradez. Cada vez más, la empresa y el comercio se dan cuenta de que las personas con diversidad funcional son consumidores de productos y servicios tecnológicos; ahora hace falta que el otro gran consumidor de tecnologías, productos y servicios haga su desembolso comprometido.

Reproduzco una carta que leí hace unos días, en el XL Semanal de ABC nº 1441,, de junio de 2015, en la sección La carta de la semana”. El título de la carta se llama “La mano y mi palabra”. Carta que decía:

“Mi abuelo era arriero, iba con las bestias de pueblo en pueblo y hacía y recogía encargos para los vecinos. Hace veintitantos años que se fue y siempre me acuerdo de él, más en estos días de programas, pactos y promesas. Él era una lección de vida. Tendría yo cuatro o cinco años cuando me dio la primera. Lo veía venir con sus mulas y salía corriendo a recibirlo, me subía a una de ellas y lo acompañaba a entregar los encargos. El vecino lo cogía, le daba un apretón de manos y quedaban en verse más adelante. Cuando era él el que necesitaba algo, pasaba lo mismo, se lo traían y se daban la mano. Curiosa, le pregunté si no pagaba lo que le habían traído; no hace falta, me contestó, le he dado mi mano y mi palabra. Su palabra. Su palabra era lo más preciado que tenía, eso decía, porque en ella estaba su honor, su honra, su vergüenza, y los hombres de bien cuando dan su palabra saben que tienen que cumplirla. Hacen falta hombres (y mujeres) como él, muchos. Mi abuelo Frasco era un hombre de palabra, y yo sigo admirándolo y echándolo de menos.”

Recordemos algunas “obligaciones”. En el año 2007, se aprobó la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. En su Disposición Adicional Vigésimo Cuarta, se dice “Los edificios, instalaciones y dependencias de las Universidades, incluidos también los espacios virtuales, así como los servicios, procedimientos y el suministro de información, deberán ser accesibles para todas las personas, de forma que no se impida a ningún miembro de la comunidad universitaria, por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros de análoga significación en condiciones reales y efectivas de igualdad”. Todo esto requiere tecnología, mucha tecnología, productos y servicios electrónicos accesibles. Sistemas de guiado inteligente en los campus. Portales web accesibles. Dotación de ordenadores, software y tablets accesibles… mucho dinero. Si la inversión se realizara y el compromiso se cumpliera, ¿no activaría la pasión por la accesibilidad al mercado?.

Estribillo (como en las canciones?: ¿No sería mejor un apretón de manos?. Y eso se hace continuamente cada vez que coincide un persona con discapacidad y un responsable del Gobierno, en algún acto, “encuentro con”, “visita a”, “comisión de”, o “anuncio de …”, por ejemplo de esta Ley.

Veamos otra. En el año 2011, se aprobó Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que en su Disposición adicional cuarta, Accesibilidad a los servicios electrónicos, dice: “Las Administraciones con competencias en materia de justicia garantizarán que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas mayores o con algún tipo de discapacidad, que se relacionan con la Administración de Justicia puedan acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos”. Dice GARANTIZARÁN. Estupendo. Eso significa inversión, inversión tecnológica accesible y usable. ¡Es para toda la Administración de Justicia!. ¡Eso es mucho dinero!. ¡En bienes, productos, y servicios tecnológicos accesibles y usables!. ¿Incentiva o no incentiva al mercado de proveedores TIC’s, para poder entrar en la inversión?. Pero, ¿se está haciendo…?.

Estribillo (como en las canciones?: ¿No sería mejor un apretón de manos?. Y eso se hace continuamente cada vez que coincide un persona con discapacidad y un responsable del Gobierno, en algún acto, “encuentro con”, “visita a”, “comisión de”, o “anuncio de …”, por ejemplo de esta Ley.

Volviendo al 2007, en aquel año se aprobó también el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, que en su artículo 8 dice: “Los equipos informáticos y los programas de ordenador –independientemente de que sea libre o esté sometido a derechos de patente o al pago de derechos– utilizados por las administraciones públicas, cuyo destino sea el uso por el público en general, deberán ser accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad, de acuerdo con el principio rector de «Diseño para todos» y los requisitos concretos de accesibilidad exigidos, preferentemente en las normas técnicas nacionales que incorporen normas europeas, normas internacionales, otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o, en su defecto, normas nacionales”. Esto se aplica también a las campañas institucionales. ¡Qué maravilla! ¡Esto afecta a Educación, Sanidad, Transportes, Empleo Público y oficinas de Información, Cultura,... ¡cuánta inversión en tecnología accesible y usable! ¡Qué atractivo para las empresas si quieren participar en estas contrataciones públicas de inversión en tecnología!. Bueno, todo llegará.

Estribillo (como en las canciones?: ¿No sería mejor un apretón de manos?. Y eso se hace continuamente cada vez que coincide un persona con discapacidad y un responsable del Gobierno, en algún acto, “encuentro con”, “visita a”, “comisión de”, o “anuncio de …”, por ejemplo de esta Ley.

Y podríamos seguir con el más de centenar de Leyes y Reales Decretos que en los últimos diez años hablan de discapacidad, tecnologías, no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de derechos. Pero me canso.

La empresa privada tendría que “ponerse las pilas” si en cada venta de bienes y productos, o en la contratación de servicios, o en las contratas públicas de cualquier tipo, relacionados con la tecnología o donde la tecnología esté presente (es decir, casi todos hoy día), se exigieran los criterios de accesibilidad y usabilidad necesarios para poder ser usados por todos los ciudadanos, con independencia de sus capacidades. Y eso de que no existe tecnología adecuada o apropiada, cada vez es más difícil. Perfecta no, pero sí cada vez más apropiada, con mayores niveles de accesibilidad y usabilidad.

Casi preferiría que los responsables públicos nos dieran la mano y sellaran el Pacto de Honor, la responsabilidad y el compromiso social, en vez de firmar tantas leyes y tantos Reales Decretos; parece ser que un apretón de manos (de las de antes, de manos sudadas por el esfuerzo), tenía ese “algo mágico”, que no deben tener las Leyes y Reales Decretos, de comprometer a las partes al cumplimiento del acuerdo, y salvaguardar así su honor. Y mucho menos, por supuesto, los programas electorales. Y eso que ahí sí que se aprietan manos, en los mítines.

En el siglo XIX, la gente se suicidaba cuando faltaba a su palabra, por haber ensuciado su honor y el de su familia. Claro que eso hoy día no es posible. Sería imposible cubrir las bajas que se producirían en el Gobierno, el Parlamento, el Senado, las Cortes Autonómicas y las Concejalías a un ritmo tan acelerado (siempre que actuaran así, por supuesto).