El mundo cambia, las leyes no bastan, necesitamos la Colaboración Público Privada

Para entender bien este artículo, hay que ponerse en situación. En los últimos diez años en España se han dictado más de cien leyes estatales, Reales Decretos y sus desarrollos donde se incorpora, de algún modo, la accesibilidad tecnológica tanto a productos como a servicios. Algunos de los desarrollos legales son específicos para las personas con discapacidad (como el RD Legislativo 1/2013 que refunde la Ley General de Derechos de personas con discapacidad, el RD 1494/2007 de condiciones básicas de accesibilidad para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías de la Sociedad de la Información y la Comunicación,…), y otras veces la accesibilidad a medios y soluciones tecnológicas va incorporado en el articulado de leyes o Reales Decretos generales (Ley Orgánica 2/2006 de Educación, Ley Orgánica 4/2007 de Universidades, Ley 11/2007 de Administración electrónica, Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público..). A ello hay que añadir una Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad (el art. 9 está dedicado íntegramente a la accesibilidad), y múltiples Estrategias y Planes de Acción (para personas con discapacidad, mayores, infancia, o colectivos “desfavorecidos””) donde la accesibilidad digital se contempla “y manda”. Es decir, esta carrera por generar estos más de cien desarrollos legislativos (y lo sé, porque las he ido recopilando día a día) podría decirse que coincide en el tiempo con la explosión de la denominada Sociedad de la Información y la Comunicación, con la aparición masiva de los teléfonos inteligentes, la inteligencia artificial, la robótica, el internet de las cosas, las Ciudades Inteligentes, el Big Data y el Cloud, la automoción cada vez más inteligente… y donde las empresas líderes del sector tecnológico tienen un capital superior al PIB de muchos países.

La tecnología y sus desarrollos en productos y servicios tiene potencial hoy en día para romper grandes barreras sociales y discriminatorias, generando igualdad, e incorporando accesibilidad y usabilidad de serie y permanentemente. Pues algo falla si no es así, con tantas leyes, Reales Decretos, Convenciones internacionales, Planes de Acción y Estrategias. Permítanme, por tanto, que dude de la eficacia del sistema, y me plantee que quizás es más eficaz contemplar la accesibilidad e inclusión tecnológica como mercado, como negocio, como consumo, y me quiera hacer más amigo de la industria y de la empresa que de las leyes. Y quizá para ello el mejor medio sea mediante la Colaboración Público-Privada, y por qué no, Centros de Referencia donde esta colaboración Público-Privada refuerce su dimensión.

Colaboración Público-Privada donde el valor radica no tanto en hacer por la propia entidad que la coordina, sino para hacer que los demás hagan. Es la forma de trascender más allá de los meros proyectos o iniciativas, caducos y finalistas en sí mismos, y ser el verdadero motor y gestor del cambio. Si pierdes la fuerza en hacer tu, pierdes la fuerza y recursos para hacer que los demás hagan. Eso sí, sirve para justificar más fácilmente un sueldo y “a tus jefes”.

¿Por qué negarnos, o querernos negar, que el mundo lo gestiona el dinero?. ¿Vamos a ser mejores por negarlo?. Tenemos claramente dos demandas: la pública (Administraciones, obligadas teóricamente por imperativos legales), y la privada (consumo), donde la gran mayoría de las personas hoy día, con independencia de sus capacidades, se convierte en un verdadero consumidor y cliente si la accesibilidad a medios y productos TIC’s es la adecuada, para poder hacer uso del nuevo paradigma de e-commerce, e-Administración y Sociedad Digital. Y más aún cuando amplios sectores como el turismo, las ciudades inteligentes y el IoT aplicado a los entornos domésticos y asistenciales cada vez tienen más claro que ahí fuera hay cada vez más millones de potenciales clientes, y donde la discapacidad o cualquier limitación merece la atención; al fin y al cabo, hay que adelantarse a conseguir consumidores y fidelizarlos, y la accesibilidad y usabilidad de las Tic’s cada vez importa más. Prueba de ello es el último CES de las Vegas, este 2018.

La empresa no me engaña, las Administraciones y las leyes no lo tengo tan claro. Sé perfectamente que una empresa o industria que durante dos o tres años no ya pierde, basta que rebaje beneficios, hará un ere o reducción de plantilla, despedirá a un 10 o 20% de la misma, y recortará gastos; cambiará de proveedores sin demasiados miramientos en función del coste y margen de beneficios, o subirá o bajará el precio de sus productos según venga la situación, sin importar quién puede adquirirlos o no o sin son bienes básicos o no; no me engaña, lo sabemos, y son las reglas del mercado, lo queramos ver o no. ¿Pero y las leyes que “garantizan” derechos (en este caso de accesibilidad), y las Administraciones que deben cumplirlos?; ¿me debo sentir engañado si no se cumplen, o es un mero error del sistema?.

¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que la Inclusión Digital (personas con discapacidad, mayores, falta de formación o limitaciones sociodemográficas) es negocio a corto y medio plazo, más allá del derecho?. Es decir, forma parte del sistema de mercado, donde solo lo rentable se contempla. Tomemos estas variables desde la planificación empresarial, y como en cualquier negocio, invirtamos, no seamos necios.

Es muy fácil gestionar la discapacidad y las necesidades producidas por cualquier limitación (funcional, de formación o social) sin su conocimiento real, ni la búsqueda de su conocimiento; es decir, desde fuera o “tangencialmente”. No tienen sentido, por ejemplo, las Fundaciones donde el control de la gestión es dirigido por un mero gestor, sin tener el conocimiento de la vivencia dentro, y se mueven en torno a actividades Conveniales bieintencionadas, pero claramente insuficientes y muchas veces dudosamente eficaces, al tiempo que el mundo real está fuera, en otro lugar. O regido por un Consejo lleno de buenas intenciones, pero sin los pies en la tierra (o mirando al cielo). La accesibilidad (tecnológica en este caso) no se aprende sin vivirla, sin tocarla, sin sentirla y sin ser afectado por ella. Y su solución sólo puede venir por colaboraciones multidisciplinares que busquen soluciones de mercado a ser posible, algo que perfectamente puede ser canalizada a través de iniciativas de colaboración Público-Privada empresarial. La ilusión del derecho obligatorio a los recursos bienes, productos y servicios Tic accesibles está bien, sí; pero ya sabemos que el mundo no suele funcionar así, y menos la industria y la empresa, donde el retorno económico es fundamental.

El mundo de hoy no es un mundo donde la realidad la solucionen las subvenciones o simplemente las leyes. Estamos en un mundo de sistema de mercado, capitalista, queramos verlo o no. Y si queremos cambiar algo, nos guste o no, es convenciendo a la empresa de que esto es rentable. Infiltrando la oportunidad de negocio dentro. Y esto solo es posible bajo un esquema de Colaboración Público-Privada de Administraciones, sector privado y Profesionales sociales (y no estoy diciendo asociaciones, hablo de grupos de expertos en accesibilidad Tic). La mayoría de las Fundaciones, Organismos y Centros financiados con fondos Públicos o privados están gestionados o dirigidos por “ajenos al negocio social” o estómagos agradecidos, cuyas acciones no van más allá de la ejecución de “proyectos patrocinados”, de forma que tangencialmente se lavan conciencias. La filosofía Fundacional es buena, sin duda, y esencial complementariamente, desde luego, pero no cambia el mundo. ¿Por qué gran parte de lo que se hace fundacionalmente no se hace en los procesos internos de producción de las empresas?. Esperar que las subvenciones públicas al sector social y las buenas obras de las Fundaciones privadas solucione los problemas de inclusión digital y accesibilidad tecnológica es esperar mucho; solo desde un modelo de colaboración público privada que incentive la visión de las oportunidades en torno a la accesibilidad tecnológica se darán importantes avances en la eliminación de la exclusión digital.

Cuando llevas muchos años en una silla y repleto de derechos, prefiero hablar claro a la empresa y la industria: “Mira, te voy a enseñar a hacer negocio con la accesibilidad tecnológica, y así beneficiamos también a las personas con discapacidad o limitaciones. Pero no te asustes, te voy a hablar en lenguaje de mercado”. Bien claro. Así, al menos, empieza a escucharme.

Cuando no conoces la necesidad más que por los ojos, no la vives, o simplemente te ponen delante para gestionar “una buena obra” de RSC empresarial, no cambias nada. Simplemente, a lo mejor se duerme un poco mejor. Si realmente la gente, y especialmente muchos mecenas millonarios confiaran en las leyes y su garantía por los Gobiernos y los recursos públicos, no debieran existir donaciones.

Vivimos en un mundo tan velozmente cambiante, con tantas crisis sociales y tal nivel de incertidumbre, que es difícil saber dónde estaremos cada uno y nuestros entornos en un futuro cercano, mediano y mucho menos lejano. Quizás es el momento donde la economía actual deba volver a coger el papel protagonista para eliminar cualquier disfunción de inclusión social y digital, y no dejar sólo a los poderes públicos (que visto está que no son quienes mandan) la gestión del bienestar. Quizás, es el momento de que mediante soluciones efectivas de colaboración Público-Privada volvamos la vista a las premisas de “La economía del bien común” de Jean Tirole (premio nobel de economía). Porque creo que parece más que evidente, que el sector privado, más que el público, cada vez tiene más claro que no puede ni debe dejarse a nadie (y dijo nadie, mayores, personas con discapacidad o limitaciones, situaciones sociodemográficas…) fuera de juego. Aunque sea para ganar dinero, generando mayor bienestar y autonomía en el mercado. Al fin y al cabo, el envejecimiento de la población, no necesariamente debe ser malo para la economía; la ampliación de necesidades también genera mercado. Es la propia empresa, por encima de los poderes públicos, quien se está dando cuenta que debe volver a coger el camino de la Economía Social de Mercado, porque es a la misma empresa a quien no le interesan sociedades que pierdan poder adquisitivo. Y por ende, una de las formas de generar mayor consumo es eliminando las barreras de accesibilidad tecnológica, buscando la total inclusión digital para todos, con independencia de sus capacidades.

La realidad jurídica no refleja la realidad social. Sinceramente, prefiero ponerme de lado del sector productivo y buscar rentabilidad económica mediante la accesibilidad; y reconvertir el sistema subvencionado en verdadero gasto público útil que cubra las obligaciones legales sociales asumidas por las Administraciones, en todos los ámbitos.