Cuando las tecnologías no tienen la culpa de las desigualdades

A veces ocurre, desafortunadamente, que las tecnologías o determinadas tecnologías no son accesibles; en este caso, culpa clara, sería de la industria y de sus directivos. Pero, ¿qué ocurre cuando hay soluciones tecnológicas accesibles y usables, y las decisiones “tecnológicas” que generan desigualdad o discriminación las toman los humanos?.

Con las tecnologías sucede un paradigma preocupante que lleva presentándose desde que entramos en la denominada Sociedad de la Información y la Comunicación. Reclamamos su accesibilidad y usabilidad, exigimos su evolución al diseño para todos, muchas veces las demonizamos como culpables de las brechas sociales. Sin embargo, las tecnologías, y especialmente las tecnologías de consumo y comerciales, cada vez en mayor medida van incorporando soluciones, recursos y  medios que facilitan la accesibilidad y usabilidad. La variedad de modelos que encontramos en el mercado hacen que muchas veces, lo que no encontramos en un modelo que se adapta a nuestra necesidad lo veamos en otro. Según avanzamos en el tiempo, aparecen soluciones tecnológicas que nos ayudan a resolver requerimientos de nuestras vidas, cada vez más adaptativos.

Resulta cada vez más difícil echarle la culpa a las tecnologías, aún cuando no son perfectas ni lo serán jamás, por mucho que se acerquen a la definición literal que de la perfección hace el diccionario. Pero la culpa del desconocimiento sobre su potencial y utilidades no es de la máquina, más bien de las personas. Y las decisiones sobre qué tecnología utilizar o implementar en servicios públicos dirigidos al ciudadano, que sea adecuada a cada tipo de usuario, no las toman las máquinas, las toman las personas. Cuando existe tecnología adecuada, o al menos más adecuada, para ejercer derechos y cumplir obligaciones, y ésta no es puesta a disposición del sujeto de derecho, ¿a quién echamos la culpa?.

No poder ejercer los derechos en igualdad de condiciones por cualquier persona con limitaciones funcionales es grave, muy grave. Doblemente grave cuando existe tecnología adecuada para ello. Derecho a tener en las actividades relacionadas con la educación pública, sea obligatoria o universitaria, servicio de subtitulado para personas con discapacidad auditiva, por ejemplo. ¿O acaso no existe tecnología para ello?. Derecho a acceder a la información pública, de las Administraciones, en cualquier sector, en formato accesible: sanidad, medicamentos, oposiciones, servicios de seguridad, tráfico, transportes… en formatos digitales estructurados y accesible. ¿O acaso no existe tecnología para ello?. La diversidad de terminales inteligentes, smartphones, tabletas u ordenadores permite que existan, prácticamente seguro, alguno más usable para cada necesidad, y cada vez más. Mi pregunta es, si existen recursos y productos tecnológicos que facilitan la usabilidad y permiten la accesibilidad, ¿la responsabilidad es de las Tic’s, elementos inanimados ellos, o de quién toma las decisiones de usar unas u otras, o directamente no usar las adecuadas?. Derecho a una participación electoral, como votante, en igualdad e individual, a través del voto electrónico. ¿O no existe tecnología para ejercitar el voto electrónico? Quizás habría que comentarlo con Paul Allen, fundador de Microsoft junto a Bill Gates, que acaba de invertir 30 millones de euros en una empresa catalana, Scytl, especializada en voto electrónico y procesos electorales, con presencia en unos cuantos países. 

Las personas crean a las tecnologías, y son responsables de cómo se crean (útiles, accesibles, usables…). Pero las tecnologías no son responsables de por qué se usa cada una, del por qué se eligen unas inaccesibles sobre otras menos, ni del por qué se establecen obligaciones a los ciudadanos, con posiblemente consecuencias muy serias, de cumplir esas obligaciones legales con Tic’ o servicios tecnológicos inaccesibles. Determinadas obligaciones fiscales deben realizarse, desde este año, única y obligatoriamente a través de medios telemáticos. Es el caso de la declaración del IRPF, o el resumen anual del IVA para empresarios y autónomos. Pero resulta que las aplicaciones y los procesos no son accesibles. Si el obligado fiscal no cumple, seguro que le cae la sanción correspondiente. ¿Pero qué ocurre si el obligado es ciego?. ¿Es responsable? ¿O sería responsable quien autoriza a realizar ese trámite únicamente a través de medios telemáticos inaccesibles? ¿Quién debiera pagar la posible sanción?. Aquí la tecnología no tiene culpa alguna, porque hacerla accesible, se puede. Y si no se pudiera, jamás debiera existir esa obligación.

Si el no poder ejercer determinados derechos porque no se utilizan tecnologías y recursos tecnológicos adecuados es grave, más lo es que recaigan sobre el ciudadano con limitaciones funcionales o mayores, además, consecuencias económicas o físicas. ¿Y si una persona con discapacidad auditiva, en una vista judicial, no entendiera bien el contexto de una pregunta, porque la sala no está acondicionada con bucles magnéticos? Un testigo tiene obligación de declarar y contestar, y podría darse el caso de una contestación errónea, que hiciera pensar en una falsedad, por no entender adecuadamente la pregunta. O sencillamente, no acudir a juicio por no recibir las notificaciones en formato digital accesible. ¿De quién sería la responsabilidad de no utilizar servicios de aviso visuales, acústicos y entendibles, si en un centro de trabajo existen personas con discapacidad sensorial, intelectual, o mayores?. Cuando la tecnología y los recursos existen, son las personas las responsables de las brechas digitales, sociales, y de las situaciones de discriminación e indefensión. Sabemos que los servicios y contenidos que nos permiten desarrollar las actuales tecnologías pueden ser accesibles y usables, a través de las web’s, códigos QR y NFC, elementos multimedia, audioguías y servicios interactivos, e incluso desarrollos de simplificación del lenguaje y comprensión cognitiva y facilitada, utilizando tecnología Watson de IBM, interactuando en lenguaje natural. Si todo ello es posible, y podemos utilizarla para acceder a información en alimentos, composiciones, fechas de caducidad, servicios médicos, información al ciudadano, guiado urbano en espacios edificados y construidos, videoconferencias en lenguas de signos para utilizar servicios públicos, libros interactivos y diseñados en 3D en educación, …

En definitiva, Responsabilidad social tecnológica. Y esta premisa no depende de las tecnologías, más bien de quien decide qué y cómo cuando existen alternativas accesibles y usables. La Responsabilidad Social Tecnológica analiza, más allá de las cualidades de determinado producto o servicio tecnológico, el impacto que ejerce sobre la persona o colectivos de ciudadanos, la implantación de una tecnología u otra, y de la forma de diseñar y utilizar los servicios al usuario con tecnología. La diferencia es que, si bien la Responsabilidad Social Tecnológica se debe tener presente tanto en el ámbito público como en el privado, las consecuencias son distintas y más o menos graves depende de dónde.

En el ámbito público no debe haber “negociación” posible, no utilizar el principio de Responsabilidad Social Tecnológica en la adquisición de bienes y productos TIC y su generación de servicios, puede suponer, desde luego, discriminación y falta de igualdad de oportunidades. Más grave aún, negación de la posibilidad de ejercer derechos como ciudadano; y aún más grave, posible indefensión ante actuaciones obligatorias ante la Administración, como dije antes, con perjuicios serios económicos y personales al ciudadano con determinadas limitaciones. Por cierto, también más gasto público, para enmendar “parcheando” sus errores.

¿Y en el ámbito privado? Pues, señores, aparte de las clásicas discriminaciones y no igualdades, entre otras cosas, que quizás al empresario le importen menos, pues es que afecta al negocio. Sí, aunque sea difícil de observar. Tanto virtual como físico. La implantación de determinadas TIC y servicios tecnológicos en el comercio, por ejemplo, afecta seguro al incremento de clientes. “Captación” de información comercial, de ofertas, facilidad de pago y plataformas de pago sencillas y usables, adaptabilidad de las herramientas TIC, sistemas de información electrónica adecuados… En fin, creo que sigue siendo necesario profundos cambios en la forma de generación del conocimiento del mundo TIC y sus recursos, para que, de una vez, se den la mano el beneficio social y el beneficio económico.