El difícil compromiso de la responsabilidad pública

Las NT están poniendo en un serio compromiso a los responsables públicos. Por un lado, porque no se enteran, no ven o no escuchan lo que pueden llegar a hacer las NT en muchos campos, para ayudar a cumplir las obligaciones que impone nuestro ordenamiento legal. Quizás debieran tener expertos en estas áreas, de tecnologías accesibles o de cómo hacer accesibles con las NT muchos servicios, entre ellos la educación o el acceso a la información sanitaria, por el bien de los ciudadanos y por el bien del dinero público. Dotar con NT accesibles a los ciudadanos que lo necesiten, y hacer servicios accesibles con las NT garantiza derechos y ahorra mucho dinero.

Por otro lado, no es descabellado plantearse si la nueva sociedad de las TIC’s en que vivimos está generando de nuevo ciudadanos de primera, segunda e incluso tercera clase. En la reciente feria internacional de la telefonía móvil de Barcelona, una de las primeras operadoras de telefonía móvil presentó un proyecto piloto  que se ha dado en llamar el medicamento accesible. De modo esquemático, consiste en captar con la cámara del móvil el código de barras, se accede a una base de datos de la compañía, y se lee la información en formato accesible y aplicaciones accesibles en el móvil. Esta situación genera varias reflexiones. Entendiendo la información del medicamento como un aspecto que puede ser esencial en la salud de la persona que debe consumirlo, especialmente si tiene una discapacidad, primero, ¿sólo podrán acceder a este servicio los clientes de esa compañía? ¿O sólo lo harán los que tengan determinado modelo de móvil o smartphone? Pero probablemente el mayor dilema sea¸ si es posible generar un acceso a información esencial para determinados ciudadanos (personas con discapacidad sensorial, esencialmente) a través de las NT, con telefonía móvil y aplicaciones accesibles, a una base de datos con información especialmente importante, ¿no sería esto un deber y obligación de las Administraciones Públicas, si las NT lo permiten? Porque, volviendo al primer dilema, cuando no se puede, por no haber sistemas ni tecnología para ellos, no se puede, evidentemente. Pero si se puede, debe hacerse. Recordemos que estamos hablando de un derecho básico, y además de igualdad. Así pues, los responsables públicos tienen otro pequeño problema.

Es irónico que tengamos veinte leyes sobre la igualdad, cuando nuestra Constitución tiene un art. 14 donde dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, y un Capítulo Segundo, Sección 1ª, íntegramente dedicado a los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas, bastante completito, por cierto (lo que no es sinónimo de perfecto), donde se contemplan, entre otros, el derecho a la educación en igualdad de condiciones. Reforzando lo anterior, el Capítulo Tercero, “De los principios rectores de la política social y económica”, cuyo art. 49 establece cuáles y cómo deben ser las acciones de los poderes públicos destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad (por cierto, en nuestra Constitución, todavía disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos). Con todo esto debiera bastar para garantizar una mínima igualdad en el ejercicio de los derechos. ¿Y qué tienen que ver las nuevas tecnologías en todo esto?

Cuando en 1978 vio la luz nuestra Constitución, la tecnología más puntera que teníamos era en todo caso nuestra flamante televisión de tubo a color, y algún que otro pequeño robot de cocina. Y nuestro teléfono, todavía en muchas casas colgado en la pared. No existía, al menos como consumo masivo y a nivel de usuario, ni los PC’s, ni los portátiles, ni los DVD’s, ni internet, ni las redes sociales, ni las recientes tabletas. Cuando no se puede, no se puede, y entonces, quizás, no se podía. Pero si ahora las nuevas tecnologías permiten cada vez más el ejercicio de los derechos con mayor igualdad, debe hacerse. Hoy en día, las denominadas nuevas tecnologías abren un abanico de posibilidades para conseguir acceder con recursos impensables años atrás a la educación, el trabajo, la cultura, la comunicación, el ocio o la autonomía personal, impensables entonces pero posibles ahora. Y si es necesario hacerlas accesibles, y casi siempre es posible, debe hacerse.

Cuando la tecnología nos ha demostrado que es posible una TDT accesible, deben ponerse los medios necesarios para que esos aparatos estén al alcance de los ciudadanos que lo necesitan. Hacer la vista gorda por quienes deben garantizar los derechos de los ciudadanos con especiales necesidades, es convertirse en cómplices necesarios de esa vulneración del derecho al acceso y uso de la información y la comunicación. Si es posible, en igualdad, en el mercado; y si el coste en igualdad es superior, subvencionado el sobrecoste. La necesidad nunca debe costar dinero añadido al usuario, el lujo o capricho sí.  En el Movile World Congress de Barcelona, citado antes, se han podido ver también las posibilidades que pueden tener las tabletas para desarrollar aplicaciones y contenidos que estimulen la capacidad cognitiva de personas con autismo. Conocer estas posibilidades que nos presentan las nuevas tecnologías sólo es posible si estas en estos eventos, si vas a ellos, y si vas además acompañado de quien te puede decir qué puede hacer con lo que allí se presenta. Es decir, si vas con una persona ciega, sorda o con cualquier otra limitación, y te puede decir: “Oye, que con esto yo voy a poder comunicarme, que con esto yo puedo estudiar, o que con este sistema yo puedo trabajar mejor, o puedo utilizar las redes”.

Las Administraciones Públicas quizás debieran ser las primeras en dinamizar el desarrollo de las nuevas tecnologías, porque hoy en día son una herramienta esencial para conseguir la igualdad y no discriminación, y así salvaguardar los derechos que se legislan. Cada vez va siendo más difícil escudarse en el “hoy por hoy no se puede”, y tampoco en el “no sé si se puede”. Señores, para eso estamos en la era de la sociedad de la información y la comunicación. Están muy bien los tours institucionales por centros especiales de empleo y centros ocupacionales, los congresos y macrocongresos nacionales e internacionales “de todo está muy mal y queda mucho por hacer”, los planes de acción y las estrategias, pero, ¿y si pagáramos parte de lo que se gasta es todo eso, para dinamizar la industria y encargar a una operadora o empresa del sector TIC’s algo así: “oye, sé que se puede conseguir hacer esto, el medicamento accesible o aplicaciones y contenidos para el autismo con las tabletas. Hazlo. Me he comprometido en conseguir la igualdad en el acceso a la información, y a poner los medios para conseguir una mejor educación inclusiva”.

Subamos a la nube, pero con los pies en la Tierra

Esta semana tuve la oportunidad de asistir a un Congreso monográfico centrado en el Cloud Computing organizado por la Fundación Dintel, y reconozco que salí de él francamente satisfecho, pero también con muchas reflexiones que circulaban por mi cabeza. La jornada estuvo repleta de excelentes intervenciones por parte de varios Directores Generales y Subdirectores Generales de la Administración, y completado con la  experta visión de primeras empresas tecnológicas del sector privado. Salí satisfecho por conocer que nuestra Administración y sus responsables tecnológicos están al día, lo que no me sorprendió pues conozco de cerca su calidad y competencia, con gran número de procesos y gestiones ya en la nube; y por ver el nivel de implantación de este no tan nuevo sistema de gestión  del trabajo y del tiempo “en la nube” aplicado en entornos privados, pero sí desconocido para “el público” hasta hace poco.

Volví reflexivo, dando vueltas en mis pensamientos a, entre otras cosas, si efectivamente estábamos volando hacia la nube, pero dejando de tener los pies en la tierra. Porque, y esto es indudable, junto a las evidentes ventajas que proporciona el Cloud Computing, me preguntaba cómo íbamos a lograr que se nos escapara de las manos tan “novedoso” y etéreo sistema, para evitar que vulnerara los derechos alcanzados para determinados colectivos con necesidades específicas de acceso a la información y el uso de aplicaciones informáticas. Eché en falta, en ese sentido, un análisis de cual era realmente el beneficio social y cómo no había riesgos de incurrir en nuevas discriminaciones, del mismo modo que quedó claro el enorme beneficio en la gestión de procesos del Cloud, de los tiempos, del ahorro económico, y de las virtudes del acceso en movilidad, por citar sólo algunas de las ventajas. Eché en falta, en definitiva, oír las palabras accesibilidad y usabilidad.

Me planteaba, entre mis reflexiones, si todos los últimos desarrollos legales que habíamos sacado en los últimos años con tanto esfuerzo, y algunos de ellos con poco más de dos años de “vejez”, como el RD 1494/2007 de condiciones básicas de accesibilidad a las NT o la ley 56/2007 de medidas de impulso de la sociedad de la información, se habían quedado obsoletos y sobrepasados. Todos ellos fueron desarrollados bajo premisas de sistemas de gestión, acceso e intercambio de información con estructuras y funcionamiento conocidos y probados, como internet, o formatos de uso tradicionales, como las emisiones de contenido en televisiones analógicas. Pero no llegaron a visualizar, creo que ninguno de nosotros, las grandes eclosiones sociales que se iban a producir con las novedades en el intercambio y gestión del conocimiento de los siguientes tres, cuatro o cinco años posteriores a la aprobación de esas normativas.

Me da la impresión que la legislación no ha podido prever la avalancha de novedades tecnológicas. En tan sólo los últimos cuatro años, de 2007 a 2011, se han introducido en nuestras vidas sucesos tecnológicos relacionados con el acceso y uso de la información que están cambiando nuestros hábitos y tratamiento de la misma. Como la accesibilidad a la TDT (sin resolver), la aparición de las redes sociales o el cloud computing. Todos van y están generando ya serios problemas de accesibilidad y usabilidad para muchos miles de personas. Mientras este año empiezan a comercializarse de manera masiva la televisiones con funcionalidades 3D, las personas ciegan siguen sin poder utilizar la televisión digital. Las redes sociales, que empezaron prácticamente como un divertimento, han superado el listón de la mera comunicación interpersonal, para convertirse en herramienta esencial de presencia en la red para las empresas, los negocios y los colectivos profesionales. Sin embargo, este novedoso sistema de presencia virtual, con la multiplicidad de estructuras diversas que conforman las redes sociales, poseen elevados niveles de inaccesibilidad y usabilidad; las redes están repletas de contenido no meramente textual, pero esencial para el acceso completo a su información. Cada vez son más las empresas y profesionales que vuelva información o utilizan las redes para “depositar” información, y miles de usuarios los que quedan fuera de ella. El cloud computing corre el riesgo de generar nuevas barreras sociales, impidiendo el acceso a aplicaciones e información, especialmente si se tiende a trabajar en nubes públicas o híbridas, sobre todo en el sector privado.

El riesgo evidente de que los avances tecnológicos avancen a ritmos tan acelerados y el uso de los mismos se generalice principalmente entre núcleos poblacionales expertos o jóvenes, puede dejar fuera de ámbitos educacionales, laborales, de ocio o de la misma comunicación a miles de personas no sólo con limitaciones o discapacidad, también de otros grupos de ciudadanos menos formados o preparados, o simplemente no preparados para absorber y utilizar las nuevas herramientas de intercambio y gestión del conocimiento, y del  uso y ejercicio de su derecho de acceso, uso y utilización de la información. No cabe duda que soluciones tecnológicas accesibles existen, quizás el riesgo que corremos es no tener soluciones legales utilizables, por quedarse obsoletas.

Recientemente un amigo mío, muy experto en  el uso de las tecnologías, se ha visto impotente al realizar sus gestiones en la sede virtual del servicio público de empleo con firma electrónica. Pero no es sólo el acceso al uso, la imposibilidad de llegar a utilizar o “comprender” notificaciones telemáticas, por citar otro ejemplo, al enviarse en formatos no accesibles, o no poder acceder a la aplicación donde está esa notificación por ser inaccesible, puede llegar a constituir una indefensión jurídica con consecuencias graves. Mientras los responsables públicos no dan abasto con reuniones y decisiones fuera del mercado y la realidad social, la industria tecnológica sigue presentando sus desarrollos y avances día a día, sin que aquéllos se enteren ni aprendan a utilizar su potencial en la implantación de las políticas y las defensas de los derechos reconocidos. A lo mejor estas reuniones de quienes después legislan, debieran hacerse dentro de eventos como el Mobile World Congress en Barcelona la semana que viene (es sólo un ejemplo), mientras descubren para qué sirven, qué aportan, qué soluciones accesibles y usables existen, y cómo se pueden y deben utilizar para beneficio de todos. 

La inteligencia de una sociedad tecnológica no se va a medir por el mayor o menor incremento de sus desarrollos técnicos, sino por la capacidad y posibilidad (y en esto último tienen mucho que decir los responsables políticos y públicos) de los componentes de esa sociedad para asimilar esos desarrollos y su rapidez en usarlos por cada uno de sus miembros, y aprovecharlos para un mayor crecimiento económico y del bienestar social. La incapacidad de asimilación por muchas capas de la población en los usos de las continuamente emergentes nuevas tecnologías puede estar llamando a producir serias brechas y diferencias sociales incluso dentro de los propios países. Cuando vemos una carrera ciclista, observamos que todos parten de una línea, y cada ciclista presenta inicialmente claros gestos de satisfacción e ilusión. Según avanza la carrera, se van subiendo montañas, el paisaje se hace más hermoso y llegas a la cima, ves que el mundo se encuentra prácticamente a tus pies. Sin embargo, sólo unos poco han llegado los primeros, la mayoría con bastante retraso, y algunos no han llegado. Si no se establecen mecanismos en la carrera tecnológica, para al menos participar por la mayoría de la sociedad del conocimiento y del uso que nos proporcionan las nuevas tecnologías y sus desarrollos, sólo tendrá el mundo a sus pies una minoría elitista de la población, y por tanto en sus manos las reglas del juego del devenir social. Y esa búsqueda en la carrera de la igualdad, sólo es posible imponiendo accesibilidad y, por supuesto, usabilidad. Y no sólo para las personas con discapacidad o limitaciones; gran parte de la población, más de la que pensamos o queremos ver, se encuentra limitada por conocimientos o diversas circunstancias, en saber o poder usar y aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías.   

Y ahora, hagamos lo que legislamos

No cabe duda de que el principal cliente de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y las comunicaciones, es decir, de las nuevas tecnologías, son las Administraciones Públicas tomadas en su conjunto (central, autonómicas y locales). Pero esa afirmación es errónea de base. Puesto que las Administraciones Públicas son financiadas con los dineros de los ciudadanos, el mayor cliente es el propio ciudadano, al que debe sumar como consumo el que él realiza como individuo. Y como decía José Luis López Vázquez a Gracita Morales en una conocida película española… “Señorita… ¡el cliente siempre tiene razón! Es decir, si como clientes demandamos unos productos y servicios accesibles y usables por todos, así debe ser. Si las Administraciones son las mayores demandantes (en su conjunto) de la industria de productos y servicios de nuevas tecnologías de la sociedad y la información, los principales impulsores de la utilización de tecnologías accesibles deben ser, por tanto, las Administraciones. Porque el cliente siempre tiene razón, debe imponer las condiciones de accesibilidad y usabilidad.

Pero además de tener razón como clientes, en los últimos años se ha reforzado esta razón con unos cuantos desarrollos normativos que la sustenten, por si acaso, y que puedan servir “de excusa” a las Administraciones para impulsar a la industria y la empresa a generar productos TIC’s accesibles y usables. Ahora que empieza a cerrarse un nuevo ciclo legislativo, vamos a ver si alguno de los desarrollos legales se cumple, como la información sobre el proceso electoral o la publicidad de los partidos en las televisiones públicas durante la campaña electoral. Puesto que serán anuncios audiovisuales en la mayoría de los casos, las empresas contratantes, los partidos políticos financiados también en parte con dinero público, deberán obligar a utilizar contenidos accesibles a la empresa contratista. El cliente que paga (en última instancia, ya hemos visto, el ciudadano) siempre tiene razón. Y además, para no torear al cliente, tenemos la Ley 29/2005 de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, que en su artículo 5. Accesibilidad a las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, dice: “Se procurara el más completo acceso a la información a las personas con cualquier tipo de discapacidad”. Porque las personas con discapacidad sensorial, aunque parezca increíble, también votan, y a muchas incluso les gusta saber lo que votan.

Poco a poco vamos a ver la utilidad real de medios de comunicación emergentes, como las redes sociales, y quizás podamos comprobar con sorpresa cómo se intenta volcar gran parte de la información que anteriormente discurría por medios tradicionales, escritos o visuales, por estos nuevos, más rápidos, inmediatos y baratos. Pero con el riesgo añadido de que no lleguen no sólo a quienes todavía “no están puestos” en ellos, sino también a quienes no pueden acceder a ellos por ser inaccesibles. Es decir muchos miles de ciudadanos. Unos no accederán por no saber usar estos nuevos medios, como las redes sociales; y otros por no poder usarlas, por no cumplir criterios de accesibilidad.

Y como somos clientes, y por tanto siempre tenemos razón, y en tanto meditamos mientras leemos un rato, vamos a ver también si se cumple la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, que dice en su Disposición Adicional Tercera: “Los planes de fomento de la lectura y los programas de apoyo a la industria del libro deberán tener en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad, especialmente en la promoción, difusión y normalización de formatos y métodos accesibles, como los soportes en alfabeto braille, los soportes sonoros, los soportes digitales o los sistemas de lectura fácil”. Si no estoy equivocado, los soportes sonoros y digitales y los sistemas de lectura fácil tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías, por tanto, supongo que cumplirán los criterios de accesibilidad y usabilidad.

¿No será mejor que compremos productos y servicios accesibles desde el principio, obligando a la industria o empresa que nos provea a cumplir los requisitos de diseño para todos, y no tener que comprar después diseños o productos específicos, sobre la marcha? Si adquirimos productos y servicios para todos, servirán para todos aquellos no tienen ninguna limitación, para los que la tienen, y para los que las van teniendo con el tiempo, y habrá por derecho que proporcionales estos productos TIC’s accesibles y usables.

Por cierto, tengo dos amigos con discapacidad a los que tengo que visitar, a ver qué tal les va. Uno está estudiando y andará con los exámenes, pero seguro que más animado desde que se están introduciendo las TIC’s en los colegios e institutos para modernizar el sistema, y desde que tiene garantizado su derecho regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, donde su art. 110. Accesibilidad manda dotar con los medios accesibles necesarios al alumno con discapacidad para realizar su formación. Pues seguro que igual que mi otro amigo, que trabaja en un organismo público, una lumbrera de ingeniero, pero que por su discapacidad va teniendo cada más limitaciones y necesita un sintetizador de voz, pero que también está completamente tranquilo desde que se aprobó el Real Decreto 2271/2004, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, ya que con su art. 10. Adaptación de puestos está completamente totalmente que va a poder desarrollar su trabajo. ¡Anda! Y ahora me acuerdo también que tengo que ver a otra amiga, víctima de la violencia de género, con una discapacidad intelectual, y que también estará contentísima al enterarse de todo, desde que se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y en la que su artículo 3.3 dispone que las “campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con discapacidad”.

¡Cuánto trabajo hecho en estos años! ¡Y ahora seguro que podemos disfrutarlo! Qué tranquilidad me produjo conocer que los equipos informáticos y los programas de ordenador –independientemente de que sea libre o esté sometido a derechos de patente o al pago de derechos– utilizados por las administraciones públicas, cuyo destino sea el uso por el público en general, van a ser accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad, de acuerdo con el principio rector de «Diseño para todos», como dice el art. 8 del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. Pero eso no es nada comparable  con la alegría que se va llevar un día de estos otro amigo ciego, cuando vaya a comprar un decodificador accesible para la TDT, para poder verla con otro amigo ciego que viene de fuera. Qué pesado está, desde que leyó el art. 11 de ese mismo Real Decreto, Condiciones básicas de accesibilidad a la televisión digital. 1. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de televisión digital, de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas. 2. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar a las personas con discapacidad la existencia de una oferta suficiente de equipos receptores de televisión digital que permitan recibir sus contenidos, faciliten la navegación a través de los menús de configuración, las guías electrónicas de programación, los servicios interactivos y otros contenidos textuales, así como todas las prestaciones básicas que ofrecen los receptores de televisión digital, de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y de diseño para todos. Y luego, encima, para ponerse más pesado todavía, leyó también la Disposición Adicional 2ª: Obligación de las Administraciones a garantizar la accesibilidad, de la Ley 10/2005 de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por cable y de Fomento del Pluralismo, que se le ocurre decir que las Administraciones competentes, previa audiencia a los representantes de los sectores afectados e interesados, adoptarán las medidas necesarias para garantizar desde el inicio la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de televisión digital terrestre. Bueno, eso no será difícil, porque como el anterior responsable de discapacidad del Ministerio puso todas sus fuerzas para que hace poco más de un año estuvieran casi para salir al mercado descos accesibles para personas ciegas, seguro que el actual responsable de discapacidad del mismo Ministerio también se ha dejado la vida en ello, y ya será posible encontrarlos en algún sitio.

¡Madre mía, cómo se me pasa el tiempo! ¡Todavía tengo  que pasarme por un registro oficial  a recoger un documento, y luego irme de viaje! Menos mal que ya no tengo que buscar a alguien para preguntar, porque desde que existe el Real Decreto 366/2007, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, que elimina también cualquier discriminación en los accesos a impresos, medios telemáticos y cualquier otra vía de comunicación oficial con la Administración, estoy la mar de relajado. Y luego corriendo a la estación, con la tranquilidad de que tengo garantizadas mis condiciones de accesibilidad visual y acústica en cada uno los nueve Anexos (cada uno dedicado a un tipo de transporte), del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Bueno, bueno… con tantas obligaciones y cosas que hacer en aspectos relacionados con las TIC’s, ¿no será el momento de empezar a introducir la obligación de que todos los productos y servicios TIC’s que se adquieran con dinero público, sean accesibles y usables? ¿No será más rentable? Al tiempo que se dinamiza y obliga a la industria y el mundo de la empresa a trabajar y diseñar bajo criterios de diseño universal, que es posible y mucho más rentable. Al fin y al cabo, somos los clientes. Y el cliente siempre tiene razón.