Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida: esos son los imprescindibles. (Bertolt Brecht)

Muchos me llamaran aventurero, sólo que de un tipo diferente y de los que ponen el pellejo para demostrar sus verdades. (Ernesto "Che" Guevara)

Aquellos que ceden la libertad esencial para adquirir una pequeña seguridad temporal, no merecen ni libertad ni seguridad. (Benjamín Franklin)

jueves, 23 de julio de 2015

Pacto de Honor, Responsabilidad Social

¿No debiéramos pensar en que la Ley, consiste en un pacto de honor entre un Gobierno y los ciudadanos?
No nos engañemos, la accesibilidad tecnológica, no es sólo responsabilidad de la industria, la empresa o el comercio. Es responsabilidad de todos, de todos los actores, pero donde debe jugar un papel principal el Gobierno y las Administraciones. Utilizando las tecnologías más adecuadas, accesibles y usables, en todos los procesos y servicios públicos. Y esto significa adquisición de tecnología accesible y usable; puesta a disposición de los funcionarios con discapacidad o capacidades diversas de la tecnología adecuada; puesta a disposición en las oficinas de información pública, en las web públicas, en los servicios públicos, de la tecnología con características apropiadas a todos los ciudadanos (contribuyentes). Esto significa inversión pública, e indefectiblemente incrementaría el interés del sector privado en la accesibilidad y usabilidad tecnológica. La Constitución, las leyes, los Reales Decretos o los Reglamentos no dejan de ser un pacto de honor entre los responsables políticos, los guardianes de los derechos de los ciudadanos que les otorgan esa responsabilidad, y la sociedad. Y debiera ser un pacto de honor reforzado, o debiéramos creer, en caso contrario, que un apretón de manos entre nuestros abuelos, tenía más validez que todo un cuerpo legislativo. Y más honradez. Cada vez más, la empresa y el comercio se dan cuenta de que las personas con diversidad funcional son consumidores de productos y servicios tecnológicos; ahora hace falta que el otro gran consumidor de tecnologías, productos y servicios haga su desembolso comprometido.
Reproduzco una carta que leí hace unos días, en el XL Semanal de ABC nº 1441,, de junio de 2015, en la sección La carta de la semana”. El título de la carta se llama “La mano y mi palabra”. Carta que decía:
“Mi abuelo era arriero, iba con las bestias de pueblo en pueblo y hacía y recogía encargos para los vecinos. Hace veintitantos años que se fue y siempre me acuerdo de él, más en estos días de programas, pactos y promesas. Él era una lección de vida. Tendría yo cuatro o cinco años cuando me dio la primera. Lo veía venir con sus mulas y salía corriendo a recibirlo, me subía a una de ellas y lo acompañaba a entregar los encargos. El vecino lo cogía, le daba un apretón de manos y quedaban en verse más adelante. Cuando era él el que necesitaba algo, pasaba lo mismo, se lo traían y se daban la mano. Curiosa, le pregunté si no pagaba lo que le habían traído; no hace falta, me contestó, le he dado mi mano y mi palabra. Su palabra. Su palabra era lo más preciado que tenía, eso decía, porque en ella estaba su honor, su honra, su vergüenza, y los hombres de bien cuando dan su palabra saben que tienen que cumplirla. Hacen falta hombres (y mujeres) como él, muchos. Mi abuelo Frasco era un hombre de palabra, y yo sigo admirándolo y echándolo de menos.”
Recordemos algunas “obligaciones”. En el año 2007, se aprobó la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. En su Disposición Adicional Vigésimo Cuarta, se dice “Los edificios, instalaciones y dependencias de las Universidades, incluidos también los espacios virtuales, así como los servicios, procedimientos y el suministro de información, deberán ser accesibles para todas las personas, de forma que no se impida a ningún miembro de la comunidad universitaria, por razón de discapacidad, el ejercicio de su derecho a ingresar, desplazarse, permanecer, comunicarse, obtener información u otros de análoga significación en condiciones reales y efectivas de igualdad”. Todo esto requiere tecnología, mucha tecnología, productos y servicios electrónicos accesibles. Sistemas de guiado inteligente en los campus. Portales web accesibles. Dotación de ordenadores, software y tablets accesibles… mucho dinero. Si la inversión se realizara y el compromiso se cumpliera, ¿no activaría la pasión por la accesibilidad al mercado?.
Estribillo (como en las canciones?: ¿No sería mejor un apretón de manos?. Y eso se hace continuamente cada vez que coincide un persona con discapacidad y un responsable del Gobierno, en algún acto, “encuentro con”, “visita a”, “comisión de”, o “anuncio de …”, por ejemplo de esta Ley.
Veamos otra. En el año 2011, se aprobó Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, que en su Disposición adicional cuarta, Accesibilidad a los servicios electrónicos, dice: “Las Administraciones con competencias en materia de justicia garantizarán que todos los ciudadanos, con especial atención a las personas mayores o con algún tipo de discapacidad, que se relacionan con la Administración de Justicia puedan acceder a los servicios electrónicos en igualdad de condiciones con independencia de sus circunstancias personales, medios o conocimientos”. Dice GARANTIZARÁN. Estupendo. Eso significa inversión, inversión tecnológica accesible y usable. ¡Es para toda la Administración de Justicia!. ¡Eso es mucho dinero!. ¡En bienes, productos, y servicios tecnológicos accesibles y usables!. ¿Incentiva o no incentiva al mercado de proveedores TIC’s, para poder entrar en la inversión?. Pero, ¿se está haciendo…?.
Estribillo (como en las canciones?: ¿No sería mejor un apretón de manos?. Y eso se hace continuamente cada vez que coincide un persona con discapacidad y un responsable del Gobierno, en algún acto, “encuentro con”, “visita a”, “comisión de”, o “anuncio de …”, por ejemplo de esta Ley.
Volviendo al 2007, en aquel año se aprobó también el Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social, que en su artículo 8 dice: “Los equipos informáticos y los programas de ordenador –independientemente de que sea libre o esté sometido a derechos de patente o al pago de derechos– utilizados por las administraciones públicas, cuyo destino sea el uso por el público en general, deberán ser accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad, de acuerdo con el principio rector de «Diseño para todos» y los requisitos concretos de accesibilidad exigidos, preferentemente en las normas técnicas nacionales que incorporen normas europeas, normas internacionales, otros sistemas de referencias técnicas elaborados por los organismos europeos de normalización o, en su defecto, normas nacionales”. Esto se aplica también a las campañas institucionales. ¡Qué maravilla! ¡Esto afecta a Educación, Sanidad, Transportes, Empleo Público y oficinas de Información, Cultura,... ¡cuánta inversión en tecnología accesible y usable! ¡Qué atractivo para las empresas si quieren participar en estas contrataciones públicas de inversión en tecnología!. Bueno, todo llegará.
Estribillo (como en las canciones?: ¿No sería mejor un apretón de manos?. Y eso se hace continuamente cada vez que coincide un persona con discapacidad y un responsable del Gobierno, en algún acto, “encuentro con”, “visita a”, “comisión de”, o “anuncio de …”, por ejemplo de esta Ley.
Y podríamos seguir con el más de centenar de Leyes y Reales Decretos que en los últimos diez años hablan de discapacidad, tecnologías, no discriminación, accesibilidad universal e igualdad de derechos. Pero me canso.
La empresa privada tendría que “ponerse las pilas” si en cada venta de bienes y productos, o en la contratación de servicios, o en las contratas públicas de cualquier tipo, relacionados con la tecnología o donde la tecnología esté presente (es decir, casi todos hoy día), se exigieran los criterios de accesibilidad y usabilidad necesarios para poder ser usados por todos los ciudadanos, con independencia de sus capacidades. Y eso de que no existe tecnología adecuada o apropiada, cada vez es más difícil. Perfecta no, pero sí cada vez más apropiada, con mayores niveles de accesibilidad y usabilidad.
Casi preferiría que los responsables públicos nos dieran la mano y sellaran el Pacto de Honor, la responsabilidad y el compromiso social, en vez de firmar tantas leyes y tantos Reales Decretos; parece ser que un apretón de manos (de las de antes, de manos sudadas por el esfuerzo), tenía ese “algo mágico”, que no deben tener las Leyes y Reales Decretos, de comprometer a las partes al cumplimiento del acuerdo, y salvaguardar así su honor. Y mucho menos, por supuesto, los programas electorales. Y eso que ahí sí que se aprietan manos, en los mítines.
En el siglo XIX, la gente se suicidaba cuando faltaba a su palabra, por haber ensuciado su honor y el de su familia. Claro que eso hoy día no es posible. Sería imposible cubrir las bajas que se producirían en el Gobierno, el Parlamento, el Senado, las Cortes Autonómicas y las Concejalías a un ritmo tan acelerado (siempre que actuaran así, por supuesto).

viernes, 3 de julio de 2015

¿Conocemos las tecnologías, o sólo estamos informados de ellas?

¿Estamos preparados para absorber el conocimiento (no la información) de la avalancha de tecnologías que están llegando: robótica, visión 3D, impresión 3 D, coches inteligentes, wearables, televisores inteligentes, NFC, beacons, realidad virtual,…?. El leer sobre ellas no es conocerlas; conocerlas es, además, saber usarlas y “exprimirlas”. Algo parecido a lo que antes escuchábamos de, cuando nos hablaban de un buen profesional, “conoce su oficio”; pero es que, hoy día, cada uno de nosotros tenemos un “oficio” común: usuarios de las tecnologías de consumo, comerciales, de uso común, y el conocerlas adecuadamente tiene una influencia mucho mayor de lo que nos damos cuenta en nuestra vida diaria. Y cada vez mayor, si pensamos que toda esta tecnología de “uso común” va a quedar englobada dentro del nuevo macroconcepto tecnológico denominado “Internet de las Cosas”. ¿Seremos capaces de llegar a conocer (no sólo a “saber de” o informarnos de ellas), al menos la mitad de la tecnología que nos va a envolver en nuestro entorno, o seremos meros observadores de nuestro alrededor tecnológico?. ¿Podría darse el caso que todos los aparatos a nuestro alrededor fueran más “activos intelectualmente” que nosotros, por ser capaces de cada vez más tomar decisiones por nosotros?. El “no conocimiento” (que no información) de la tecnología, puede ser bastante peligroso. Estas tecnologías emergentes “socialmente” acumulan cada vez mayor potencial, e impacto sobre la persona y social, por lo que el riesgo de este “no conocimiento” también acrecienta las posibles consecuencias.

La propia industria empieza a ser consciente de ello, y a lanzar algunos avisos. Es el caso de lo que puede ocurrir con el desembarco masivo de la Realidad Virtual en pocos meses. “Es un medio muy poderoso, hemos de tener mucho cuidado para asegurarnos de que la gente tiene la experiencia adecuada con él", ha explicado en una entrevista con Efe durante la feria E3 de Los Ángeles, este 2015, el consejero delegado de Sony Computer Entertainment, Andrew House. Manifestaba el directivo que las tecnologías de visualización y procesamiento han llegado a un punto en el que permiten crear una "sensación de presencia" transformadora capaz de hacer creer a la mente que se encuentra en un ambiente diferente al real. No hace falta ser muy experto para detectar las posibilidades sociales positivas de esta tecnología en campos como la educación, la cultura, la arquitectura o la rehabilitación, por ejemplo; pero tampoco hace falta ser experto para darnos cuenta de que una entrada en tromba de aplicaciones, elementos audiovisuales o juegos sin control, sin un conocimiento adecuado por parte del usuario de esta tecnología, podría llegar a generar reacciones sociales, y alteraciones psicológicas en el usuario, impredecibles. El “conocer” una aplicación o un juego, no significa conocer, sin comillas, la tecnología que la soporta, y su influencia en la persona. Cuando se prueba esta tecnología inmersiva, se puede entender lo comentado anteriormente.

El Internet of Everything (Internet de las cosas) o las conexiones entre personas, procesos, datos y objetos combinan distintas tendencias tecnológicas incluyendo vídeo, movilidad, Cloud, Big Data y comunicaciones máquina-a-máquina (M2M). El IoE formará parte del mundo físico (hogares, carreteras, supermercados, dispositivos biomédicos e incluso animales y personas) mediante sensores que generarán Terabytes (una barbaridad de datos, hablando en lenguaje común y no profesional) de información en la nueva economía de las aplicaciones. La estimación es que en 2022, las conexiones M2M podrían representar el 45% del total, mientras las conexiones persona-a-máquina (P2M) y persona-a-persona (P2P) supondrán el 55% restante. Resulta evidente que, en este conglomerado de tecnologías y conexiones, cada ciudadano va estar inmerso en un nuevo universo vigilado, de mensajes, de nuevas formas de comunicación, de acciones automáticas y semiautomáticas que van a realizar objetos conectados en nuestro entorno, de un nuevo sistema de comercio sin dinero, de “pasos francos” en lugares públicos controlados por procesos biométricos…Nos encontramos con dos problemas, problemas muy serios.

El “no conocimiento” por el ciudadano de las tecnologías que le van a rodear, (insisto, el estar informados de ellas no es conocerlas), le pueden dejar en situaciones aparentemente más cómodas, pero también más vulnerable. Hoy en día, que estamos casi en los albores de lo que viene, todo el mundo sabe y usa las redes sociales, el whatshap, la televisión digital o una tableta… ¿pero la conoce? ¿sabe los riesgos del Facebook o del whatshap? ¿”Conoce” como personalizarlo, controlarlo y usarlo de verdad?. Para evitar sus riesgos, y para ponerlo de verdad a su servicio. El segundo gran riesgo, que acrecienta el primero para un porcentaje significativo de la población, personas mayores y con capacidades diversas, es que nos olvidemos de la accesibilidad, y sobre todo de la usabilidad en la implementación de todos los servicios que va a generar esta nueva era tecnológica. De nada va a servir que tengamos tecnología accesible, y nos olvidemos de la usabilidad en el diseño de procesos y servicios. Esto, lamentablemente, se va a ver muy pronto en las nuevas “ciudades inteligentes” o “smart cities”. Tampoco va a servir que tengamos tecnología accesible, y la información generada en medios digitales, redes, transmitidas a través de mensajería o beacons, o el comercio electrónico, sea inaccesible.

La tecnología por sí sola no sirve para nada, su potencial aparece cuando se la conoce y cuando la conocemos, y esto incluye sus contenidos. Información no es conocimiento. “Conocerla” significa, entre otras cosas, aprovechar sus capacidades para poder ser usada en toda su plenitud por las personas y sus diversas capacidades. Es necesario generar conocimiento acerca de la tecnología de uso común. Cuando compramos un teléfono inteligente o smartphone, es muy habitual que venga acompañado de una miniguía donde pone cómo encenderlo, algo sobre la batería, cómo cargarlo, y tres cosas más. El resto para el manual, que ya suele estar en la nube y hay que descargarlo. La mayoría de los usuarios ni dan ese paso, y se quedan en instalar las cuatro aplicaciones comunes. Total, se quedan sin saber que su teléfono inteligente se puede configurar para usar con gestos muy sencillos, por la voz, cada vez más por mirada o detección facial, capturar una pantalla sólo pasando la mano por encima, o cambiar los tipos de letra… Si el fabricante incluyera en su miniguía estas “opciones mágicas” para casi todos los usuarios, estoy completamente convencido que añadiría un valor social inapreciable a su producto, valor del que ya dispone pero es desconocido, reforzando su imagen y atrayendo clientes. Cuántas personas mayores, con graves limitaciones de movilidad, o intelectual, utilizarían mucho más la tecnología de uso común. ¿A nadie se le ha ocurrido incluir un archivo sonoro con estas “capacidades mágicas” de las tecnologías comerciales?. Más sencillo, imposible. Aprovéchese el fabricante y comercializador de la cada vez más comodidad congénita del ciudadano digital.

Juan Pablo Lázaro, Presidente de CEIM CEOE Madrid, manifestaba en una mesa redonda, en el último Fujitsu World Tou en Madrid: “Decimos que estamos en la era de la sociedad de la información y del conocimiento, pero creo sólo estamos en la etapa de la información, aún no hemos llegado a la del conocimiento”. O quizás, simplemente, y referido a las tecnologías, sus novedades y crecimiento acelerado, el exceso de información sobre ellas nos impide conocerlas. “Llenar el cerebro de información superflua puede ser tan malo como no ejercitarlo”. Quien lo dice también sabe algo de esto. Es el neurólogo John Medina (Seattle Pacific University, EE.UU), que advierte que “muchos problemas de memoria (y de conocimiento, añado yo) no están causados por el deterioro de las neuronas, sino por las dificultades del cerebro para bloquear el exceso de datos”.

Lo verdaderamente importante es que los ciudadanos usen (manejen) las tecnologías, no que las tecnologías usen (manejen) al ciudadano. Y para ello el conocimiento (no información de la tecnología), sus usos y riesgos, es esencial. Las Tic’s están eliminando cualidades esenciales del ser humano, como pensar, investigar, descubrir y solucionar. Y, por supuesto, leer, desgraciadamente, salvo los “titulares” de twiter. Ni tan siquiera las instrucciones de los cacharros Tic’s, para evitar estar precisamente a su merced y ser nosotros quienes las usemos de manera consciente. En cierta medida, nos estamos convirtiendo en “mentes dominadas”.

Lo importante de la tecnología no es la tecnología en sí, sino el conocimiento de ella (no la “información de” o “el saber de”), cómo usarla y “saber” para qué sirve. Que la persona “común”, es decir, fuera del ámbito profesional o científico, aprenda a utilizarla de forma que le facilite, simplifique y ayude en su vida diaria. Los fabricantes y comercializadores de las TIC debieran empezar a darse cuenta que generar conocimiento acerca del potencial y uso de sus cacharros, lo que atrae, visto desde el lado egoísta o “capitalista”, es clientes y consumidores. Al igual que los proveedores de servicios, que debieran convertirse casi en verdaderos expertos del uso de las TIC comerciales, cada uno en su sector, para enseñar al usuario-cliente, con independencia de sus capacidades, a usarlas para, en definitiva, que les pidan más servicios. Todo esto involucraría, además, a los sectores profesionales y comerciales, en la presión para perseguir una mejora cada vez mayor en la accesibilidad y usabilidad de la propia tecnología, dándose cuenta, al interactuar como “enseñante” directamente con el cliente, de su necesidad.


miércoles, 6 de mayo de 2015

La vida es lo que te pasa mientras estás ocupado en otros planes



Y eso, me da la impresión, es lo que le ocurre a la sociedad actual, integrada por millones de ciudadanos corrientes, y otros pocos “pensantes”. Este paradigma es especialmente preocupante cuando hablamos de Smart Cities o Ciudades Inteligentes. Pero, para que fuera totalmente adecuada esta frase de John Lennon, sería mejor adaptarla: “la vida es lo que te ocurre a ti, ser corriente, mientras los pensantes están ocupados en otras cosas”. Y no precisamente en solucionar, o aplicar las tecnologías, para arreglar tus problemas de hoy: para moverte si eres ciego, para  comunicarte si eres sordo, para salir de casa, para realizar tus gestiones y ejercer tus derechos públicos y privados, para entender a tu médico o abogados si tienes limitaciones cognitivas, … y para generar negocio a partir de las necesidades de hoy. Y mucho más preocupantes es, y aunque suene tremendamente fuerte, cuando la inmensa mayoría de los que se entretienen en diseñar esos otros planes futuros para nosotros, no tienen ni puñetera idea de la diversidad funcional ni de la realidad social, por muy presidentes, vicepresidentes, directores generales o ejecutivos que sean de sus empresas, e incluso de sus empresas sociales y fundaciones, muchas veces.

Resulta que estamos gastando una ingente cantidad de dinero en reuniones, congresos, informes, viajes y demás añadidos para que nos diseñen la ciudad en que supuestamente viviremos mañana, mientras dejamos de invertir en tecnología y recursos tecnológicos ya presentes, y en evolucionarlos, para solucionar los problemas del día a día del ciudadano. Y en enseñar a usarlos. Sencillamente, para que puedan vivir, y gestionar su vida de manera autónoma. Y conviene recordar, para quién aún lo dude, que invertir en desarrollos tecnológicos accesibles, generar contenidos y conocimientos a disposición de todos, también hace crecer el negocio, la inversión, dinamiza el mercado e incrementa los clientes-consumidores. Y a día de hoy, no en un futuro diferido que quizás ni disfrutemos.

Por cierto, que invertir en este sentido, también llega necesariamente, e indefectiblemente, a crear ciudades inteligentes. La única diferencia es que se crean de una forma más tradicional, poniendo primero los cimientos, luego el ladrillo, y después elegimos las tejas. Si lo hacemos al contrario, a lo mejor nos caemos desde el tejado antes de poner los ladrillos del suelo. Y luego nos comprarán la parcela y los escombros los chinos, dicho con todo el cariño.

Hace unas semanas, leí un artículo (que difundí a través de twiter y linkedin)  que me llamó muy positivamente la atención. Resulta que existe un señor en un pueblecito de Andalucía, Jun, que además es alcalde, que además conoce las tecnologías y su potencial, y que además piensa. Este señor se llama José Antonio Rodríguez Salas. Hasta tal punto, que las iniciativas que ha puesto en marcha utilizando las redes sociales y los smartphones para generar bienestar social en su pueblo y hacer más eficientes los servicios públicos han llamado la atención de Deb Roy, profesor asociado del MIT Media Lab que dirige el departamento dedicado a las redes sociales; así como de su compañero William Powers, autor del best-seller ‘La Blackberry de Hamlet’.

José Antonio ha puesto en marcha una verdadera Administración Digital, involucrando a todos los funcionarios públicos y a los ciudadanos, utilizando una aplicación que es de uso común, Twiter. Se decidió que cada uno de los funcionarios tuviera una cuenta de Twiter, de forma que los ciudadanos, la parte viva de una ciudad (algo que los “pensadores” de las smart cities olvidan que existe), pudieran informar en tiempo real a los funcionarios públicos de cualquier incidencia. Los agentes de la Policía Municipal también usaban su cuenta, e incluso una genérica de la policía que además se imprimió en los coches de policía. De esta forma, las ciudadanos podían mandar avisos, denuncias e incidencias directamente, en tiempo real y 24 horas, sin intermediación telefónica.

Si un ciudadano va por la coche, y detecta alguna irregularidad (farolas sin luz, pavimento o aceras en mal estado, ramas caídas, fugas de agua, o cualquier otra), el ciudadano manda un mensaje al alcalde o los funcionarios, estos avisan a los técnicos para su reparación, éstos la realizan y dan cuenta de esta reparación, y se soluciona. En tiempo real, sin más burocracia, y todo a través de Twiter. Parece ser que la imaginación de José Antonio es ilimitada, casi tanto como el potencial que proporcionan las tecnologías cuando se sabe utilizarlas en toda su extensión. Mediante Twiter, se manda el menú de los colegios a los padres, estos también pueden indicarle si “el niño” o “la niña” tiene alguna dieta especial. También se puede avisar para que la máquina limpiadora o barredora retire residuos o basura de la acera; esto es posible porque la máquina también tiene su cuenta de Twiter, faltaría más. Y por supuesto, desde el Ayuntamiento y los centros públicos se manda información sobre cursos, talleres, conferencias o iniciativas públicas a través de Twiter. Burocracia cero, efectividad 10. En definitiva, y como pone el artículo, “una ventanilla de información, reclamaciones y sugerencias ‘full time’. Y, como no podía ser de otra forma, esta forma de comunicación y de “usos tecnológicos” ha trascendido al sector privado, y ya las tiendas, restaurantes y comercios lanzan sus menús, ofertas y promociones al ciudadano a través de sus cuentas de Twiter. Es decir, también beneficio económico y activación del mercado.

Para quien usa Twiter, sabe que, entre otras cosas, tiene tres acciones muy interesantes socialmente: puedes “retuitear” (rebotar) los mensajes, señalar como favoritos, y mandar mensajes directos a alguien; esta acciones sirven, de esta forma, como un cierto control de la efectividad de servicios y funcionarios, y para ver la satisfacción de los ciudadanos. Hasta tal punto ha llevado su fé en este sistema el alcalde, que, transcribiendo textualmente, “Hasta tal punto llegó la implementación del sistema, que en enero de 2012, cuando el Gobierno central decidió ampliar el horario laboral de los empleados municipales hasta las 37,5 horas, el Ayuntamiento de Jun aprobó que su plantilla cubriría esas dos horas y media extras haciendo ‘guardia’ desde su casa con sus perfiles”.

Cuando el alcalde ideó su Administración Digital, que bien podría llamarse inteligente, lo hizo no sólo para hacer más eficaz los servicios públicos, sino también para facilitar la vida de “sus ciudadanos”: eliminando barreras (físicas y burocráticas), generando conocimiento, agilizando soluciones a problemas, y, en definitiva, proporcionando autonomía y bienestar social. Poner la tecnología al servicio de la persona. Y los servicios públicos al servicio de la persona. Y las smart cities al servicio de la persona. Pero para ello es necesario que la persona, el ciudadano, con independencia de sus capacidades, sea capaz de poder y saber usarlas, las tecnologías y su potencial. Por este motivo, es imprescindible que, antes de meternos con esos macroespacios de “ciudades inteligentes”, nos centremos en esos microespacios menos rimbombantes, llamados viviendas, y las hagamos accesibles, usables y “encaminadoras” hacia esa ciudad inteligente. Mientras no nos centremos en desarrollar y adecuar los entornos domésticos, y también laborales, bajo el paradigma del Hogar Digital y la eliminación de barreras en espacios comunes y servicios públicos, podremos tener unas ciudades “robóticas” y “digitales” preciosas, pero sólo utilizables por una parte de la población.

El ejemplo del pueblo de Jun, o más bien de la genialidad de su alcalde, lo he traído a modo de ejemplo de cómo rentabilizar los servicios de un pueblo, las NECESIDADES de los ciudadanos con tecnología actual; a partir de ahí, se podrían ir generando los espacios integrados conscientes, término acuñado por mi buen amigo Valentín Fernández, y después las ciudades inteligentes. “Espacios Integrados Conscientes” que viene a ser, en palabras llanas y simples, desarrollar las grandes infraestructuras y servicios partiendo del Hogar Digital accesible y usable, después espacios físicos acotados y cercanos al ciudadano (accesibles y usables), enlazados con el Hogar Digital que vendrían a ser, en esencia piezas de un puzzle adecuadamente definido pero autónomas, que deben ir encajando entre todas para llegar a esa maravillosa “Ciudad Inteligente”, o siendo “más internacionales” y snobs, smart cities.

Por cierto, en el artículo se hace una reflexión muy interesante, que aún no se la he oído a las “mentes pensantes” que están ocupadas en diseñar esos otros planes” mientras “la vida es lo que nos pasa a los demás seres corrientes solucionando nuestros problemas día a día (entre ellos, superando barreras físicas y digitales)”. La reflexión es, transcribiendo textualmente el artículo:

“Pero este sistema que persigue conseguir una administración más eficaz y trasparente, tiene que funcionar en dos direcciones. ¿De qué sirve que el agente municipal pueda atender estos avisos desde el móvil si los más mayores del pueblo no pueden hacer uso de la plataforma porque no la entienden? Pensando en eso, se pusieron en marcha cursos y talleres para que la idea no quedase en papel mojado y el proyecto de Administración ‘tuitera’ se hiciese realidad. Es decir, ¿estarán preparados gran parte de los ciudadanos, o sabrán o podrán, usar tanta “inteligencia”?

Para quién desee leer el artículo referido, y en el que está basado este post, lo puede leer en:

viernes, 20 de marzo de 2015

La universalidad de internet como derecho



Ha sido un verdadero placer releer la entrevista a Michail Bletsas, jefe de computación del MIT Media Lab, aparecida en el diario El Mundo a finales de noviembre del 2014. La clarividencia que demuestra en su análisis de aspectos cruciales y cambios sociales que las tecnologías han supuesto, y están suponiendo, en las sociedades actuales y estructuras organizativas socio-políticas, bien podrían tenerla gran parte de responsables públicos. Porque es evidente que lo que está cambiando nuestras sociedades y formas de comportamiento actuales, son dos factores: los poderes económicos, y las tecnologías; no “sus” ideologías. Y dentro del análisis que realiza Michail, adquiere relevancia la importancia de la conectividad para el bienestar global del planeta. Algo que el fundador y CEO de Facebook Mark Zuckerberg lleva meses pregonando y persiguiendo, no sé si por pura conciencia social, o por pura lógica de negocio; y que ha vuelto a reafirmar en el Mobile Worldd Congress de Barcelona manifestando que “hacer llegar Internet a todo el mundo es una prioridad social”. Sin embargo, no creo que ninguno haya reparado en un aspecto realmente importante y trascendental de la conectividad universal, y es que ésta es el primer eslabón para la accesibilidad a las TIC’s. Cuando las tecnologías eran estancas y autónomas, sin conexiones, la accesibilidad de aparatos y aplicaciones se reducía a eso, a tratar de hacer accesibles  y usables el equipo informático o electrónico “doméstico”. Hoy, cualquier aparato sin conexión a la red global no tiene demasiado sentido, porque lo importante es el acceso a la información “fuera de”, la comunicación con otros usuarios y aplicaciones, y la gestión de nuestros servicios a través de la red. Es decir, a lo que entendemos como accesibilidad de las tecnologías, o tecnologías accesibles, se ha unido la capacidad o no de poder acceder al uso de la tecnología conectada.

Michail hace una afirmación muy seria, al incorporar la conectividad a internet como un derecho humano:

“La nueva gran ola tecnológica estará marcada, entre otros 'big things', por la incorporación a internet de amplias capas de población mundial, todavía al margen de la red. ¿Qué va a suponer? «Tenemos que aclarar qué significa entrar en el mercado para estas sociedades. Pueden conseguir productos culturales, al principio serán muy vulnerables a las grandes tendencias, como la moda, pero lo que tiene que ocurrir a escala mundial es que debemos asumir que la conectividad a Internet es un derecho humano. Nadie duda de que el acceso a una red de transporte decente es algo que todas las ciudades deberían tener; lo mismo tendría que cumplirse para el transporte de la información. Hay sectores cuyo negocio depende de que mucha gente tenga o no acceso a Internet”.

Y no le falta razón. El conocimiento está pasando de encontrarse en soportes físicos a encontrarse en entornos digitales “intangibles”, mucho más allá de los discos duros de nuestro ordenador, de cd’s o dvd’s, o de las memorias de nuestras tablets. Los servicios públicos están sufriendo la transformación de su gestión caminando hacia la Administración electrónica, la sanidad a lo digital y la telemedicina, y la educación a lo online; la “desconexión” de las redes o inaccesibilidad a internet significa, de este modo, el aislamiento social y la pérdida de un acceso al conocimiento que hoy en día es imprescindible para, entre otras cosas, la generación de bienestar social e igualdad de oportunidades. Disponer de terminales con soluciones de accesibilidad y usabilidad carece prácticamente de utilidad, si no nos permite el acceso a los bienes, productos y servicios que la sociedad de la información está generando continuamente.

Michail Bletsas mantiene en la entrevista que “los efectos positivos de internet son sobrecogedoramente superiores a los negativos, aunque éstos sean también muchos”. Yo soy de la misma opinión. Podemos hablar de la falta de accesibilidad a los contenidos, aplicaciones y servicios que están presentes en la red; es cierto, todo esto es un verdadero problema para personas ciegas, personas sordas o con problemas auditivos que necesitan subtítulos en contenidos audiovisuales, o textos comprensibles para muchos mayores o personas con limitaciones intelectuales. Pero también es cierto que la presencia y acceso a todo ello a través de internet nos permite llegar a ellos: unos accesibles, muchos con falta de accesibilidad y otros muchos accesibles limitadamente. Pero sin internet, el número es 0. No podemos caer en la negatividad y negar, efectivamente, la superioridad de los aspectos positivos de internet. Entre ellos, la generación de un conocimiento global sobre las distintas capacidades de las personas que componen las sociedades. La propia industria tecnológica hace tiempo que es consciente de ello; internet ha eliminado las barreras físicas para acercar el consumo de bienes, productos y servicios a la persona. Internet ha ampliado en millones de potenciales consumidores su mercado de ventas. Pero la aparición en el panorama tecnológico de cada vez más actores que quieren participar en el “pastel”, hace necesario incrementar necesariamente ese número de potenciales consumidores. Y esto sólo es posible de dos formas: dotando de internet hasta el último rincón conocido; e incrementado accesibilidad y usabilidad, que permita no dejar fuera del mercado a millones de personas-consumidores. De esta forma, podemos entender que esa búsqueda de la accesibilidad y usabilidad es un aspecto positivo más de internet, producto del conocimiento social que la red ha propiciado, y no centrarnos en la falta de accesibilidad adecuada actual de aplicaciones y contenidos. Porque estoy convencido que ese aspecto positivo, esa búsqueda de soluciones unido al avance en los desarrollos de software adaptativos y capacidades cognitivas, acabaran eliminando esas barreras. Pero, efectivamente, para todo ello la pieza clave es internet. De hecho, sin acceso a internet, debiéramos cuestionarnos el adjetivo “universal” cuando hablemos del resto de “derechos”: a la sanidad, a la educación, a la libertad de comunicación, a la justicia…

El análisis que hace Michail Bletsas a lo largo de la entrevista de múltiples aspectos de nuestra sociedad de la información y la comunicación actual es de pura lógica, cuando paramos a reflexionar sobre ellos. De hecho, recuerda un poco a los libros denominados de autoayuda: pura lógica. Todo tiene “pros y contras”, mantiene, y el ciudadano debe ser consciente de ello. La tecnología es buena en sí misma, el uso que hagamos de ella no depende de esa tecnología. La facilidad de acceso a contenidos digitales, especialmente de lectura y educativos, tiene muchos pros, y también quizás contras: es esencialmente gratuita o al menos en un porcentaje muy alto cuesta menos, por lo que elimina barreras económicas; acerca mucha más información, con mucha más diversidad de opiniones e ideologías, a millones de ciudadanos; permite que decenas de miles de personas ciegas accedan, mediante sus dispositivos móviles, a un universo de conocimiento antes limitado por la conversión a braille,… ¿Que afecta a los sistemas editoriales y de prensa tal como los conocemos?. Por supuesto. También la imprenta, la máquina de vapor, la revolución industrial y el propio ordenador personal afectaron a sectores de mercado tradicionales. Pero la tecnología siempre ha supuesto una reestructuración social y de los sistemas económicos y productivos, y nunca ha significado el ocaso de una sociedad, todo lo contrario. Siempre, los beneficios han sido muy superiores a sus perjuicios. Y siempre, ha significado un avance en la “accesibilidad” a bienes, productos y servicios, aún con su imperfección en, aún siendo redundante, su “accesibilidad”. Porque la tecnología, sin duda, hace evolucionar la accesibilidad. Sin tecnología, la accesibilidad es nula prácticamente; con la ayuda de la tecnología, cada vez más. Pero, para la “accesibilidad” a la tecnología conectada, internet debe, desde luego, convertirse en un derecho.

Todo este nuevo ecosistema de acceso a la información, ha transformado hábitos, usos, costumbres y sistemas de trabajo; Michail lo argumenta debido al modo es “cómo consumimos” toda esa información digital, que además ha incorporado a millones de personas al circuito del conocimiento y de la comunicación, antes alejadas por múltiples circunstancias (mayores, con discapacidad sensorial o intelectual, escasa alfabetización, entornos físicos rurales o alejados…). Pero también está haciendo (o debe hacer), cambiar radicalmente el cómo entendemos determinados derechos, tomando especial relevancia el de la privacidad. De hecho, por ejemplo, una defensa de la privacidad a ultranza podría llevar a frenar de manera muy significativa avances científicos que requieren datos personales, nuevos servicios públicos y privados que necesitan de algunos de ellos, e incluso desarrollos de productos y servicios tecnológicos basados en reconocimientos biométricos o desarrollos cognitivos, capaces de detectar rasgos personales y funcionales de la persona. Por ello, Michail lo califica como una nueva era, que sólo puede estar basada en la “confianza”. Y respecto a ello, realiza unas cuantas afirmaciones entiendo muy acertadas:

“En nuestro esfuerzo por preservar algo que más o menos se ha perdido ya, como la privacidad, no perdamos las ventajas positivas.

Como usuario te debes dar cuenta de que cuando utilizas un servicio gratuito es porque tú eres el producto. Tiene pros y contras. Estamos en un periodo de transición. Tenemos que ser capaces de ver las compensaciones que hay y enseñárselas a la gente.

Si observas el negocio 'cloud' desde la perspectiva del consumidor, es una cuestión de confianza: confías en que el suministrador de la red no va a abusar de tus datos personales. Hemos entrenado a la gente a aceptar muchas cosas gratuitas sin ser consciente de lo que está dando a cambio.

…las expectativas de privacidad del siglo XX no son realistas ya.

El beneficio para la sociedad podría muy bien superar la pérdida de privacidad.

En las redes sociales, para empezar, nada desaparece, alguien lo tiene que borrar y la única forma de hacerlo es utilizando métodos cuánticos. La información es mucho más permanente de lo que la gente cree.”

Si llevamos al límite la “supuesta protección de nuestra privacidad” al total, pondremos un freno muy importante a beneficios tecnológicos, y entre ellos, a desarrollos de tecnologías cognitivas y adaptativas para lograr una mayor accesibilidad a contenidos, servicios, y formas de comunicación. La solución quizás no es meter la privacidad personal en un bunker, sino establecer un control adecuado y lógico de cómo se usa esa “supuesta privacidad”, para qué y por quién. Podemos autoengañarnos creyéndonos que la conectividad es neutra y no espía; bien, que así sea. Si es así, no tendría sentido, por ejemplo, el llamado Big Data, ni rentable el Internet de las Cosas. Cada vez que nos conectemos para usar un servicio o utilizar una aplicación, lo hacemos a través de internet; y si lo quremos como derecho universal, debemos tener claro que, mal que nos pese, los derechos no son gratis. Entonces, pensemos mejor en los beneficios, y explotémoslos al máximo.

La legislación nunca puede ser eficaz hoy día si no sabe utilizar los recursos Tic’s que existen para favorecer la igualdad en el ejercicio de derechos. Y, curiosamente, favorecer el ejercicio de derechos también es un arma eficaz para dinamizar el mercado, haciendo visible la necesidad. E incrementa el bienestar social y la igualdad generando accesibilidad, aún cuando tengamos que renunciar a parte de nuestra privacidad y “socializar” parte de nuestra vida.

viernes, 16 de enero de 2015

¿No tendría que pagar yo menos impuestos, si no tengo la tecnología adecuada para ejercer mis derechos?



Tengo las mismas obligaciones, pero no las mismas condiciones para ejercer mis derechos y cumplir esas mismas obligaciones. Si no puedo utilizar los servicios públicos en igualdad, ¿tengo que pagar lo mismo?. Y más, cuando los servicios públicos están hoy día tan vinculados y son tan dependientes de las TIC’s. Cuando se aprobó la Constitución, se establecieron derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, pero no existían medios para garantizar su ejercicio y plena eficacia en igualdad para todos. Hoy las Tic’s lo permiten, al menos para la mayoría de personas independientemente de sus capacidades, y en la mayoría de situaciones o actuaciones. Así, ¿si no se implementan recursos Tic’s accesibles y usables para votar, hacer declaraciones de impuestos, estudiar, acceder a la cultura, a los transportes públicos o a los servicios de la Justicia, tengo que pagar lo mismo, si necesito estos recursos, existen, y no se me proporcionan??.

En 1978 la tecnología (de consumo) consistía en nuestra televisión de dos cadenas, la radio, nuestro teléfono fijo y los electrodomésticos tradicionales; ni siquiera había llegado el ordenador personal a los hogares, ni los primeros Spectrum y Ataris. Hoy tenemos televisores inteligentes y radios digitales, tecnología en movilidad de altas prestaciones (teléfonos inteligentes, tabletas, portátiles ultraligeros…), documentos digitales, tecnologías de reconocimiento biométrico, sistemas de guiado y señalética inteligentes, cine en 3D y resoluciones impensables entonces, código QR y etiquteas inteligentes NFC, impresoras en 3D, redes sociales, banda ancha en intranet y comunicaciones, Realidad Aumentada y Realidad Virtual, domótica… y cientos de aplicaciones, interfaces, software y servicios digitales sobre ellos, que permitirían solucionar muchas brachas e injusticias sociales: internets y web’s accesibles, sistemas de reconocimiento de voz a texto y viceversa,  videoconferencias en lenguas de signos y para quien no puede desplazarse, diseños interactivos adaptados para cada dificultad cognitiva, asistentes virtuales y personales en smartphones y tabletas, manejo de nuestros teléfonos, tabletas o televisores inteligentes por gestos, la voz o nuestros ojos… en definitiva, nada que ver el entonces y el ahora.

Hoy en día, las Tic’s permiten la igualdad de acceso a los servicios públicos, con independencia de las capacidades de cada persona. Al menos, en gran medida. Entonces, si no es así, ¿tengo que pagar igual?. Y si no puedo ejercer mis obligaciones en igualdad, ¿tengo que pagar una multa, o denunciar a la Administración correspondiente y que me pague a mi?. Hace unos meses me decía un amigo, dado de alta como autónomo, que le resultó imposible hacer la declaración resumen anual del IVA sin ayuda. El tiene muy baja capacidad visual, la declaración sólo se puede hacer por internet, y ni el formulario ni la aplicación eran accesibles. Si no la hace, multa al canto y consecuencias diversas. Me pregunto, ¿debiera estar obligado  si no le ponen las herramientas adecuadas?. ¿Debiera pagar la parte proporcional de impuestos que va a Hacienda o a la Agencia Tributaria? ¿Podría denunciar a la Administración, y pedir la correspondiente indemnización, por impedirle ejercer sus obligaciones como contribuyente?. Porque, desde luego, a día de hoy es completamente posible hacer una web accesible, un portal de internet accesible, unos procedimientos de internet accesibles, y utilizar aplicaciones y programas de gestión accesibles.

Es muy fácil escribir leyes, pero no olvidemos que las leyes son obligaciones recíprocas; si la Administración no me pone los recursos tecnológicos accesibles y usables necesarios para ejercer mis derechos y cumplir mis obligaciones, ¿tendría que pagar los mismos impuestos y sufrir las mismas retenciones?. Cuando se aprobó la Constitución, es cierto que no se podía obviar establecer los mismos derechos y obligaciones para todos los ciudadanos, con independencia de sus capacidades o circunstancias; hubiera sido discriminatorio, desde luego. Pero sin embargo, existía la excusa de que no había forma de conseguir ese pleno ejercicio de derechos y obligaciones, “no existía” tecnología apropiada. Treinta y seis años después, estamos en otra sociedad, la sociedad de la información y la comunicación, y no existe posibilidad de comparación posible entre las dos épocas. La Constitución ahora tiene un grave problema. Y el problema para la Constitución (y quién debe garantizar su cumplimiento), es que ahora sí existen recursos tecnológicos para eliminar, al menos en gran medida, esa brecha social.

Resulta que la Constitución tiene un TÍTULO PRIMERO al que llama “De los Derechos y Libertades Fundamentales”. Y dentro de él, existe un “Capítulo II. Derechos y Libertades”. Y dentro de este capítulo, unos cuantos artículos muy interesantes.

Como dice el “Artículo 19. Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.” Yo me pregunto, ¿Cómo va a elegir libremente su residencia una persona con movilidad reducida (es decir, limitaciones físicas, ciegas, sordas o con discapacidad auditiva), si la mayoría de los edificios públicos y privados no reúnen las debidas condiciones de accesibilidad y usabilidad, para permitir la autonomía?. Y esto incluye, aparte de los tradicionales ascensores y salvaescaleras, aperturas de puerta automática, sistemas de guiado inteligente en interiores, señalética adecuada, avisos de alarma visuales y acústicos, sistemas de apertura automática de espacios comunes… ¡Será por tecnología para solucionar estos problemas! Y mucha de ella bien económica y potente, como mediante etiquetas inteligentes  NFC. Claro que lo del punto 5, “circular libremente por el territorio nacional”, ¿se lo podríamos decir a los ciegos en las ciudades, donde sigue habiendo una carencia tremenda de semáforos accesibles? ¿Y sistemas de aviso hoy posibles a través de los smartphones y sus GPS para localizar lugares públicos, o privados? ¿o una señalización e información accesible en espacios públicos para personas sordas o con discapacidad auditiva?. Porque tecnología va habiendo… En ese caso, ¿tendría que pagar mi parte de impuestos que van al Ministerio de Fomento, o a la Concejalía autonómica o municipal correspondiente? ¿Me tendrían que indemnizar, por no poder usar este artículo de la Constitución, existiendo tecnología para garantizarme el derecho?.

O como el “Artículo 23.1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal; y 2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos…”. Claro que, si no puedo votar por tener discapacidad sensorial (ciegos o discapacidad auditiva) o intelectual, y existiendo tecnología y recursos tecnológicos para ello, no los ponen a mi disposición, ¿tendría que pagar mi parte de impuestos que va a Presidencia de Gobierno y Administraciones Públicas?; ¿me tendrían que indemnizar por no poder ejercer mi derecho habiendo medios tecnológicos?. Y poder, se puede; si no, miremos a SCYTL, empresa catalana especializada en voto por internet y gobernanza electrónica, con clientes en Estados de medio mundo, y que ha enamorado a Paul Allen, socio fundador de Microsoft con Bill Gates, hasta el punto de invertir 30 millones de euros en ella.

O como el “Artículo 24.1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.” ¿pero y si soy ciego, y no recibo las notificaciones, recursos, sentencias e información en formato digital accesible?. ¿Y si tengo discapacidad auditiva y no me entero de lo que me está preguntando el fiscal, abogado de la otra parte o juez, por no estar en salas con bucles magnéticos?; ¿y si voy en silla de ruedas y no puedo abrir la puerta sólo (pudiéndose automatizar), o subir a la sala del proceso (por no haber elevadores si hay barreras). Y si soy profesional de la abogacía (Juez, abogado, fiscal, procurador), ¿Y no me entero de nada en los cursos que dan los Colegios Profesionales, conferencias y jornadas, por no estar subtitulados los eventos?. Por cierto, esto es aplicable a todas las ramas de las Administraciones y Servicios Públicos.

O como el “Artículo 27”, que dice “1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza; y 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación”, entre otras cosas. Claro que, 36 años después, sigue habiendo ciudadanos-estudiantes con discapacidad funcional, sensorial o intelectual; pero también una tecnología mucho más avanzada, que permite a las personas ciegas tener documentos y material educativo digital accesible, a las personas sordas o con discapacidad auditiva recursos de reconocimiento de voz que transcriben a texto en tabletas u ordenadores, instalar bucles magnéticos en las aulas, y generar documentación digital en formato de lectura fácil para alumnos con discapacidad intelectual. En fin, unos cuantos recursos tecnológicos, y cada vez más, cuya disposición para alumnado y profesorado con determinadas limitaciones, debieran tener a su disposición. Y si no es así, y lo necesito para mí o para mis hijos, y la tecnología permite eliminar esa brecha o parte de ella, ¿tendría que pagar mi parte de impuestos que van a Educación, o incluso tendría que ser además indemnizado por el perjuicio sufrido?. La situación se agrava, (¡qué paradoja, ahora, cuándo hay más tecnología y mejor para facilitarla!), cuando los procesos y sistemas educativos utilizan cada vez más, (y dentro de poco prácticamente todo), entornos y plataformas digitales, documentos digitales, sistemas de comunicación alternativos y en continua evolución, redes sociales y recursos emergentes, como realidad aumentada o sistemas inmersivos.

¿Y en la Sanidad y los Servicios Públicos sanitarios y sociales?; ¿Y en la cultura, en los cines, teatros y museos públicos?; ¿y en los servicios públicos de transportes, en aeropuertos y estaciones de tránsito de viajeros, donde los sistemas digitales y multimedia de información no son accesibles?... ¿Tendría que dejar de pagar mi parte de impuestos que van al correspondiente Ministerios, Consejería o Concejalía?.

Y para rematar, el “Artículo 53 dice: 1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos… 2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”. En palabras llanas, prioritario.

Definitivamente, la Constitución tiene un problema; y nuestros responsables públicos, también. Quizás la solución sería, cuando se modifique la Constitución para otros menesteres “más importantes” que los derechos y libertades irrenunciables del ciudadano y que afectan a su igualdad y bienestar, cambiar los tiempos verbales en los artículos, como ocurre en muchas leyes. Y donde pone “Todos los ciudadanos tienen el derecho a…” poner “Todos los ciudadanos podrán tener…”. Como el tiempo futuro es tan largo e incierto, pues eso, será en otra época.

viernes, 19 de diciembre de 2014

Personas, coches y teléfonos inteligentes


Leyendo el reportaje aparecido El País el domingo 23 de noviembre de 2014, en su sección “Empresas & Sectores”, no pude sino tener la sensación, de nuevo, de cómo las tecnologías cambian poco a poco, o muy rápidamente según se mire, nuestros hábitos y formas de comportamiento social en nuestra vida diaria, casi sin darnos cuenta. Creo que no es difícil observar que, entre todos los ámbitos sociales que están siendo afectados por la tecnología en movilidad y esencialmente por los teléfonos inteligentes, sin duda, uno de ellos es la propia movilidad del ciudadano dentro de su entorno físico, y cómo gestiona esa, su propia movilidad, dentro del mismo. La facilidad de interacción y de acceso a la información, prácticamente en tiempo real, del ciudadano para gestionar sus desplazamientos, bien a través de servicios públicos o privados, está cambiando, efectivamente, hábitos, consumos, tiempos y formas de movimiento. Y, además, está permitiendo la aparición de nuevas formas o soluciones de gestión en sus desplazamientos, con sistemas novedosos a partir de elementos de transporte tradicionales. Estos están ocurriendo con las app’s que conectan personas, smartphones y coches particulares.

Conociendo los problemas de las personas con movilidad reducida (sillas de ruedas o personas ciegas, por ejemplo), o con otro tipo de limitaciones funcionales para desplazarse en entornos urbanos, pensé en cómo estas nuevas soluciones podrían beneficiarlas. Todas giran en torno al coche, y las nuevas app’s que están apareciendo centradas en ofrecer nuevos servicios que ponen en comunicación a personas y “vehículos”, gestionadas a través de nuestros teléfonos inteligentes, podrían llegar a ser una herramienta verdaderamente útil para facilitar la movilidad en aquellas personas con dificultades para desplazarse, y llevar una vida “normal”. Herramientas y servicios sociales, si se hacían bien, es decir, accesibles y usables; porque, además, en este caso, las personas con movilidad reducida debieran ser un foco claro de negocio para estos servicios o nuevas iniciativas. No todas las personas con movilidad reducida son usuarias de sillas de ruedas, que necesitan un vehículo especial o adaptado; personas con discapacidad sensorial, mayores o con dificultades motoras por múltiples causas, también tienen su movilidad reducida para desplazarse sobre todo en entornos urbanos con recorridos extensos. Las tan nombradas Smart cities o ciudades inteligentes, que parece nos van a llevar al paraíso, van a tener muchas virtudes, pero el ciudadano siempre va a necesitar desplazarse para disfrutar de los servicios ofrecidos por las “Smarts” en cada calle o lugar de su entorno. Sus miles de sensores nos van a asaltar con miles de datos, nos van a decir dónde hay menos atascos, van a intentar ayudarnos con mensajes a cada paso, o van a decirnos quién, dónde y cuándo se construyó la baldosa que pisamos y el edificio que encontramos, pero no nos van a tetransportar de un sitio a otro de la ciudad; al menos, no de momento.

El coste de tener un coche propio, según la empresa Respiro Car Sharing (incluyendo impuestos, desgastes, revisiones, combustible, y amortización de su compra, por supuesto…), supera los 5.000 € anuales si hacemos alrededor de 10 – 12.000 km. Si ya el sobrecoste económico anual para una persona con movilidad reducida o dificultades funcionales es elevadísimo, el gasto en desplazamiento y movilidad para ir a trabajar, acceder al ocio y la cultura, relacionarse o asistir a servicios públicos, encarece de forma considerable “su igualdad de oportunidades”. Todas aquellas “invenciones” que ofrezcan soluciones diversas acoplables a las distintas capacidades o necesidades funcionales del ciudadano, y abaraten su gasto diario, si son diseñadas utilizando el criterio de Tecnología Social (accesible, usable, útil y asequible económicamente) tendrán garantizado éxito y decenas de miles de usuarios. Y son decenas de miles de ciudadanos, potenciales usuarios de estos nuevos servicios; y creciendo, en una Europa que avanza hacia el envejecimiento, pero que prolonga sus años de vida cada vez más.

Respiro Car Sharing ha irrumpido hace escasos cuatro años alquilando una flota de más de 2.000 vehículos distribuidos en más de 85 aparcamientos en Madrid, a precios desde 2€ la hora; dependiendo del uso que demos a nuestro vehículo propio, la compensación es evidente: para compras, fines de semana, e incluso determinas actividades laborales. Para una persona con movilidad reducida, que deba trasladarse (o ser llevado por alguien) esporádicamente, quizás no necesite adquirir un vehículo en propiedad. Si esta fórmula es capaz, como sostienen, de llegar a sustituir los usos diarios de más de una decena de coches particulares, el ahorro social, en tiempo, dinero y contaminación, para el conjunto de personas de una gran ciudad llegaría además a ser significativo. La consultora Frost & Sullivan defiende desde hace tiempo que servicios como el ofrecido por Respiro, cuyas empresas en global disponen de más de 3 millones de vehículos en el mundo, van a sufrir una expansión exponencial hacia el 2020, donde llegarían a los 26 millones.

¿Y si no conducimos, y necesitamos o queremos un coche con conductor o chófer, a precios económicos?. Este servicio los ofrecen empresas como Cabify, empresa española,  (actualmente en 7 ciudades españolas y varios países de Iberoamérica), y según su fundador puede llegar a significar un 60% de ahorro si sólo usamos el coche un fin de semana, un 49% menos si lo usamos de lunes a viernes, o un 14% si lo usamos todos los días. Actualmente tiene más de 2.000 coches, todos sus conductores tienen licencia VTC de transporte con conductor, y los precios son cerrados. Todo gestionado a través de su App, que muestra al usuario, por dónde va el coche y cuando llega. Sistema parecido al utilizado por My Taxi y su App, pionera en el servicio de llamadas a taxis  a través de aplicaciones en movilidad. ¿No existiría una verdadera oportunidad de negocio atrayendo decenas de miles de usuarios y consumidores, si a la evidente ventaja del servicio, utilizaran una app accesible, usable y sencilla de uso?.

La economía colaborativa está introduciendo otra modalidad, el compartir viajes en coche. Lejos de la polémica de Uber, empresas como BlaBlaCar utilizan modelos difícilmente cuestionables, poniendo en contacto a conductores y ofreciendo información sobre los usuarios y un servicio de atención frente a problemas en el viaje. Apareció en Francia en 2009 y está implantada ya en 13 países de Europa, habiendo cuadriplicado el número de usuarios en el último año, llegando a los 2 millones. Amovens, bajo el mismo enfoque de eficiencia, utiliza el concepto de coche compartido enfocado a colectivos, poniendo en comunicación a grupos para hacer rentable su servicio; de esta forma, sus clientes llegan a ser centros universitarios y educativos, Administraciones, promotores de eventos culturales o lúdicos, o grandes superficies comerciales. Algo rentable debe ser, cuando ya primeras empresas como Ford, Ericsson o el Banco de Sabadell la usan. Para usuarios con movilidad reducida, limitaciones funcionales o colectivos de personas mayores, por ejemplo, puede ser una solución eficaz, o cuando menos otra opción a contemplar, si la app para utilizar el servicio es accesible.

Vehway (http://vehway.com/), iniciativa de emprendedores españoles, ha diseñado un sistema  de conexión entre conductores conectándose a través de la matrícula del vehículo. Todo gestionado a través de su App. Los conductores no necesitan conocerse. A través de un registro muy simple utilizando la aplicación, se vinculan matrícula y teléfono móvil del conductor. De esta forma, pueden comunicarse para avisar o avisarse para retirar el vehículo si impide el paso o está mal estacionado, evitar atascos,  informar o informarse de que dejan plazas libres de aparcamiento, preguntarse cuándo van a dejar libre el espacio, o avisos a los conductores por los servicios de emergencias y retirar sus vehículos en caso de necesidad. La app es accesible, y ya está siendo utilizada por miles de usuarios y distintos Municipios en sus servicios de seguridad ciudadana. Todo ello incide, de esta forma, en una mejor circulación, gestión de espacios y plazas públicas, y ahorro de tiempos y costes.

Los nuevos servicios de movilidad urbana vinculando vehículos y tecnología a través de teléfonos inteligentes (smartphones) y App’s gestoras del servicio, pueden ser y van a ser una verdadera revolución social, si son pensadas, diseñadas e implementadas utilizando criterios de Tecnología Social, centradas en las diversas capacidades del conjunto de los ciudadanos, accesibles, usables y sencillas. En definitiva, tecnología al servicio de la persona. Y cuando la tecnología utiliza esta premisa, sólo incrementa bienestar, ahorro económico, consumo y beneficios para la empresa y para el ciudadano (consumidor y cliente).

Muchas veces hemos oído comentar cómo las mal llamadas nuevas tecnologías afectan al empleo, y a las diversas formas de organización social, para bien y para mal; la interconexión persona, teléfono inteligentes y coches está reinventando la movilidad o, dicho de otro modo, está adaptando la movilidad tradicional a los tiempos actuales. Si somos inteligentes, todas estas nuevas formas de movilidad, utilizando tecnología y aplicaciones accesibles y usables, pueden significar nuevas oportunidades de igualdad y, también, que no es incompatible, de negocio. Porque, además, debemos reparar en que los coches son, cada vez en mayor medida, tecnología avanzada en sí mismos.


sábado, 29 de noviembre de 2014

Tratemos el derecho del consumidor digital como oportunidad y no como amenaza.



No debemos olvidar que el mundo tecnológico en que vivimos no son sólo los aparatos que podemos tocar y palpar, sino también todo un universo de servicios tecnológicos y productos digitales. Sin aparatos accesibles y usables no existen los servicios para miles de personas con discapacidad o limitaciones; pero aún cuando aquellos lo sean, sin servicios y productos digitales accesibles y usables, tampoco existen. Y dentro de todo este elenco de servicios tecnológicos, el comercio electrónico ocupa un lugar fundamental en nuestro sistema de consumo.

Más del 50% de usuarios que visitan web’s de comercio electrónico no realizan ninguna compra. Si pretendemos incrementar el volumen de ventas a través de este sistema de compra, debemos incrementar el nivel de usabilidad de los portales y webs de compra online, sí; pero también la usabilidad de tabletas, smartphones y elementos físicos de acceso al servicio, así como sus interfaces y aplicaciones para interactuar con ellos. Y la falta de accesibilidad de los portales de compra online no se soluciona precisamente con sanciones económicas y multas, que además, no se pueden volver a poner “por el mismo delito”; éstas se pagan y ya está. Y menos en un sistema jurídico tan rápido, ágil, eficaz, proporcionado y justo como el español. En una economía de mercado, queramos o no, es mucho más eficaz enseñar y convencer a la empresa que la accesibilidad, y no olvidemos la usabilidad, es una herramienta tremendamente potente de captar clientes y robustecer la cuenta de resultados. No se puede incrementar indefinidamente el número de compras online sólo contemplando una parte de los potenciales clientes, ignorando a aquellos que tienen mayores dificultades o limitaciones. Y estos son muchos millones, cada vez más, en una sociedad camino del envejecimiento.

Existe una verdadera barrera mayor aún que frena el incremento de ventas del comercio electrónico, la desconfianza e inseguridad del usuario sobre la seguridad del proceso, las características del producto y el desconocimiento del derecho que le asiste frente a las insatisfacción del mismo, una vez recibido. Supuestamente, esto debiera desaparecer con la reciente ley de derechos del consumidor. Todas aquellas tiendas online que comercializan productos tecnológicos y digitales deben ofrecer adecuada información de todas sus características, y de los derechos que asisten al comprador. ¡Ah, pero no garantizan la accesibilidad de esa información para el posible comprador con alguna discapacidad sensorial o intelectual, o personas mayores con ya ciertas limitaciones! Entonces, ¿descartan ya automáticamente a decenas de miles de potenciales clientes?. ¡Qué baja visión comercial, ¿no?.  Conviene recordar que el acceso a las tecnologías, y la accesibilidad de bienes, productos y servicios tecnológicos y digitales, pasa necesariamente por la accesibilidad al conocimiento de las características de los mismos, con un exhausto y adecuado nivel de información, cuando no tienes el producto físicamente ante ti; y por la accesibilidad al conocimiento y comprensión de tus derechos como consumidor. Y esto sólo es posible cuando la información se halla en formato accesible, usable y comprensible, y presente en los medios adecuados al uso de las características de cada comprador, adaptado a sus circunstancias y capacidades personales.

Según la Comisión Europea, de los 529 millones de internautas, casi la mitad ya son usuarios de comercio electrónico. En España se calcula que más de una cuarta parte de los internautas, el 22%, realiza alguna compra online todas las semanas; en Dinamarca o Reino Unido más de las tres cuartas partes de su población han realizado algún tipo de compra online. ¿Por qué España tiene niveles tan bajos?. A lo mejor, entre otros motivos, desconfía de sus derechos como consumidor. En España la compra online sólo representa un 5% del total. Según la ONTSI (Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información), el 44’3% de los consumidores nunca ha utilizado las compras online, aún siendo usuarios de internet. Siguen prefiriendo los canales tradicionales, entre otras cosas, porque no se fían. Y de este porcentaje, una gran mayoría de personas con discapacidad sensorial, intelectual o mayores, además de por la desconfianza, por la falta de accesibilidad y usabildad de los portales, y de la información tan deficiente y escasamente accesible sobre sus derechos como consumidores que se ofrece en ellos.

A mediados de junio de 2014 entró en vigor una nueva normativa sobre los derechos de los consumidores que, si bien no es específica sobre comercio electrónico, sí regula ciertos aspectos sobre él, como la obligación que tienen las tiendas online  a partir de ahora de describir con total claridad las características de los productos y servicios que venden, el precio final de la compra, y los derechos del consumidor acerca de su devolución o desistimiento.

El tema es más preocupante cuando es un producto digital. ¿Y si una app, programa informático, o libro electrónico no es accesible?. ¿Y si compramos un dvd o blu-ray y no está subtitulado o audiodescrita?. Porque no lo advierten en su relación de características. ¿Y si pagamos por ver una película en streaming y no es accesible?.

Al comprar un producto digital, el derecho sobre él es distinto al de un artículo físico. En éste, adquieres su propiedad; en el digital, una licencia de uso único. De esta forma, en el digital no podemos prestarlo, alquilarlo o venderlo. Mientras en el físico tienes derecho a devolverlo sin más, en el digital no, salvo defecto en el mismo. El motivo es que el digital normalmente se ha utilizado o usado ya (p.e.: un película on line), o se puede seguir usando (una app o programa). Pero, ¿y si no es accesible y utilizable por determinadas personas con capacidades “no estandar”. ¿Qué pasa?. Esto supone una evidente laguna legal que deriva en injusticia, que deja indefenso a una persona con discapacidad sensorial, intelectual o limitaciones cognitivas, caso de muchas personas mayores. Es urgente una regulación, máxime si observamos que la principal tendencia en el consumo tecnológico, según uno de los últimos informes de Ericsson, a través del comercio electrónico se centra en las app, aplicaciones y contenido digital.

En la Directiva Europea 2011/83/UE sobre Derechos de los Consumidores, se regulan aspectos tan importantes como la necesaria e imprescindible información previa a la compra, la necesidad de que el consumidor acepte de manera expresa las condiciones de transacción enviando un correo electrónico u otro aviso similar manifestando que está de acuerdo con el precio final, así como su forma de utilización. Para ello, esta normativa, ya vigente en España, establece que todos aquellos proveedores de productos o servicios digitales deben facilitar y poner a disposición del consumidor absolutamente toda la información que éste necesita antes de decidir la compra. Según esta nueva regulación, todas las tiendas online y aquellas empresas que comercialicen productos mediante comercio electrónico deben adaptarse de tal forma que permitan al usuario conocer precio final, características detalladas del producto, un formato de acuerdo de licencia que deje claro al usuario la renuncia a devolución en caso de contenidos digitales por el consumidor, así como el documento de consentimiento expreso por el usuario para cerrar el contrato, y así iniciar la descarga. Ahora bien, nada se habla de que esta información, si está presente en la web, deba ser accesible. ¿Debemos entender que sí, o que no?. Yo lo tengo claro. Si hacemos caso a la famosa Convención de derechos de las personas con discapacidad, firmada por la UE (¡que suerte tener el doble de derechos que los demás!), la respuesta es sí.

Mención especial es el derecho de desistimiento, algo que todo consumidor debiera conocer. En la reciente ley española, se establece que el consumidor deberá rellenar un formulario manifestando su renuncia al desistimiento. La tienda on line debe asegurarse de que el consumidor ha dado su conformidad. Y entre otras cosas, el consumidor debe saber que en el supuesto de productos físicos (no digitales), tiene un derecho de desistimiento o devolución de 14 días; y si este aspecto no figura entre la información ofrecida por la tienda on line, este derecho se amplia a 12 meses. Y ahora una pregunta inocente, ¿y si esta información contractual no es accesible para una persona ciega?. ¿Son 14 días, o 12 meses?. ¿Y en un producto digital donde no se informa de sus condiciones de accesibilidad?.

Aclaremos que un producto digital es aquél cuya compra y entrega se produce a través de Internet, y que se caracteriza por no tener una presencia física. Serían, por ejemplo, app’s p aplicaciones, programas informáticos, videojuegos, libros electrónicos o eBooks, música, o películas compradas o alquiladas y descargadas de la red.

El artículo 60. Información previa al contrato, de la “Ley 3/2014, de 27 de marzo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre”, dice:

 

“Antes de que el consumidor y usuario quede vinculado por un contrato u oferta correspondiente, el empresario deberá facilitarle de forma clara y comprensible, salvo que resulte manifiesta por el contexto, la información relevante, veraz y suficiente sobre las características principales del contrato, en particular sobre sus condiciones jurídicas y económicas.” Esto de forma clara y comprensible, ¿debemos entender que debe ser accesible cuando es mediante un portal web de comercio electrónico?. Y más allá, ¿al hablar de “comprensible” debe mostrarse también en formato de lectura fácil para ser entendido por personas con discapacidad intelectual, muchos mayores o con escasa formación?.

La accesibilidad a las TIC pasa necesariamente por la accesibilidad al conocimiento por parte de la persona y usuario, cualquiera que sean sus capacidades, de sus derechos como consumidor. Esto disminuye el temor al proceso de comercio electrónico y compra online, eliminando la barrera.

Pero, retomando el principio del post, la falta de accesibilidad no se soluciona con sanciones económicas, que apenas suponen una coma punto ceros en las cuantías de los millones de euros que mueven las grandes empresas, sino haciendo ver que los criterios de accesibilidad y usabilidad incrementan negocio, robustecen la imagen y fidelizan la marca entre millones de usuarios virtuales con limitaciones.

La empresa privada se va a dar cuenta rápido de la necesidad de incrementar accesibilidad y usabilidad en sus tiendas online, y harán el esfuerzo (inversión), para adaptar sus contenidos, aunque sea por necesidad de no perder mercado. Pero las Administraciones Públicas deben dar el primer ejemplo, porque, utilizando una metáfora, el ciudadano es el consumidor de sus Servicios Públicos. Y si queremos exigir a la empresa privada (que sí y por supuesto, también), primero debemos exigir a quien gestiona nuestros impuestos. Primero debe ir el buen ejemplo y hacer del “jefe” (Administraciones Públicas en todos sus niveles, empresas públicas y organismos dependientes), y luego de “los subalternos”.