Que nos encontramos ante una de las mayores crisis económicas que se han producido en los últimos setenta años ya es una realidad innegable. Pero la que vivimos actualmente se ha presentado en un entorno que ninguna de las anteriores poseía; la actual crisis ha llegado en pleno desarrollo acelerado de la denominada sociedad de la información y del conocimiento. Como he comentado en muchas ocasiones, nunca se había producido en tan corto espacio de tiempo un cambio tan radical y profundo en los hábitos, comportamiento, sistemas de comunicación, gestión de recursos y forma de trabajo. Cuando hace apenas quince años Microsoft convirtió al ciudadano “vulgar y corriente” en usuario de los nuevos recursos que empezaban a forjar la hoy llamada sociedad de la información y la comunicación, con la presentación de su primer sistema operativo gráfico y dirigido al uso “por todos”, nada hacía pensar cómo podía cambiar nuestra sociedad y la forma de entenderla y vivirla. A ellos se han ido añadiendo durante estos cortos quince años las continuas generaciones de telefonía móvil, el incremento estratosférico (metafóricamente hablando) de los ancho de banda en las comunicaciones, la implantación de los nuevos sistemas de TDT o la aparición de nuevos “aparatos” de gestión de la información y la comunicación, como las tabletas y blocs digitales o los e-books.
Durante todo este período de poco más de quince años, durante los cuales se ha forjado y asentado esta nueva sociedad del conocimiento y la información, también se ha producido un avance sustancial en la garantía de los derechos para muchos sectores de la población con necesidades específicas, principalmente personas con discapacidad y personas mayores, de manera que principios esenciales y universales como la igualdad y no discriminación pudieran ser una realidad. En España principalmente, pero también en Europa, se ha legislado amplia y profundamente en todos los campos, y por supuesto en todo lo relacionado con la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Pero, en general, en servicios relacionados con prestaciones sociales, como nuestra famosa ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Todo ello, generado al amparo de una aparentemente maravillosa estabilidad económica, se dotó de fuertes recursos económicos muchas veces sin una adecuada planificación. Y por supuesto, sin contemplar a las TIC’s como “aliadas” en su implantación.
Es preocupante la escasa o nula presencia que tienen las TIC’s en la gestión de las garantías sociales y aplicación de los procesos y servicios que derivan de las obligaciones legales. El gasto en España en el año 2008 en el campo de la Sanidad fue del 6’1% PIB, en la educación el 4’6 % y en Servicios públicos generales el 4’7% PIB. Sin embargo, sigue siendo ridícula la utilización de las virtualidades de las TIC’s para incrementar la efectividad de los servicios, y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas realidades y capacidades tecnológicas para “cumplir los derechos”. El resultado para los presupuestos anuales de las administraciones (muchas competencias están transferidas a las autonomías) es demoledor: la ejecución de los derechos se realiza todavía a través de servicios presenciales con costes elevadísimos y efectividad limitada.
En la tan nombrada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se establece en su art. 13 el catalogo de servicios, entre los lo se encuentran la asistencia personal, servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, necesidades del hogar o cuidados personales. Todos estos servicios se están desarrollando “a la antigua usanza”, con servicios personales y ayudas presenciales de cuidadores o asistentes. En ningún caso se están introduciendo o se ha planteado utilizar sercvicios domóticos o de control de entorno. Si, inversiones y desembolsos inicialmente, pero ahorro y mayor bienestar al a medio plazo, sin duda, para muchísimo beneficiarios finales. El presupuesto en 2010 fue de 2030 millones de euros.
La 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas., obliga a las Administraciones a dotar de los medios de comunicación necesarios a los beneficiarios en todos los ámbitos sociales: educación, sanidad, transportes, cultura,… Los servicios de interpretación en lengua de signos se realizan de manera presencial, y sólo la Administración General del Estado financia anualmente por importe superior al millon de euros; las CCAA y muchas corporaciones locales, igual. ¿Dónde quedan las TIC’s, los recursos tecnológicos, los sistemas de videoconferencia o videocomunicación? Un sistema así es insostenible e ineficaz (a no ser que sobre el dinero, pero me parece que no es el caso), máxime cuando aún con el enorme desembolso no se cubren todas las necesidades. Afortunadamente, algunas corporaciones como el Ayuntamiento de Málaga ya empiezan a utilizarlo.
La ley orgánica 2/2006 de Educación y la ley orgánica 4/2007, de Universidades obliga a dotar de los recursos necesarios a los alumnos con discapacidad para poder realizar sus estudios. Para las personas con discapacidad, la utilización de tecnologías es esencial, y deben ser tecnologías accesibles. El gasto en estas tecnologías es prácticamente nulo, cuando la inversión en ellas supondría un ahorro económico considerable y se ejercería de manera mucho más eficaz el cumplimiento del derecho. Uno se queda perplejo cuando, en el año 2011, lee noticias como que la Universidad a Distancia de Madrid entrega a 50 alumnos dispositivos iPad, para analizar las posibilidades de estos dispositivos en la enseñanza universitaria a distancia en un proyecto piloto. Y en este mismo proyecto, la Fundación de una las principales teleoperadoras participa dotando con cinco aparatos a alumnos con discapacidad. Y estamos en el año 2011. Si todavía en este año tenemos que seguir realizando estudios, informes y análisis de los beneficios que aporta la tecnología, y la tecnología accesible para todos, algo falla. Porque cuando se tengan los resultados del proyecto piloto, la telefonía móvil irá por la séptima generación, los IPad por la xxx y habrán salido dos sistemas operativos nuevos, al menos. Y luego se seguirán haciendo estudios, para ver si los nuevos… Seamos serios, si queremos saber si las tecnologías ayudan a las personas con discapacidad, los beneficios que reportan y para qué sirven, hagamos una cosa: veamos cómo un ciego, por ejemplo, usa el iPhone (digo iPhone, porque es el único accesible), programa en el ordenador y utiliza las comunicaciones. Luego de verlo, ya decidimos si hay que hacer el estudio para decidir si las tecnologías sirven o son rentables.
La realidad tecnológica de hoy, aún cuando haya que trabajar todavía con profundidad en diseños para todos, nos ofrece unas posibilidades que están siendo desaprovechadas, cuando no ignoradas. En la situación económica que vivimos, con más motivo, la Administraciones pueden optar por ser una sociedad tecnológica contemplativa e inhibida, o una sociedad tecnológica inteligente. Evidentemente, sólo en este último caso, dedicando financiación a inversiones tecnológicas, aprovechando las prestaciones que nos ofrecen las tecnologías¸ y necesariamente tecnologías accesibles, se cumplirán los derechos, se generará mercado, se reducirán los costes en servicios sociales, se incrementará el bienestar del beneficiario y se podrá ampliar la población receptora de servicios. En definitiva, aprovechando la realidad tecnológica, y desarrollando tecnología accesible, gastaremos más hoy, pero la sociedad (y la economía) lo recuperará con ventaja en un futuro inmediato. El mejor político, empresario, o directivo, es el que ofrece más y gestiona mejor los recursos, ¿o no?. El más inteligente, además, el que escucha y aprende de “sus técnicos”, que normalmente, piensan y hablan menos, pero conocen y hacen más.
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