El difícil compromiso de la responsabilidad pública

Las NT están poniendo en un serio compromiso a los responsables públicos. Por un lado, porque no se enteran, no ven o no escuchan lo que pueden llegar a hacer las NT en muchos campos, para ayudar a cumplir las obligaciones que impone nuestro ordenamiento legal. Quizás debieran tener expertos en estas áreas, de tecnologías accesibles o de cómo hacer accesibles con las NT muchos servicios, entre ellos la educación o el acceso a la información sanitaria, por el bien de los ciudadanos y por el bien del dinero público. Dotar con NT accesibles a los ciudadanos que lo necesiten, y hacer servicios accesibles con las NT garantiza derechos y ahorra mucho dinero.

Por otro lado, no es descabellado plantearse si la nueva sociedad de las TIC’s en que vivimos está generando de nuevo ciudadanos de primera, segunda e incluso tercera clase. En la reciente feria internacional de la telefonía móvil de Barcelona, una de las primeras operadoras de telefonía móvil presentó un proyecto piloto  que se ha dado en llamar el medicamento accesible. De modo esquemático, consiste en captar con la cámara del móvil el código de barras, se accede a una base de datos de la compañía, y se lee la información en formato accesible y aplicaciones accesibles en el móvil. Esta situación genera varias reflexiones. Entendiendo la información del medicamento como un aspecto que puede ser esencial en la salud de la persona que debe consumirlo, especialmente si tiene una discapacidad, primero, ¿sólo podrán acceder a este servicio los clientes de esa compañía? ¿O sólo lo harán los que tengan determinado modelo de móvil o smartphone? Pero probablemente el mayor dilema sea¸ si es posible generar un acceso a información esencial para determinados ciudadanos (personas con discapacidad sensorial, esencialmente) a través de las NT, con telefonía móvil y aplicaciones accesibles, a una base de datos con información especialmente importante, ¿no sería esto un deber y obligación de las Administraciones Públicas, si las NT lo permiten? Porque, volviendo al primer dilema, cuando no se puede, por no haber sistemas ni tecnología para ellos, no se puede, evidentemente. Pero si se puede, debe hacerse. Recordemos que estamos hablando de un derecho básico, y además de igualdad. Así pues, los responsables públicos tienen otro pequeño problema.

Es irónico que tengamos veinte leyes sobre la igualdad, cuando nuestra Constitución tiene un art. 14 donde dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, y un Capítulo Segundo, Sección 1ª, íntegramente dedicado a los Derechos Fundamentales y las Libertades Públicas, bastante completito, por cierto (lo que no es sinónimo de perfecto), donde se contemplan, entre otros, el derecho a la educación en igualdad de condiciones. Reforzando lo anterior, el Capítulo Tercero, “De los principios rectores de la política social y económica”, cuyo art. 49 establece cuáles y cómo deben ser las acciones de los poderes públicos destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad (por cierto, en nuestra Constitución, todavía disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos). Con todo esto debiera bastar para garantizar una mínima igualdad en el ejercicio de los derechos. ¿Y qué tienen que ver las nuevas tecnologías en todo esto?

Cuando en 1978 vio la luz nuestra Constitución, la tecnología más puntera que teníamos era en todo caso nuestra flamante televisión de tubo a color, y algún que otro pequeño robot de cocina. Y nuestro teléfono, todavía en muchas casas colgado en la pared. No existía, al menos como consumo masivo y a nivel de usuario, ni los PC’s, ni los portátiles, ni los DVD’s, ni internet, ni las redes sociales, ni las recientes tabletas. Cuando no se puede, no se puede, y entonces, quizás, no se podía. Pero si ahora las nuevas tecnologías permiten cada vez más el ejercicio de los derechos con mayor igualdad, debe hacerse. Hoy en día, las denominadas nuevas tecnologías abren un abanico de posibilidades para conseguir acceder con recursos impensables años atrás a la educación, el trabajo, la cultura, la comunicación, el ocio o la autonomía personal, impensables entonces pero posibles ahora. Y si es necesario hacerlas accesibles, y casi siempre es posible, debe hacerse.

Cuando la tecnología nos ha demostrado que es posible una TDT accesible, deben ponerse los medios necesarios para que esos aparatos estén al alcance de los ciudadanos que lo necesitan. Hacer la vista gorda por quienes deben garantizar los derechos de los ciudadanos con especiales necesidades, es convertirse en cómplices necesarios de esa vulneración del derecho al acceso y uso de la información y la comunicación. Si es posible, en igualdad, en el mercado; y si el coste en igualdad es superior, subvencionado el sobrecoste. La necesidad nunca debe costar dinero añadido al usuario, el lujo o capricho sí.  En el Movile World Congress de Barcelona, citado antes, se han podido ver también las posibilidades que pueden tener las tabletas para desarrollar aplicaciones y contenidos que estimulen la capacidad cognitiva de personas con autismo. Conocer estas posibilidades que nos presentan las nuevas tecnologías sólo es posible si estas en estos eventos, si vas a ellos, y si vas además acompañado de quien te puede decir qué puede hacer con lo que allí se presenta. Es decir, si vas con una persona ciega, sorda o con cualquier otra limitación, y te puede decir: “Oye, que con esto yo voy a poder comunicarme, que con esto yo puedo estudiar, o que con este sistema yo puedo trabajar mejor, o puedo utilizar las redes”.

Las Administraciones Públicas quizás debieran ser las primeras en dinamizar el desarrollo de las nuevas tecnologías, porque hoy en día son una herramienta esencial para conseguir la igualdad y no discriminación, y así salvaguardar los derechos que se legislan. Cada vez va siendo más difícil escudarse en el “hoy por hoy no se puede”, y tampoco en el “no sé si se puede”. Señores, para eso estamos en la era de la sociedad de la información y la comunicación. Están muy bien los tours institucionales por centros especiales de empleo y centros ocupacionales, los congresos y macrocongresos nacionales e internacionales “de todo está muy mal y queda mucho por hacer”, los planes de acción y las estrategias, pero, ¿y si pagáramos parte de lo que se gasta es todo eso, para dinamizar la industria y encargar a una operadora o empresa del sector TIC’s algo así: “oye, sé que se puede conseguir hacer esto, el medicamento accesible o aplicaciones y contenidos para el autismo con las tabletas. Hazlo. Me he comprometido en conseguir la igualdad en el acceso a la información, y a poner los medios para conseguir una mejor educación inclusiva”.

Subamos a la nube, pero con los pies en la Tierra

Esta semana tuve la oportunidad de asistir a un Congreso monográfico centrado en el Cloud Computing organizado por la Fundación Dintel, y reconozco que salí de él francamente satisfecho, pero también con muchas reflexiones que circulaban por mi cabeza. La jornada estuvo repleta de excelentes intervenciones por parte de varios Directores Generales y Subdirectores Generales de la Administración, y completado con la  experta visión de primeras empresas tecnológicas del sector privado. Salí satisfecho por conocer que nuestra Administración y sus responsables tecnológicos están al día, lo que no me sorprendió pues conozco de cerca su calidad y competencia, con gran número de procesos y gestiones ya en la nube; y por ver el nivel de implantación de este no tan nuevo sistema de gestión  del trabajo y del tiempo “en la nube” aplicado en entornos privados, pero sí desconocido para “el público” hasta hace poco.

Volví reflexivo, dando vueltas en mis pensamientos a, entre otras cosas, si efectivamente estábamos volando hacia la nube, pero dejando de tener los pies en la tierra. Porque, y esto es indudable, junto a las evidentes ventajas que proporciona el Cloud Computing, me preguntaba cómo íbamos a lograr que se nos escapara de las manos tan “novedoso” y etéreo sistema, para evitar que vulnerara los derechos alcanzados para determinados colectivos con necesidades específicas de acceso a la información y el uso de aplicaciones informáticas. Eché en falta, en ese sentido, un análisis de cual era realmente el beneficio social y cómo no había riesgos de incurrir en nuevas discriminaciones, del mismo modo que quedó claro el enorme beneficio en la gestión de procesos del Cloud, de los tiempos, del ahorro económico, y de las virtudes del acceso en movilidad, por citar sólo algunas de las ventajas. Eché en falta, en definitiva, oír las palabras accesibilidad y usabilidad.

Me planteaba, entre mis reflexiones, si todos los últimos desarrollos legales que habíamos sacado en los últimos años con tanto esfuerzo, y algunos de ellos con poco más de dos años de “vejez”, como el RD 1494/2007 de condiciones básicas de accesibilidad a las NT o la ley 56/2007 de medidas de impulso de la sociedad de la información, se habían quedado obsoletos y sobrepasados. Todos ellos fueron desarrollados bajo premisas de sistemas de gestión, acceso e intercambio de información con estructuras y funcionamiento conocidos y probados, como internet, o formatos de uso tradicionales, como las emisiones de contenido en televisiones analógicas. Pero no llegaron a visualizar, creo que ninguno de nosotros, las grandes eclosiones sociales que se iban a producir con las novedades en el intercambio y gestión del conocimiento de los siguientes tres, cuatro o cinco años posteriores a la aprobación de esas normativas.

Me da la impresión que la legislación no ha podido prever la avalancha de novedades tecnológicas. En tan sólo los últimos cuatro años, de 2007 a 2011, se han introducido en nuestras vidas sucesos tecnológicos relacionados con el acceso y uso de la información que están cambiando nuestros hábitos y tratamiento de la misma. Como la accesibilidad a la TDT (sin resolver), la aparición de las redes sociales o el cloud computing. Todos van y están generando ya serios problemas de accesibilidad y usabilidad para muchos miles de personas. Mientras este año empiezan a comercializarse de manera masiva la televisiones con funcionalidades 3D, las personas ciegan siguen sin poder utilizar la televisión digital. Las redes sociales, que empezaron prácticamente como un divertimento, han superado el listón de la mera comunicación interpersonal, para convertirse en herramienta esencial de presencia en la red para las empresas, los negocios y los colectivos profesionales. Sin embargo, este novedoso sistema de presencia virtual, con la multiplicidad de estructuras diversas que conforman las redes sociales, poseen elevados niveles de inaccesibilidad y usabilidad; las redes están repletas de contenido no meramente textual, pero esencial para el acceso completo a su información. Cada vez son más las empresas y profesionales que vuelva información o utilizan las redes para “depositar” información, y miles de usuarios los que quedan fuera de ella. El cloud computing corre el riesgo de generar nuevas barreras sociales, impidiendo el acceso a aplicaciones e información, especialmente si se tiende a trabajar en nubes públicas o híbridas, sobre todo en el sector privado.

El riesgo evidente de que los avances tecnológicos avancen a ritmos tan acelerados y el uso de los mismos se generalice principalmente entre núcleos poblacionales expertos o jóvenes, puede dejar fuera de ámbitos educacionales, laborales, de ocio o de la misma comunicación a miles de personas no sólo con limitaciones o discapacidad, también de otros grupos de ciudadanos menos formados o preparados, o simplemente no preparados para absorber y utilizar las nuevas herramientas de intercambio y gestión del conocimiento, y del  uso y ejercicio de su derecho de acceso, uso y utilización de la información. No cabe duda que soluciones tecnológicas accesibles existen, quizás el riesgo que corremos es no tener soluciones legales utilizables, por quedarse obsoletas.

Recientemente un amigo mío, muy experto en  el uso de las tecnologías, se ha visto impotente al realizar sus gestiones en la sede virtual del servicio público de empleo con firma electrónica. Pero no es sólo el acceso al uso, la imposibilidad de llegar a utilizar o “comprender” notificaciones telemáticas, por citar otro ejemplo, al enviarse en formatos no accesibles, o no poder acceder a la aplicación donde está esa notificación por ser inaccesible, puede llegar a constituir una indefensión jurídica con consecuencias graves. Mientras los responsables públicos no dan abasto con reuniones y decisiones fuera del mercado y la realidad social, la industria tecnológica sigue presentando sus desarrollos y avances día a día, sin que aquéllos se enteren ni aprendan a utilizar su potencial en la implantación de las políticas y las defensas de los derechos reconocidos. A lo mejor estas reuniones de quienes después legislan, debieran hacerse dentro de eventos como el Mobile World Congress en Barcelona la semana que viene (es sólo un ejemplo), mientras descubren para qué sirven, qué aportan, qué soluciones accesibles y usables existen, y cómo se pueden y deben utilizar para beneficio de todos. 

La inteligencia de una sociedad tecnológica no se va a medir por el mayor o menor incremento de sus desarrollos técnicos, sino por la capacidad y posibilidad (y en esto último tienen mucho que decir los responsables políticos y públicos) de los componentes de esa sociedad para asimilar esos desarrollos y su rapidez en usarlos por cada uno de sus miembros, y aprovecharlos para un mayor crecimiento económico y del bienestar social. La incapacidad de asimilación por muchas capas de la población en los usos de las continuamente emergentes nuevas tecnologías puede estar llamando a producir serias brechas y diferencias sociales incluso dentro de los propios países. Cuando vemos una carrera ciclista, observamos que todos parten de una línea, y cada ciclista presenta inicialmente claros gestos de satisfacción e ilusión. Según avanza la carrera, se van subiendo montañas, el paisaje se hace más hermoso y llegas a la cima, ves que el mundo se encuentra prácticamente a tus pies. Sin embargo, sólo unos poco han llegado los primeros, la mayoría con bastante retraso, y algunos no han llegado. Si no se establecen mecanismos en la carrera tecnológica, para al menos participar por la mayoría de la sociedad del conocimiento y del uso que nos proporcionan las nuevas tecnologías y sus desarrollos, sólo tendrá el mundo a sus pies una minoría elitista de la población, y por tanto en sus manos las reglas del juego del devenir social. Y esa búsqueda en la carrera de la igualdad, sólo es posible imponiendo accesibilidad y, por supuesto, usabilidad. Y no sólo para las personas con discapacidad o limitaciones; gran parte de la población, más de la que pensamos o queremos ver, se encuentra limitada por conocimientos o diversas circunstancias, en saber o poder usar y aprovechar el potencial de las nuevas tecnologías.   

Y ahora, hagamos lo que legislamos

No cabe duda de que el principal cliente de los productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y las comunicaciones, es decir, de las nuevas tecnologías, son las Administraciones Públicas tomadas en su conjunto (central, autonómicas y locales). Pero esa afirmación es errónea de base. Puesto que las Administraciones Públicas son financiadas con los dineros de los ciudadanos, el mayor cliente es el propio ciudadano, al que debe sumar como consumo el que él realiza como individuo. Y como decía José Luis López Vázquez a Gracita Morales en una conocida película española… “Señorita… ¡el cliente siempre tiene razón! Es decir, si como clientes demandamos unos productos y servicios accesibles y usables por todos, así debe ser. Si las Administraciones son las mayores demandantes (en su conjunto) de la industria de productos y servicios de nuevas tecnologías de la sociedad y la información, los principales impulsores de la utilización de tecnologías accesibles deben ser, por tanto, las Administraciones. Porque el cliente siempre tiene razón, debe imponer las condiciones de accesibilidad y usabilidad.

Pero además de tener razón como clientes, en los últimos años se ha reforzado esta razón con unos cuantos desarrollos normativos que la sustenten, por si acaso, y que puedan servir “de excusa” a las Administraciones para impulsar a la industria y la empresa a generar productos TIC’s accesibles y usables. Ahora que empieza a cerrarse un nuevo ciclo legislativo, vamos a ver si alguno de los desarrollos legales se cumple, como la información sobre el proceso electoral o la publicidad de los partidos en las televisiones públicas durante la campaña electoral. Puesto que serán anuncios audiovisuales en la mayoría de los casos, las empresas contratantes, los partidos políticos financiados también en parte con dinero público, deberán obligar a utilizar contenidos accesibles a la empresa contratista. El cliente que paga (en última instancia, ya hemos visto, el ciudadano) siempre tiene razón. Y además, para no torear al cliente, tenemos la Ley 29/2005 de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional, que en su artículo 5. Accesibilidad a las campañas institucionales de publicidad y de comunicación, dice: “Se procurara el más completo acceso a la información a las personas con cualquier tipo de discapacidad”. Porque las personas con discapacidad sensorial, aunque parezca increíble, también votan, y a muchas incluso les gusta saber lo que votan.

Poco a poco vamos a ver la utilidad real de medios de comunicación emergentes, como las redes sociales, y quizás podamos comprobar con sorpresa cómo se intenta volcar gran parte de la información que anteriormente discurría por medios tradicionales, escritos o visuales, por estos nuevos, más rápidos, inmediatos y baratos. Pero con el riesgo añadido de que no lleguen no sólo a quienes todavía “no están puestos” en ellos, sino también a quienes no pueden acceder a ellos por ser inaccesibles. Es decir muchos miles de ciudadanos. Unos no accederán por no saber usar estos nuevos medios, como las redes sociales; y otros por no poder usarlas, por no cumplir criterios de accesibilidad.

Y como somos clientes, y por tanto siempre tenemos razón, y en tanto meditamos mientras leemos un rato, vamos a ver también si se cumple la Ley 10/2007, de 22 de junio, de la lectura, del libro y de las bibliotecas, que dice en su Disposición Adicional Tercera: “Los planes de fomento de la lectura y los programas de apoyo a la industria del libro deberán tener en cuenta las necesidades particulares de las personas con discapacidad, especialmente en la promoción, difusión y normalización de formatos y métodos accesibles, como los soportes en alfabeto braille, los soportes sonoros, los soportes digitales o los sistemas de lectura fácil”. Si no estoy equivocado, los soportes sonoros y digitales y los sistemas de lectura fácil tienen mucho que ver con las nuevas tecnologías, por tanto, supongo que cumplirán los criterios de accesibilidad y usabilidad.

¿No será mejor que compremos productos y servicios accesibles desde el principio, obligando a la industria o empresa que nos provea a cumplir los requisitos de diseño para todos, y no tener que comprar después diseños o productos específicos, sobre la marcha? Si adquirimos productos y servicios para todos, servirán para todos aquellos no tienen ninguna limitación, para los que la tienen, y para los que las van teniendo con el tiempo, y habrá por derecho que proporcionales estos productos TIC’s accesibles y usables.

Por cierto, tengo dos amigos con discapacidad a los que tengo que visitar, a ver qué tal les va. Uno está estudiando y andará con los exámenes, pero seguro que más animado desde que se están introduciendo las TIC’s en los colegios e institutos para modernizar el sistema, y desde que tiene garantizado su derecho regulado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, donde su art. 110. Accesibilidad manda dotar con los medios accesibles necesarios al alumno con discapacidad para realizar su formación. Pues seguro que igual que mi otro amigo, que trabaja en un organismo público, una lumbrera de ingeniero, pero que por su discapacidad va teniendo cada más limitaciones y necesita un sintetizador de voz, pero que también está completamente tranquilo desde que se aprobó el Real Decreto 2271/2004, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, ya que con su art. 10. Adaptación de puestos está completamente totalmente que va a poder desarrollar su trabajo. ¡Anda! Y ahora me acuerdo también que tengo que ver a otra amiga, víctima de la violencia de género, con una discapacidad intelectual, y que también estará contentísima al enterarse de todo, desde que se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y en la que su artículo 3.3 dispone que las “campañas de información y sensibilización contra esta forma de violencia se realizarán de manera que se garantice el acceso a las mismas de las personas con discapacidad”.

¡Cuánto trabajo hecho en estos años! ¡Y ahora seguro que podemos disfrutarlo! Qué tranquilidad me produjo conocer que los equipos informáticos y los programas de ordenador –independientemente de que sea libre o esté sometido a derechos de patente o al pago de derechos– utilizados por las administraciones públicas, cuyo destino sea el uso por el público en general, van a ser accesibles a las personas mayores y personas con discapacidad, de acuerdo con el principio rector de «Diseño para todos», como dice el art. 8 del Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social. Pero eso no es nada comparable  con la alegría que se va llevar un día de estos otro amigo ciego, cuando vaya a comprar un decodificador accesible para la TDT, para poder verla con otro amigo ciego que viene de fuera. Qué pesado está, desde que leyó el art. 11 de ese mismo Real Decreto, Condiciones básicas de accesibilidad a la televisión digital. 1. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar el acceso de las personas con discapacidad a los servicios de televisión digital, de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y diseño para todas las personas. 2. Las administraciones públicas adoptarán las medidas necesarias para garantizar a las personas con discapacidad la existencia de una oferta suficiente de equipos receptores de televisión digital que permitan recibir sus contenidos, faciliten la navegación a través de los menús de configuración, las guías electrónicas de programación, los servicios interactivos y otros contenidos textuales, así como todas las prestaciones básicas que ofrecen los receptores de televisión digital, de acuerdo con los principios de accesibilidad universal y de diseño para todos. Y luego, encima, para ponerse más pesado todavía, leyó también la Disposición Adicional 2ª: Obligación de las Administraciones a garantizar la accesibilidad, de la Ley 10/2005 de 14 de junio, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de Liberalización de la Televisión por cable y de Fomento del Pluralismo, que se le ocurre decir que las Administraciones competentes, previa audiencia a los representantes de los sectores afectados e interesados, adoptarán las medidas necesarias para garantizar desde el inicio la accesibilidad de las personas con discapacidad a los servicios de televisión digital terrestre. Bueno, eso no será difícil, porque como el anterior responsable de discapacidad del Ministerio puso todas sus fuerzas para que hace poco más de un año estuvieran casi para salir al mercado descos accesibles para personas ciegas, seguro que el actual responsable de discapacidad del mismo Ministerio también se ha dejado la vida en ello, y ya será posible encontrarlos en algún sitio.

¡Madre mía, cómo se me pasa el tiempo! ¡Todavía tengo  que pasarme por un registro oficial  a recoger un documento, y luego irme de viaje! Menos mal que ya no tengo que buscar a alguien para preguntar, porque desde que existe el Real Decreto 366/2007, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado, que elimina también cualquier discriminación en los accesos a impresos, medios telemáticos y cualquier otra vía de comunicación oficial con la Administración, estoy la mar de relajado. Y luego corriendo a la estación, con la tranquilidad de que tengo garantizadas mis condiciones de accesibilidad visual y acústica en cada uno los nueve Anexos (cada uno dedicado a un tipo de transporte), del Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para personas con discapacidad.

Bueno, bueno… con tantas obligaciones y cosas que hacer en aspectos relacionados con las TIC’s, ¿no será el momento de empezar a introducir la obligación de que todos los productos y servicios TIC’s que se adquieran con dinero público, sean accesibles y usables? ¿No será más rentable? Al tiempo que se dinamiza y obliga a la industria y el mundo de la empresa a trabajar y diseñar bajo criterios de diseño universal, que es posible y mucho más rentable. Al fin y al cabo, somos los clientes. Y el cliente siempre tiene razón.

Los derechos de unos, y también de los otros.

Los medios audiovisuales, el cine, la televisión, tienen mucho que ver con las denominadas continuamente nuevas tecnologías. Cada vez incorporan más técnicas, productos, programas informáticos y diseños inteligentes para presentarnos “el gran producto final” que luego vemos en la sala de cine o en el saloncito de nuestra casa. Bueno, las vemos, oímos o disfrutamos de ellas los que podemos. Lamentablemente muchas personas con discapacidad sensorial no pueden decir lo mismo.

No deja de ser cuando menos sorpresiva la diferencia de fuerza  y capacidad de lucha esgrimida en la defensa de entre los derechos profesionales (propiedad intelectual y derechos de autor) y personales y teóricamente inviolables (acceso a la información y la comunicación). Es curioso que se clame al cielo por la vulneración del supuesto bien jurídico a proteger, los derechos de autor, y al mismo tiempo nos demos la vuelta mientras ignoramos el bien jurídico a proteger del vecino, inherente a la dignidad de la persona, y que desoye a nuestra Constitución de arriba abajo.

Efectivamente, y especialmente cuando ocurre entre determinados colectivos con supuesta mayor sensibilidad y conciencia social, produce un cierto desánimo observar cómo se defiende a muerte la “propiedad privada” de algunos entornos profesionales, sin dudar que existen esos derechos, y cómo se vapulean o ignoran otros derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la comunicación y la información. Si no estoy mal informado, las subvenciones con dinero público salen del bolsillo de todos los contribuyentes; por tanto, las subvenciones que reciben productores, actores y demás partícipes en creaciones audiovisuales la pagan todos los contribuyentes; entre todos los contribuyentes, están (aunque parezca mentira, también son contribuyentes y ciudadanos de pleno derecho), las personas ciegas, sordas y con discapacidad auditiva, entre otras. Entonces, ¿por qué no se obliga a todo aquel que recibe dinero de los contribuyentes, a respetar los derechos inviolables de los contribuyentes, y obligar a incorporar audiodescripción y subtitulado, necesarios para el acceso a la formación, información y comunicación de miles de personas, por ejemplo?.

Es evidente que vamos camino, a menos que se evite, a una muy peligrosa restricción de movimiento en nuestra libertad de acceso y partícipes de la información. Veamos, puesto que se podrá cerrar un portal que no cumpla con “la legalidad”, ¿no sería justo también que un ciudadano con discapacidad pudiera denunciar la web de una productora, una empresa de creación, las web de la SGAE, por no poder cumplir los requisitos de accesibilidad, y que pudiera cerrarse hasta que los cumplieran? ¿y por qué no las web de las administraciones públicas, con trámites rápidos y verdaderamente ejecutivos? Y por supuesto, siempre que tengan un enlace que redirija a un espacio de contenido de especial interés, y que no sea accesible. Porque según mi entender, si un espacio web público o de especial interés o de servicios a los ciudadanos no es accesible es ilegal, y si otro portal web (sea de las administraciones o de otras entidades privadas) redirige a otra “ilegal” por no cumplir los criterios de accesibilidad, también debiera cerrarse, ¿no?

Quizás la solución a medio plazo deba ir más por la educación y la formación de los profesionales de la industria de las nuevas tecnologías (donde inexorablemente debemos encajar hoy también al sector de las producciones audiovisuales) que por volver a tiempos de restricción unilateral de derechos. Si yo quiero y debo defender mi derecho, también debo respetar y defender el tuyo. Y ello sólo se puede ejercitar conociendo también cual es tu derecho. Es decir, yo sólo puedo tener fortaleza moral y ética para defender mi derecho a la “creación de autor” y propiedad intelectual en lo referente a medios de comunicación colectivos (y el cine lo es), si respeto el derecho al acceso a la información y la comunicación que tienen todas las personas con limitaciones en su uso (personas con discapacidad sensorial, especialmente, poniendo a su disposición medios como el subtitulado y la audiodescripción). La industria de las nuevas tecnologías se tiene que formar, para poder formar, y así saber  y poder defender su derecho, y el de los demás. Pero, ¿y qué ocurre con las compañías de Internet? ¿Qué parte de responsabilidad o culpa tendrían por permitir circular y alojar portales web que contuvieran enlaces ilegales, o redirigieran a otros portales que proporcionaran descargas ilegales? ¿O  por permitir circular o alojar en sus servidores web’s que no cumplieran los criterios de accesibilidad necesarios para su utilización por todas las personas? Puesto que nos cobran, y a tarifas no precisamente baratas, también debieran jugar un importante papel en vigilar los derechos de los ciudadanos, sobre todos aquellos que afectan a su ámbito, la comunicación.

Ahora bien, en la vida siempre hay algo de positivo en todo, y desde luego esta disputa por proteger los derechos y garantías de autor también la tiene. Si vemos que funciona a la perfección el dejar en manos de una Comisión interministerial la facultad de cerrar cualquier sitio web que no cumpla la legalidad (como redirigir a sitios de descargas ilegales o utilizar prácticas P2P), exigiendo que se retiren contenidos que entiendan en conflicto con la propiedad intelectual y derechos de autor, sin una tutela judicial efectiva, podríamos aplicar esta práctica a otros ámbitos. Es decir, crear otra Comisión Interministerial que de manera inequívoca y unilateral, le diga al juez que cierre la fábrica de cualquier empresa que ponga en el mercado tecnologías que no cumplan con los estándares de accesibilidad, o contenidos inaccesibles para una gran parte de la población. De esta forma, además, no caeríamos en una evidente discriminación, e igualaríamos la protección de los derechos, el de autor, al de igualdad para todas las personas en el acceso a la información y la comunicación utilizando nuevas tecnologías.

Pero los usuarios y especialmente los tecnólogos (internautas) normalmente son más listos, y siempre van bastante por delante de legisladores y especuladores creativos: cambian los hábitos, técnicas y procesos, y así seguirán, y ahí seguirán. Los tecnólógos, por regla general, son bastante más sabios que los letrados, y desde luego, mucho más rápidos, ágiles e inventivos..Quizás y entre otras cosas, porque los letrados y gestores públicos usualmente conocen bastante menos las tecnologías y sus recursos, que los tecnólogos las leyes.  Y desconocen que mientras la letra es inmóvil, la tecnología es dinámica; y en lo que se modifican las lagunas de una ley, han llegado tres generaciones más de comunicaciones. Ah, pero queda una solución: prohibir todo.

¿Cómo nos permitimos el lujo de despreciar la tecnología?

Que nos encontramos ante una de las mayores crisis económicas que se han producido en los últimos setenta años ya es una realidad innegable. Pero la que vivimos actualmente se ha presentado en un entorno que ninguna de las anteriores poseía; la actual crisis ha llegado en pleno desarrollo acelerado de la denominada sociedad de la información y del conocimiento. Como he comentado en muchas ocasiones, nunca se había producido en tan corto espacio de tiempo un cambio tan radical y profundo en los hábitos, comportamiento, sistemas de comunicación, gestión de recursos y forma de trabajo. Cuando hace apenas quince años Microsoft convirtió al ciudadano “vulgar y corriente” en usuario de los nuevos recursos que empezaban a forjar la hoy llamada sociedad de la información y la comunicación, con la presentación de su primer sistema operativo gráfico y dirigido al uso “por todos”, nada hacía pensar cómo podía cambiar nuestra sociedad y la forma de entenderla y vivirla. A ellos se han ido añadiendo durante estos cortos quince años las continuas generaciones de telefonía móvil, el incremento estratosférico (metafóricamente hablando) de los ancho de banda en las comunicaciones, la implantación de los nuevos sistemas de TDT o la aparición de nuevos “aparatos” de gestión de la información y la comunicación, como las tabletas y blocs digitales o los e-books.

Durante todo este período de poco más de quince años, durante los cuales se ha forjado y asentado esta nueva sociedad del conocimiento y la información, también se ha producido un avance sustancial en la garantía de los derechos para muchos sectores de la población con necesidades específicas, principalmente personas con discapacidad y personas mayores, de manera que principios esenciales y universales como la igualdad y no discriminación pudieran ser una realidad. En España principalmente, pero también en Europa, se ha legislado amplia y profundamente en todos los campos, y por supuesto en todo lo relacionado con la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Pero, en general, en servicios relacionados con prestaciones sociales, como nuestra famosa ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Todo ello, generado al amparo de una aparentemente maravillosa estabilidad económica, se dotó de fuertes recursos económicos muchas veces sin una adecuada planificación. Y por supuesto, sin contemplar a las TIC’s como “aliadas” en su implantación.

Es preocupante la escasa o nula presencia que tienen las TIC’s en la gestión de las garantías sociales y aplicación de los procesos y servicios que derivan de las obligaciones legales. El gasto en España en el año 2008 en el campo de la Sanidad fue del 6’1% PIB, en la educación el  4’6 % y en Servicios públicos generales el 4’7% PIB. Sin embargo, sigue siendo ridícula la utilización de las virtualidades de las TIC’s para incrementar la efectividad de los servicios, y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas realidades y capacidades tecnológicas para “cumplir los derechos”. El resultado para los presupuestos anuales de las administraciones (muchas competencias están transferidas a las autonomías) es demoledor: la ejecución de los derechos se realiza todavía a través de servicios presenciales con costes elevadísimos y efectividad limitada.

En la tan nombrada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se establece en su art. 13 el catalogo de servicios, entre los lo se encuentran la asistencia personal, servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, necesidades del hogar o cuidados personales. Todos estos servicios se están desarrollando “a la antigua usanza”, con servicios personales y ayudas presenciales de cuidadores o asistentes. En ningún caso se están introduciendo o se ha planteado utilizar sercvicios domóticos o de control de entorno. Si, inversiones y desembolsos inicialmente, pero ahorro y mayor bienestar al a medio plazo, sin duda, para muchísimo beneficiarios finales. El presupuesto en 2010 fue de 2030 millones de euros.

La 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas., obliga a las Administraciones a dotar de los medios de comunicación necesarios a los beneficiarios en todos los ámbitos sociales: educación, sanidad, transportes, cultura,… Los servicios de interpretación en lengua de signos se realizan de manera presencial, y sólo la Administración General del Estado financia anualmente por importe superior al millon de euros; las CCAA y muchas corporaciones locales, igual. ¿Dónde quedan las TIC’s, los recursos tecnológicos, los sistemas de videoconferencia o videocomunicación? Un sistema así es insostenible e ineficaz (a no ser que sobre el dinero, pero me parece que no es el caso), máxime cuando aún con el enorme desembolso no se cubren todas las necesidades. Afortunadamente, algunas corporaciones como el Ayuntamiento de Málaga ya empiezan a utilizarlo.

La ley orgánica 2/2006 de Educación y la ley orgánica 4/2007, de Universidades obliga a dotar de los recursos necesarios a los alumnos con discapacidad para poder realizar sus estudios. Para las personas con discapacidad, la utilización de tecnologías es esencial, y deben ser tecnologías accesibles. El gasto en estas tecnologías es prácticamente nulo, cuando la inversión en ellas supondría un ahorro económico considerable y se ejercería de manera mucho más eficaz el cumplimiento del derecho. Uno se queda perplejo cuando, en el año 2011, lee noticias como que la Universidad a Distancia de Madrid entrega a 50 alumnos dispositivos iPad, para analizar las posibilidades de estos dispositivos en la enseñanza universitaria a distancia en un proyecto piloto. Y en este mismo proyecto, la Fundación de  una las principales teleoperadoras participa dotando con cinco aparatos a alumnos con discapacidad. Y estamos en el año 2011. Si todavía en este año tenemos que seguir realizando estudios, informes y análisis de los beneficios que aporta la tecnología, y la tecnología accesible para todos, algo falla. Porque cuando se  tengan los resultados del proyecto piloto, la telefonía móvil irá por la séptima generación, los IPad por la xxx y habrán salido dos sistemas operativos nuevos, al menos. Y luego se seguirán haciendo estudios, para ver si los nuevos… Seamos serios, si queremos saber si las tecnologías ayudan a las personas con discapacidad, los beneficios que reportan y para qué sirven, hagamos una cosa: veamos cómo un ciego, por ejemplo, usa el iPhone (digo iPhone, porque es el único accesible), programa en el ordenador y utiliza las comunicaciones. Luego de verlo, ya decidimos si hay que hacer el estudio para decidir si las tecnologías sirven o son rentables.

La realidad tecnológica de hoy, aún cuando haya que trabajar todavía con profundidad en diseños para todos, nos ofrece unas posibilidades que están siendo desaprovechadas, cuando no ignoradas. En la situación económica que vivimos, con más motivo, la Administraciones pueden optar por ser una sociedad tecnológica contemplativa e inhibida, o una sociedad tecnológica inteligente. Evidentemente, sólo en este último caso, dedicando financiación a inversiones tecnológicas, aprovechando las prestaciones que nos ofrecen las tecnologías¸ y necesariamente tecnologías accesibles, se cumplirán los derechos, se generará mercado, se reducirán los costes en servicios sociales, se incrementará el bienestar del beneficiario y se podrá ampliar la población receptora de servicios. En definitiva, aprovechando la realidad tecnológica, y desarrollando tecnología accesible, gastaremos más hoy, pero la sociedad (y la economía) lo recuperará con ventaja en un futuro inmediato. El mejor político, empresario, o directivo, es el que ofrece más y gestiona mejor los recursos, ¿o no?. El más inteligente, además, el que escucha y aprende de “sus técnicos”, que normalmente, piensan y hablan menos, pero conocen y hacen más.

La Feria de la electrónica de consumo de Las Vegas, ¿dónde estamos?

Hace unos días se celebró el primer gran acontecimiento tecnológico de este año 2011, la Feria de la Electrónica de Consumo de las Vegas. Me ha sorprendido gratamente la relativamente amplia cobertura que el evento ha tenido en las páginas de los medios escritos generalistas, y especialmente de ámbito nacional. Realmente no debiera extrañarnos, pues lo que en estos foros se “cuece” y presenta en sociedad, para el presente inmediato y el futuro más cercano, nos afecta a todos como receptores de las de nuevo nuevas tecnologías que vamos a tener en nuestras manos, queramos o no, para comunicarnos, para trabajar, para nuestro ocio y para modificar nuestros hábitos de actuación y crear los nuevos.  Por supuesto, allí han estado Microsoft y sus proyectos de nuevo SO, al tiempo que Ballmer se vanagloriaba de haber vendido en 60 días 8 millones de Kinect; y también estuvo Google y su nueva versión de Androids; y, bueno, estuvieron todos los demás.

Cada vez que se celebra uno de estos eventos que tanto afectan a  nuestra vida, vuelve mi preocupación acerca del impacto que estas nuevas presentaciones van a suponer para las personas con discapacidad, especialmente sensorial (personas ciegas, sordas o con discapacidad auditiva) e intelectual. Porque lo que normalmente debieran ser muy buenas noticias para todos, realmente cada avance tiene infinitas aplicaciones beneficiosas en global para la sociedad, para las personas con discapacidad pueden ser nefastas si se sigue avanzando a este ritmo, las administraciones y sector privado adquiriendo y haciendo uso de las novedades, y todo sin seguir contemplando criterios de accesibilidad, usabilidad y, en definitiva, principios de diseño para todos. La Feria de electrónica de consumo de Las Vegas se centró en los nuevos modelos de tabletas y de telefonía, pero sobre todo, y como gran novedad pero ya real, la televisión en 3D y su integración en la red. Si hubiera habido conclusiones, una sería el titular: la electrónica de consumo carece de sentido ya sin internet.

Es en estos foros donde principalmente deben hacerse ver y actuar de verdaderos lobbys los colectivos de las personas con discapacidad y sus responsables, haciendo valer su presión y visualizando sus necesidades, y por qué no, los gestores públicos y políticos. Y por más que busqué, no vi a ninguno. Entre otras cosas, para enterarse de qué es lo que hay, qué es lo que está por venir, para qué sirve, cómo puede aprovecharse en la lucha por la igualdad y no discriminación de todos los ciudadanos y, por qué no, como pueden beneficiarse las políticas sociales para dar mejores servicios en campos como la educación, la sanidad o la incorporación al trabajo, por poner algunos ejemplos. Porque está muy bien discutir y pedir en los despachos, y seguir reivindicando “desde fuera de la normalidad”, y porque aunque como en anteriores reflexiones suene a aberración, las políticas sociales y la igualdad tienen mucho que ver y quedan profundamente afectadas por la evolución tecnológica.

El sector de la electrónica de consumo creció en 2010 un 3’5 %, con un volumen de negocio aproximado de 143.000 millones de euros. La previsión es que en 2014 existan sólo en EEUU 30 millones de televisores conectados a internet, y más de 185 millones en todo el mundo. Cuando todavía no se ha solucionado la accesibilidad y usabilidad de equipos y contenidos para internet a través de los medios tradicionales (PC’s, teléfonos móviles…), ¿no es preocupante que además ahora se meta en nuestro salón, se empiecen a dotar de contenidos y servicios interactivos nuevos para internet nuestro televisor, y tengamos frente a él a miles de personas incomunicadas por su falta de accesibilidad?

El máximo responsable de la feria, Gary Shapiro, estuvo acompañado a lo largo de todo el evento por Iván Seinderberg, consejero delegado de Verizon, la mayor operadora de banda ancha terrestre y móvil de EEUU, quien adquirió el compromiso de dotar de infraestructura 4G para todo el territorio en dos años. La unión de ambos sectores, la electrónica de consumo y las comunicaciones, lo define Shapiro como el inicio de un nuevo sueño americano. El problema es que estos sueños que vienen del otro lado del Atlántico luego tienen mucha repercusión por aquí. Me pregunto, ¿este nuevo sueño que presentó a los que el llama tecnocapitalistas, que avanza tan rápido, no puede crear nuevas y mayores brechas de exclusión?.

La tecnología tiene mucho que ver  con el bienestar social y la igualdad de oportunidades. Y ahora, si cabe, cuando podemos entrar en una nueva era introduciendo internet y los servicios y contenidos que conlleva en la electrónica de consumo, es más necesario que nunca hacer visible las necesidades de gran parte de población con determinadas discapacidades y los graves riesgos que puede suponer la falta de diseño universal, accesibilidad y usabilidad. Y para lograr esta visualización es imperioso cambiar la estrategia de “reivindicación”. No se logrará nada si se mantiene esta reivindicación desde fuera de los “foros normalizados”, y se sigue pidiendo desde los despachos y en los congresos, reuniones, comidas y eventos de, por y para sólo personas con discapacidad y familias. Hay que estar allí, en los “foros normales”, en las reuniones de negocios, presionando y enseñando, en definitiva, a los tecnocapitalistas. Únicamente desde dentro “de la normalidad” se puede llegar a la normalidad.

En el año 2010 hubo dos importantes eventos tecnológicos vinculados a la Administración en España. El primero de ellos, TECNIMAP 2010 en Zaragoza, congreso anual donde se exponen, discuten y difunden las actuaciones relacionadas con las tecnologías realizadas por la Administración Central y las autonómicas.  Por primera vez, se incluyó en un “Congreso normal”, plagado de responsables políticos y técnicos, la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación, centradas en la administración electrónica. Entonces ocupaba el puesto de Director General de Políticas de discapacidad en el Ministerio de Sanidad y Política Social, y fui el encargado de defender y visualizar en una de las mesas la necesidad de trabajar siempre bajo parámetros de accesibilidad y usabilidad, para evitar riesgos de exclusiones sociales.

El segundo, en octubre, Meeting  Point 2010, coordinado por Francisco Antón, subdirector general de informática del Ministerio de Educación y presidente de ASTIC, la asociación nacional de técnicos de la información y la comunicación de la Administración en España. Ya no ocupaba el cargo de Director General, pero sin embargo fui invitado (agradezco sinceramente la sensibilidad de ASTIC) a una ponencia central bajo el título “Accesibilidad y Usabilidad en la Administración y las TIC”. Este Congreso era otro “Congreso normal”, donde nuevamente, y desde dentro de la “normalidad”, pude reclamar y hacer ver la necesidad de normalizar las tecnologías, es decir, hacerlas accesibles y usables por todos los ciudadanos, especialmente las personas con determinadas discapacidades o limitaciones, o simplemente mayores,  con dificultades para su uso o acceso a la información, a los contenidos. Entiendo que éste debe ser el camino, y la única forma de hacer realidad la accesibilidad tecnológica. En ambos casos, por primera vez, se introdujo la importancia y necesidad de accesibilidad en “Congresos y foros normales”

Las leyes obligan y generan derechos, pero no diseñan los productos tecnológicos, ni los contenidos tecnológicos, ni los servicios tecnológicos. Esto lo hace la industria, y la industria en este campo va siempre años por delante de cualquier legislación. Por ello, creo firmemente que sólo desde la industria, desde dentro de la industria, desde dentro de los foros tecnológicos, infiltrándose entre los tecnocapitalistas, se podrá intentar conseguir mejor y más rápido la igualdad y la no discriminación. También podemos seguir haciendo estudios e informes durante muchos años de lo que mal está todo en accesibilidad a bienes, productos y servicios tecnológicos; pero, sinceramente, como creo que conocemos de sobra las carencias, quizás es mejor empezar ya a trabajar desde dentro de la industria y con la industria. Y hacerla ver que si ella gana (dinero e imagen), toda la sociedad gana.

Seamos realistas, pidamos la inclusión

Hace un par de años, durante unas jornadas tituladas “Televisión interactiva: perspectiva y futuro”, organizadas por el Cluster Audiovisual Gallego, Peter Olaaf Lomos, asesor de la Sociedad Pública de televisión y radio de Dinamarca, sentenció: “En Europa, el 15 % de la población tiene alguna discapacidad. La interactividad ofrece una ocasión para la integración de todos”. Este evento estuvo salpicado de pequeñas joyas en las declaraciones de los expertos en estas tecnologías. D. Antonio Rodríguez del Corral, responsable del proyecto de Televisión Interactiva del operador gallego de cable R, manifestó que “La televisión Intercativa será un negocio mayor que los teléfonos móviles”. El jefe de desarrollo de producto Sky Gamestar, Dan Chronnel, matizaba: “Es negocio, pero cada mercado tiene sus características”. Finalmente, D. Eduardo Madrid del Olmo, responsable de publicidad interactiva de Sogecable, señalaba la clave (de todo comercio): “Para la publicidad es una oportunidad única de relacionarse de forma distinta con el espectador, tal y como se está comprobando en internet y en los móviles”.

Personas con discapacidad en Europa: 15 % de la población. Personas mayores (y por lógica, con limitaciones) en 2020: 30 %.

          Peter Olaaf lo veía muy claro. Hace treinta años, el mercado se podía permitir el lujo de dejar fuera de su oferta de bienes y servicios a determinados sectores poblacionales, por múltiples factores: era muy costosa la comunicación/publicidad de bienes y productos para “toda la población”, era muy costosa su fabricación y era muy poco rentable invertir en un sector de la población con muy poco poder adquisitivo. Hoy esta realidad no está solucionada, pero tampoco es aceptable su negación al derecho: La persona con discapacidad, en cuanto ciudadano de pleno derecho, tiene que tener la opción de participar en todos los ámbitos sociales, y esto significar también en la sociedad de mercado y consumo, es decir, ser integrante en igualdad de oportunidades tanto como cliente como ofertante de bienes y servicios. La sociedad globalizada, tan denostada y criticada en muchos aspectos, sin embargo, y seguro que de manera inconsciente, está propiciando que el abaratamiento de costes en todo el proceso productivo de la industria, junto a la potencialidad de hacer llegar “la existencia del producto” a millones de personas a través de canales nuevos de publicidad,  incorpore a sectores discriminados hasta ahora, como las personas con discapacidad, al mercado como consumidores y usuarios.

La fragmentación del mercado en infinitas marcas y productos, aún cuando esté cada vez con mayor frecuencia localizada en entornos comerciales “cerrados y aglutinados”, hace que ninguna persona pueda ser despreciada como consumidor.  Ver personas con distintas discapacidades en grandes centros e hipermercados comerciales es ya algo habitual. El consumo de una persona con discapacidad se equipara a la de cualquier otra: hace la compra, visita los restaurantes y usa el cine.

Es innegable que hoy, a principios del s. XXI, vivimos en una sociedad globalizada piramidalmente (en países, continentes, el mundo), donde nada forma parte independiente del todo. Ni tan siquiera las políticas sociales. A la industria y a la economía de mercado le interesa mucho participar y potenciar las políticas sociales de integración de sectores poblacionales discriminados hasta ahora. Las empresas deben darse cuenta, y lo saben, que el requisito esencial para ser consumidor es tener poder adquisitivo. La integración laboral de personas con discapacidad, y la apuesta política por la seguridad y estabilidad del mismo, hacen que cada vez mayor número de personas con discapacidad se hallen inmersas en la sociedad como un consumidor más. Lo mismo ocurre con la accesibilidad. Introducir políticas de inversiones en accesibilidad es tremendamente rentable para el mercado, y para convertir personas con discapacidad en clientes con discapacidad. Este aspecto lo están asumiendo en su filosofía las entidades inmersas en el mercado de las Nuevas Tecnologías, a través de las cuales los cada vez más numerosos clientes con discapacidad interactúan con el mercado y la sociedad de consumo mediante las herramientas que estas empresas TIC’s ponen a nuestra disposición. El beneficio de transformar a la persona con discapacidad en consumidor es global: se beneficia el Estado incorporando efectivos de trabajo, se beneficia la persona con discapacidad, se beneficia la innovación y el desarrollo tecnológico, y se beneficia el mercado y la sociedad de consumo.

La discapacidad no está desvinculada del mercado. El mercado, y las empresas TIC’s que se mueven en él, deben ser conscientes de ello. Paradójicamente, la lucha por incluir a las personas con discapacidad entre los consumidores habituales beneficia a todos, económica y socialmente. Por ello, el mercado y sus empresas pueden y deben involucrarse en el avance social de las políticas y en la integración global de las personas con discapacidad, poniendo en práctica en su ámbito medidas de acción necesarias para lograr este fin.

Valga un ejemplo tremendamente clarificador. En 2006, el Gobierno aprobó la reducción del IVA en la adquisición y adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida. Este ejemplo, que puede introducir a muchas personas con discapacidad como consumidores de la industria del automóvil, muestra muy claramente la sinergia de beneficios para todas las partes. Para el Gobierno, que paradójicamente se ve ante un incremento de ingresos (entran nuevos consumidores, que si bien es cierto que pagan directamente menor IVA, lo recogen de manera indirecta con el consumo de carburante y otros impuestos indirectos); para el sector del automóvil, que ve como entran nuevos consumidores que sin esta rebaja quedarían fuera del mercado; y para la persona con discapacidad, que se introduce como consumidor en el sector. El beneficio es mutuo, los costes apenas existen, todos ganan.

Las personas con discapacidad se nos presentan como consumidores duales de las TIC’s. Por un lado, consumidores obligados de los productos y servicios necesarios y propios de su discapacidad para interrelacionarse con la sociedad. Por otro, como el consumidor normal, que necesita un lugar donde vivir, necesita vestirse, necesita alimentarse o necesita disfrutar del ocio como cualquier ciudadano. Es en esta faceta del consumidor común donde el mercado y las empresas comerciales que se mueven en él no ha reparado aún lo suficiente sobre el potencial que desaprovechan. Los bienes y servicios a los que puede desear acceder o necesitar, en su prisma objetivo, son los mismos que los deseados o necesitados por el consumidor común.

Prácticamente ningún sector ha reparado que el diferencial coste-beneficio en los bienes accesibles ofertados al consumidor con discapacidad, se inclinan apreciablemente hacia el beneficio. Y ello por un doble motivo. Un bien o servicio accesible puede ser usado o utilizado por cualquier persona. Y por otro, la oferta de bienes y servicios accesibles para personas con discapacidad difícilmente quedaran sin cubrir ni ser rentables para el promotor. Si bien la capacidad económica del colectivo de personas con discapacidad ha sido realmente baja hasta ahora, su incorporación cada vez más al mercado laboral está cambiando la situación. Si el mercado quiere ver a este nada despreciable porcentaje de personas  como clientes y consumidores de sus bienes y servicios, debe invertir en ellos.

El cliente-consumidor con discapacidad posee dos características diferenciadoras respecto al cliente-consumidor sin discapacidad: su fidelidad y su capacidad de producir innovaciones en los productos del mercado. La capacidad de influir en la innovación de productos, bien a través de nueva creación o adaptación de los ya existentes, es enorme. El mercado de consumo se ha visto en numerosas ocasiones ante la perspectiva de que diseñar productos, entornos o servicios innovadores que incorporan la accesibilidad, no sólo no producía costes añadidos sino que multiplicaba sus beneficios. Cuando el mercado, los bienes o productos presentes en él, utilizan directrices que los hacen accesibles al consumidor con discapacidad, la experiencia demuestra que indirectamente captan a gran número de consumidores sin discapacidad.

Sin duda, el campo donde el cliente-consumidor con discapacidad se ha dado cuenta que le proporciona todo el potencial para desarrollar su faceta de consumidor es a través de las Nuevas Tecnologías. La ventaja de una adaptación del mercado TIC al colectivo de personas con discapacidad o con limitaciones (recuerden, Europa tendrá el 30 % de su población por encima de los 65 años en 2020), haciendo su acceso  y utilización igualitario para todos, aporta un beneficio muy por encima del coste. La Comisión Europea, en un borrador de mandato de Diseño para todos, expone que en Estados Unidos el poder adquisitivo de las personas con discapacidad se sitúa en torno a la cifra de un billón de dólares, del cual 220.000 millones cobran la forma de gasto discrecional. En el Reino Unido se calcula que esa cifra representa en torno al 10% del PIB.