Entendamos
dentro de la Sociedad de la Información y la Comunicación los
productos, servicios y entornos donde está presente la tecnología.
Es decir, no nos referimos sólo a nuestro teléfono inteligente o
las web's de internet, no. También pertenecen a esta Sociedad las
propias aplicaciones (apps) de nuestros móviles, el software de
nuestros ordenadores, las plataformas de comercio electrónico, la
administración electrónica, la televisión digital e interactiva,
los productos enmarcados en el concepto de domótica, los navegadores
y elementos inteligentes de nuestros coches, el pago electrónico, la
firma digital, la robótica (y no solo la humanoide), los wearables,
la realidad virtual y aumentada, ... la lista es dificilmente
delimitable. Y no todo, ni mucho menos, está regulado por leyes o a
través de normativa técnica; pero sí lo está por legislación
social. ¿A alguien le suena no discriminación, igualdad de
oportunidades y accesibilidad universal?. El problema de usar
términos genéricos o utilizarlos en su concepto global, es que
tamién incluye a las tecnologías, amigos responsables públicos.
Entendamos
también qué son las leyes. Porque son palabras escritas sobre un
documento oficial que han sido publicadas en un medio escrito o
digital, que regulan unos derechos, procedimientos, acciones o
servicios privados o públicos, y que han sido debatidas (¡a veces!)
y aprobadas por aquellos organismos (Parlamento, Consejos de
Ministros, CCAA's o Ayuntamientos) que tienen competencia para ello
según nuestra legislación, o la propia de organismos
internacionales si es el caso. En definitiva, las leyes no dejan de
ser derechos u obligaciones inertes. Entonces, la pregunta de este
post del blog, mas bien, debiera ser: ¿Puedo confiar en quienes
deben garantizar el ejercicio y ejecución de las leyes para
garantizar la accesibilidad a la Sociedad de la información y
Comunicación?.
Pues,
puestos ante ese dilema, casi me atrevería a asegurar que no. Las
Administraciones Públicas están obligadas a cumplir de por sí lo
que aprueban y son competencia suya, sin más, en plazos y formas
acordes al texto legal. También deben ser garantes de exigir el
cumplimiento de las obligaciones que afectan al sector privado.
Cierto es que, en este caso, a veces es necesaria denuncia por parte
del ciudadano, y aquí tenemos otro grave problema: gran
desconocimiento por parte de la ciudadanía de sus derechos,
desconfianza en nuestro sistema judicial entre otras cosas por su
lentitud, y falta de medios y facilidades para ejercer ese derecho a
denunciar. ¿Por qué me atrevo a segurar que no confío mucho en
quienes deben garantizar mis derechos vinculados a la accesibilidad
escritos en las leyes?. Sencillo, me he permitido hacer una pequeña
recopilación de leyes y Reales Decretos aprobados en los últimos
doce años, cuyo hiperenlace pongo al final de este post, y no es
demasiado satisfactorio.
Y
ya que el ciudadano, muchas veces, demasiadas, es deconocedor de sus
derechos y el tercer sector social de la discapacidad adolece de una
efectiva línea de formación e información permanente (y no
puntual, solo cuando se aprueba algo nuevo), invirtamos la
estrategia: tratemos la discapacidad y el envejecimiento con sus
limitaciones desde una perspectiva empresarial y comercial. Démosle
de este modo la vuelta a la tortilla. ¿Por qué no hacer que la
empresa sea proactiva en la exigencia del cumplimiento de los
derechos de accesibilidad (tecnológica) que tienen los ciudadanos?.
O dicho de otro modo, ¿por qué no enseñar a la empresa a
"aprovecharse" de todo lo legislado, siendo ella quien
traslade este conocimiento de obligaciones legales a los propios
ciudadanos, para que estos los reclamen y se conviertan en "su
cuerpo de comerciales" presionando a las Administaciones, y al
sector privado de servicios, cuando sea oportuno?. Es decir, como
siempre he mantenido, usar la propia legislación como oportunidades
de negocio, como verdadero nicho de generación de beneficio
económico y social.
El
campo de los derechos indefectiblemente genera negocio para el sector
privado, al requerir inversión y gasto por parte de las
Administraciones para su cumplimiento. Pero también negocio social
para las propias Administraciones, al conseguir mayor eficiencia y
autonomía. Es cierto que determinados derechos requieren también
gasto para el sector privado, pero este revierte también a través
de los reportes beneficio ecnómico para el sector. Las
Administraciones Públicas deben ser las primeras y mayores
impulsoras de la Economía Social, donde la accesibilidad es
innegociable y pieza clave en todos los sectores productivos y
ámbitos publicos. Requiere gasto, sí, pero al mismo tiempo
significa beneficio para las empresas proveedoras de productos y
servicios, que se transforman en beneficio social. Ya que las
Administraciones no cumplen, y el tercer sector sigue empeñado en
crear nuevas leyes y reales decretos, dejando en segundo lugar lo que
debiera su principal labor: formar e informar al beneficiario
(asociados don discapacidad, mayores, con limitaciones, en riesgo de
exclusión social,...), y denunciar, paa obligar a su cumpliento,
cambiemos de estrategia. Tratemos de convertir a la empresa en
"comerciales de los derechos". (Advertencia: no digo que no
haya que aprobar nuevas leyes que garanticen derechos, ni que no haya
que mejorar las existentes. Mantengo que la cuantía "al peso"
de las leyes no garantiza nada si no se cumplen).
Veamos
tan sólo algunos ejemplos de incumplientos de entre las más de
doscientas leyes y Reales Decretos aprobados en los últimos doce
años, que establecen obligaciones de accesibilidad tecnológica, de
un modo u otro. En todos ellos, además, debido a los procesos cada
vez más complejos de actuaciones que requiere la nueva sociedad
digital, deben ir teniendo cabida recursos de inteligencia
artificial, tecnología cognitiva, avatares virtuales, IoT, domótica
en centros educativos o socosanitarios que garanticen la autonomía
de personas con discapacidad, plataformas y entornos digitales
accesibles... ¿seríamos capaces de calcular el beneficio social
para la ciudadania y el beneficio económico que supondría para el
sector privado, los proveedores de soluciones, el cumplimiento de las
leyes, si se aprobara el gasto público necesario?. Pero, ¡ojo!
gasto rentable también para las Administraciones Públicas, al
generar eficiencia, efectividad, productividad, formación inclusiva
y capacidad de redistribución de recursos. El problema, ¡que los
beneficios son a medio y largo plazo, y para eso necesitamos gestores
políticos públicos que tengan verdadera conciencia de servidores
públicos, sin miras inmediatas a las próximas elecciones!.
¿Quieren
ver un ejemplo, como aperitivo singular, antes de entrar al
hiperenlace que pondré al final?
"LEY
14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación.
Artículo
2. Objetivos generales. "...fomentar la innovación e
investigación aplicada al desarrollo de entornos, productos,
servicios y prestaciones que garanticen los principios de inclusión,
accesibilidad universal, diseño para todos y vida independiente en
favor de las personas con discapacidad o en situación de
dependencia".
Artículo
33. Medidas: m) Medidas para el fomento de la investigación, el
desarrollo y la innovación de entornos, productos y servicios y
prestaciones dirigidos a la creación de una sociedad inclusiva y
accesible a las personas con discapacidad y en situación de
dependencia."
Totalmente
incumplida.
Esta
Ley es especialmente irónica, porque curiosamente la Secretaria de
Estado de Estado de Servicios Sociales y el Director General de
Políticas de la Discapacidad, del Ministerio de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social, que tenían la mayoría en el Patronato de la
Fundación CENTAC (Centro de Tecnologías de la Accesibilidad), único
en su estructura (Administración, Empresa y Tercer Sector) y
finalidad y convertido en eferente, han permitido el cierre de este
Centro emblemático y de referencia.
Ahora
sí, aquí os pongo el enlace a una pequeña relación de Legislación
aprobada en los últimos doce años. ¿Os intriga ver si está
cumplida o no?:
No
obstante, creo que debemos volver al optimismo. También es cierto
que las tecnologías y los entornos, productos y servicios donde
están presentes (es decir, en todos, en mayor o menor medida), han
desarrollado una nueva sociedad, han mejorado la salud y el
bienestar, incrementado la actividad profesional y movilidad
poblacional, y potenciado nuevos nichos de negocio, siendo ejemplos
de ello el turismo, la amplitud del campo de actuación del mercado a
traves del comercio online, o el acceso la formación desde
cualquier parte a través de plataformas online, permitiendo una
mayor cualificación de la ciudadania. Y la aparición de tecnologías
y servicios tecnológicos emergentes como el IoT, la robótica, la
realidad virtual o aumentada, el blockchain o la inteligencia
artigficial, que tienen mucho que decir en la nueva sociedad (y mucho
papel importante para ayudar a las leyes o a compensar sus defectos
de efectividad). Y, todo ello, y mucho más, como siempre, genera
diversidad de oportunidades (al multiplicar las formas de acceso a
los servicios), mayor autonomía, mejor gestión del tiempo, mayor
beneficio social y mayor beneficio económico, en definitia. Y lo
seguirán haciendo, y no necesariamente y solo por altruismo: porque
la empresa, la industria, el sector privado, necesita ganar dinero,
está dentro de una economía de mercado, y solo sobrevive en medio
de la competencia si es capaz de obtener beneficios. Ya no puede
olvidarse de los "consumidores con discapacidad" en un
mercado globalizado, donde cada individuo es importante como
consumidor activo. La empresa no me engaña: si no gana, cierra o
despide o elimina líneas de actividad. Si los responsables y poderes
públicos prometen y legislan y no cumplen, ¿quién me engaña?.
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