No son, sin duda, buenos tiempos para conseguir que determinados sectores poblacionales, como las personas con discapacidad o limitaciones y mayores, consigan participar en nuestra sociedad de la información y las comunicaciones en igualdad de condiciones, ello cuando consiguen participar. Es más, cabría preguntarse, o cuando menos reflexionar, si al canalizar o “monopolizar” gran parte de los servicios básicos que cualquier sociedad moderna debe proporcionar a sus ciudadanos (educación, relación con las Administraciones, sanidad o sistemas de trabajo) a través de medios tecnológicos, plataformas virtuales o comunicaciones electrónicas con evidentes barreras de accesibilidad y usabilidad, no sólo no mejoramos las condiciones de igualdad, sino que incrementamos la desigualdad.
En esta época de crisis y recesión económica que padecemos, estamos viendo que es el mercado quien marca las políticas, de modo que las propias directrices políticas son secundarias. Hasta tal punto, que la ejecución de las condiciones establecidas en la profusa normativa legal desarrollada en estos últimos años, tanto a nivel nacional como internacional, para lograr un acceso a la sociedad TIC’s en condiciones de igualdad, se encuentra en situación de espera incierta. Mientras no se cambie el paradigma mental de que la accesibilidad y usabilidad a las TIC’s no debe ser un añadido a las mismas, sino parte nativa de ellas, difícilmente encontraremos el buen camino. Las condiciones de accesibilidad y usabilidad de las TIC’s nunca debieran vincularse a que los poderes públicos tuvieran el dinero suficiente para comprarlas, con costes adicionales. La solución sería muy sencilla para las Administraciones, principal cliente del sector tecnológico privado: mientras no consigas darme tecnología, plataformas y servicios electrónicos accesibles y usable, no te compro. De sueños también se vive, pero estos no generan igualdad, aún cuando ayudan. Los poderes públicos se encuentran en una situación francamente difícil, y en clara desventaja. Los grandes gigantes tecnológicos en todos los campos, que todos conocemos de memoria (Microsoft, Apple, IBM, HP, Google, Samsung, Sony, HTC, …), a los que se han unido las grandes redes sociales, no sólo tienen ingresos superiores en muchos casos al PIB de muchos países, sino que además, son conscientes que hoy en día, sin sus recursos tecnológicos, “no hay sociedad viable”. Es decir, estamos en sus manos.
Frente a este panorama, la reclamación de los derechos establecidos en nuestras legislaciones es insuficiente. Tenemos que ser conscientes, desgraciadamente pero sin desánimo, que la realidad es la que es, y buscar estrategias distintas y mucho más efectivas que las basadas exclusivamente en las regulaciones legales de carácter social, aunque suene a herejía. Creo que no llegaremos a ver cómo el incumplimiento de incorporar condiciones de accesibilidad y usabilidad a los bienes, productos y servicios TIC’s supone un bloqueo a ninguna de las grandes empresas tecnológicas. En cambio, sí estamos viendo cómo la guerra de patentes tecnológicas está generando una lucha en el mercado sin parangón hasta ahora. Y estamos siendo espectadores de cómo la gran mayoría de estas patentes siguen cayendo en manos del oligopolio de los gurús tecnológicos. Samsung y Apple, por ejemplo, tienen abiertos 22 pleitos por patentes, en una guerra sin cuartel país a país por conseguir bloquear las ventas de sus productos uno de otro. Y lo consiguen. Guerra a la que se ha unido Verizón, y a la que se están incorporando los recién llegados, nuestros imprescindibles jefes de las redes sociales. Frente a esta pelea de miles de millones por el dominio del mercado, las sanciones económicas por dejar fuera de la sociedad TIC’s a millones de personas, apenas son unas cosquillas incluso agradables para el oligopolio.
Sé que suena a aberración, pero creo sinceramente que hay que empezar a trabajar por lograr una verdadera igualdad, incorporando accesibilidad y usabilidad a las TIC’s, esenciales y completamente necesarias hoy día, desde otra estrategia. Y es tomando la necesidad de millones de personas con discapacidad o limitaciones y mayores, como si fuera una línea de negocio empresarial. Es necesario que parte de los ingentes recursos económicos que mueve, y que recibe el sector social, a través de sus redes asociativas, dejen de dedicarse a unas meras actividades de subsistencia asistencial, para crear verdaderos recursos de trabajo e influencia dentro de la industria, matiz este que va mucho más allá que con la industria. Los extensos, proecupantes y anuales informes que se realizan desde todos sitios sobre la infoaccesibilidad tecnológica, no solucionan la brecha digital. Eso sí, consiguen engordar el álbum de fotos con cada presentación, donde quedan para la posteridad las imágenes de los responsables políticos de turno, y los de la discapacidad y del tercer sector (estos cambian menos).
En un mundo tecnológico tan veloz como el actual, hay que estar siempre pendientes de lo que surge, y saber detectar su potencial a tiempo. Y esto sólo se consigue incorporando ejecución con profesionales y recursos dedicados a la ejecución, y no sólo a la observación. Desde dentro de la industria. En definitiva, no es nada nuevo. Siempre han existido los espías; se trataría, pues, de introducir “espías” dentro de la industria, pero que trabajen en la industria. Tómese como una metáfora, para coger el concepto.
Estar pendientes y alerta de las revoluciones tecnológicas que aparecen, y detectar y adivinar su importancia, es esencial para erradicar continuas discriminaciones. Pocas revoluciones en la intercomunicación social ha habido con tanta importancia como las redes sociales. Parecen estar con nosotros desde siempre, sin embargo Facebook sólo tiene 7 años. Pero Facebook no es Facebook. Facebook es “la marca comercial”. Bajo la “marca”, están un grupo de accionistas que se han ido incorporando al proyecto de Mark desde su arranque, dotando de enormes recursos financieros al proyecto, hasta darle un valor de 100.000 millones de dólares en que lo valoran los analistas bursátiles. Puesto que estos accionistas e inversores no son entes virtuales, más bien muy humanos, también es factible actuar con ellos, y trabajar con ellos. Pero no pidiendo, trabajando con ellos y en sus proyectos. Y ello, estoy seguro, es completamente realizable si, como mencioné antes, se dedican parte de los recursos económicos que gestiona el sector social, para acercarse e incorporar profesionales y ejecutivos en los centros de decisión e influencia. En el caso paradigmático de las redes sociales, la discapacidad no sólo tiene que estar en ellas, tiene que “meterse” en sus entrañas y participar en su gestión, al igual que tendría que hacer con las grandes empresas tecnológicas.
Sinceramente, y aún reconociendo, por supuesto, su importancia, no creo que preocupe demasiado a Mark y a las grandes redes, la obligación que se ha establecido en nuestra reciente ley 26/2011, de 2 de agosto, de adaptación de nuestra legislación a la Convención de derechos de las personas con discapacidad, donde se obliga a que las redes sociales contemplen las condiciones de accesibilidad necesarias, bajo la amenaza de “un castigo” como se porten mal.
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