Los derechos de unos, y también de los otros.

Los medios audiovisuales, el cine, la televisión, tienen mucho que ver con las denominadas continuamente nuevas tecnologías. Cada vez incorporan más técnicas, productos, programas informáticos y diseños inteligentes para presentarnos “el gran producto final” que luego vemos en la sala de cine o en el saloncito de nuestra casa. Bueno, las vemos, oímos o disfrutamos de ellas los que podemos. Lamentablemente muchas personas con discapacidad sensorial no pueden decir lo mismo.

No deja de ser cuando menos sorpresiva la diferencia de fuerza  y capacidad de lucha esgrimida en la defensa de entre los derechos profesionales (propiedad intelectual y derechos de autor) y personales y teóricamente inviolables (acceso a la información y la comunicación). Es curioso que se clame al cielo por la vulneración del supuesto bien jurídico a proteger, los derechos de autor, y al mismo tiempo nos demos la vuelta mientras ignoramos el bien jurídico a proteger del vecino, inherente a la dignidad de la persona, y que desoye a nuestra Constitución de arriba abajo.

Efectivamente, y especialmente cuando ocurre entre determinados colectivos con supuesta mayor sensibilidad y conciencia social, produce un cierto desánimo observar cómo se defiende a muerte la “propiedad privada” de algunos entornos profesionales, sin dudar que existen esos derechos, y cómo se vapulean o ignoran otros derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la comunicación y la información. Si no estoy mal informado, las subvenciones con dinero público salen del bolsillo de todos los contribuyentes; por tanto, las subvenciones que reciben productores, actores y demás partícipes en creaciones audiovisuales la pagan todos los contribuyentes; entre todos los contribuyentes, están (aunque parezca mentira, también son contribuyentes y ciudadanos de pleno derecho), las personas ciegas, sordas y con discapacidad auditiva, entre otras. Entonces, ¿por qué no se obliga a todo aquel que recibe dinero de los contribuyentes, a respetar los derechos inviolables de los contribuyentes, y obligar a incorporar audiodescripción y subtitulado, necesarios para el acceso a la formación, información y comunicación de miles de personas, por ejemplo?.

Es evidente que vamos camino, a menos que se evite, a una muy peligrosa restricción de movimiento en nuestra libertad de acceso y partícipes de la información. Veamos, puesto que se podrá cerrar un portal que no cumpla con “la legalidad”, ¿no sería justo también que un ciudadano con discapacidad pudiera denunciar la web de una productora, una empresa de creación, las web de la SGAE, por no poder cumplir los requisitos de accesibilidad, y que pudiera cerrarse hasta que los cumplieran? ¿y por qué no las web de las administraciones públicas, con trámites rápidos y verdaderamente ejecutivos? Y por supuesto, siempre que tengan un enlace que redirija a un espacio de contenido de especial interés, y que no sea accesible. Porque según mi entender, si un espacio web público o de especial interés o de servicios a los ciudadanos no es accesible es ilegal, y si otro portal web (sea de las administraciones o de otras entidades privadas) redirige a otra “ilegal” por no cumplir los criterios de accesibilidad, también debiera cerrarse, ¿no?

Quizás la solución a medio plazo deba ir más por la educación y la formación de los profesionales de la industria de las nuevas tecnologías (donde inexorablemente debemos encajar hoy también al sector de las producciones audiovisuales) que por volver a tiempos de restricción unilateral de derechos. Si yo quiero y debo defender mi derecho, también debo respetar y defender el tuyo. Y ello sólo se puede ejercitar conociendo también cual es tu derecho. Es decir, yo sólo puedo tener fortaleza moral y ética para defender mi derecho a la “creación de autor” y propiedad intelectual en lo referente a medios de comunicación colectivos (y el cine lo es), si respeto el derecho al acceso a la información y la comunicación que tienen todas las personas con limitaciones en su uso (personas con discapacidad sensorial, especialmente, poniendo a su disposición medios como el subtitulado y la audiodescripción). La industria de las nuevas tecnologías se tiene que formar, para poder formar, y así saber  y poder defender su derecho, y el de los demás. Pero, ¿y qué ocurre con las compañías de Internet? ¿Qué parte de responsabilidad o culpa tendrían por permitir circular y alojar portales web que contuvieran enlaces ilegales, o redirigieran a otros portales que proporcionaran descargas ilegales? ¿O  por permitir circular o alojar en sus servidores web’s que no cumplieran los criterios de accesibilidad necesarios para su utilización por todas las personas? Puesto que nos cobran, y a tarifas no precisamente baratas, también debieran jugar un importante papel en vigilar los derechos de los ciudadanos, sobre todos aquellos que afectan a su ámbito, la comunicación.

Ahora bien, en la vida siempre hay algo de positivo en todo, y desde luego esta disputa por proteger los derechos y garantías de autor también la tiene. Si vemos que funciona a la perfección el dejar en manos de una Comisión interministerial la facultad de cerrar cualquier sitio web que no cumpla la legalidad (como redirigir a sitios de descargas ilegales o utilizar prácticas P2P), exigiendo que se retiren contenidos que entiendan en conflicto con la propiedad intelectual y derechos de autor, sin una tutela judicial efectiva, podríamos aplicar esta práctica a otros ámbitos. Es decir, crear otra Comisión Interministerial que de manera inequívoca y unilateral, le diga al juez que cierre la fábrica de cualquier empresa que ponga en el mercado tecnologías que no cumplan con los estándares de accesibilidad, o contenidos inaccesibles para una gran parte de la población. De esta forma, además, no caeríamos en una evidente discriminación, e igualaríamos la protección de los derechos, el de autor, al de igualdad para todas las personas en el acceso a la información y la comunicación utilizando nuevas tecnologías.

Pero los usuarios y especialmente los tecnólogos (internautas) normalmente son más listos, y siempre van bastante por delante de legisladores y especuladores creativos: cambian los hábitos, técnicas y procesos, y así seguirán, y ahí seguirán. Los tecnólógos, por regla general, son bastante más sabios que los letrados, y desde luego, mucho más rápidos, ágiles e inventivos..Quizás y entre otras cosas, porque los letrados y gestores públicos usualmente conocen bastante menos las tecnologías y sus recursos, que los tecnólogos las leyes.  Y desconocen que mientras la letra es inmóvil, la tecnología es dinámica; y en lo que se modifican las lagunas de una ley, han llegado tres generaciones más de comunicaciones. Ah, pero queda una solución: prohibir todo.

¿Cómo nos permitimos el lujo de despreciar la tecnología?

Que nos encontramos ante una de las mayores crisis económicas que se han producido en los últimos setenta años ya es una realidad innegable. Pero la que vivimos actualmente se ha presentado en un entorno que ninguna de las anteriores poseía; la actual crisis ha llegado en pleno desarrollo acelerado de la denominada sociedad de la información y del conocimiento. Como he comentado en muchas ocasiones, nunca se había producido en tan corto espacio de tiempo un cambio tan radical y profundo en los hábitos, comportamiento, sistemas de comunicación, gestión de recursos y forma de trabajo. Cuando hace apenas quince años Microsoft convirtió al ciudadano “vulgar y corriente” en usuario de los nuevos recursos que empezaban a forjar la hoy llamada sociedad de la información y la comunicación, con la presentación de su primer sistema operativo gráfico y dirigido al uso “por todos”, nada hacía pensar cómo podía cambiar nuestra sociedad y la forma de entenderla y vivirla. A ellos se han ido añadiendo durante estos cortos quince años las continuas generaciones de telefonía móvil, el incremento estratosférico (metafóricamente hablando) de los ancho de banda en las comunicaciones, la implantación de los nuevos sistemas de TDT o la aparición de nuevos “aparatos” de gestión de la información y la comunicación, como las tabletas y blocs digitales o los e-books.

Durante todo este período de poco más de quince años, durante los cuales se ha forjado y asentado esta nueva sociedad del conocimiento y la información, también se ha producido un avance sustancial en la garantía de los derechos para muchos sectores de la población con necesidades específicas, principalmente personas con discapacidad y personas mayores, de manera que principios esenciales y universales como la igualdad y no discriminación pudieran ser una realidad. En España principalmente, pero también en Europa, se ha legislado amplia y profundamente en todos los campos, y por supuesto en todo lo relacionado con la Sociedad de la Información y del Conocimiento. Pero, en general, en servicios relacionados con prestaciones sociales, como nuestra famosa ley de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Todo ello, generado al amparo de una aparentemente maravillosa estabilidad económica, se dotó de fuertes recursos económicos muchas veces sin una adecuada planificación. Y por supuesto, sin contemplar a las TIC’s como “aliadas” en su implantación.

Es preocupante la escasa o nula presencia que tienen las TIC’s en la gestión de las garantías sociales y aplicación de los procesos y servicios que derivan de las obligaciones legales. El gasto en España en el año 2008 en el campo de la Sanidad fue del 6’1% PIB, en la educación el  4’6 % y en Servicios públicos generales el 4’7% PIB. Sin embargo, sigue siendo ridícula la utilización de las virtualidades de las TIC’s para incrementar la efectividad de los servicios, y utilizar las posibilidades que nos ofrecen las nuevas realidades y capacidades tecnológicas para “cumplir los derechos”. El resultado para los presupuestos anuales de las administraciones (muchas competencias están transferidas a las autonomías) es demoledor: la ejecución de los derechos se realiza todavía a través de servicios presenciales con costes elevadísimos y efectividad limitada.

En la tan nombrada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, se establece en su art. 13 el catalogo de servicios, entre los lo se encuentran la asistencia personal, servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio, necesidades del hogar o cuidados personales. Todos estos servicios se están desarrollando “a la antigua usanza”, con servicios personales y ayudas presenciales de cuidadores o asistentes. En ningún caso se están introduciendo o se ha planteado utilizar sercvicios domóticos o de control de entorno. Si, inversiones y desembolsos inicialmente, pero ahorro y mayor bienestar al a medio plazo, sin duda, para muchísimo beneficiarios finales. El presupuesto en 2010 fue de 2030 millones de euros.

La 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas., obliga a las Administraciones a dotar de los medios de comunicación necesarios a los beneficiarios en todos los ámbitos sociales: educación, sanidad, transportes, cultura,… Los servicios de interpretación en lengua de signos se realizan de manera presencial, y sólo la Administración General del Estado financia anualmente por importe superior al millon de euros; las CCAA y muchas corporaciones locales, igual. ¿Dónde quedan las TIC’s, los recursos tecnológicos, los sistemas de videoconferencia o videocomunicación? Un sistema así es insostenible e ineficaz (a no ser que sobre el dinero, pero me parece que no es el caso), máxime cuando aún con el enorme desembolso no se cubren todas las necesidades. Afortunadamente, algunas corporaciones como el Ayuntamiento de Málaga ya empiezan a utilizarlo.

La ley orgánica 2/2006 de Educación y la ley orgánica 4/2007, de Universidades obliga a dotar de los recursos necesarios a los alumnos con discapacidad para poder realizar sus estudios. Para las personas con discapacidad, la utilización de tecnologías es esencial, y deben ser tecnologías accesibles. El gasto en estas tecnologías es prácticamente nulo, cuando la inversión en ellas supondría un ahorro económico considerable y se ejercería de manera mucho más eficaz el cumplimiento del derecho. Uno se queda perplejo cuando, en el año 2011, lee noticias como que la Universidad a Distancia de Madrid entrega a 50 alumnos dispositivos iPad, para analizar las posibilidades de estos dispositivos en la enseñanza universitaria a distancia en un proyecto piloto. Y en este mismo proyecto, la Fundación de  una las principales teleoperadoras participa dotando con cinco aparatos a alumnos con discapacidad. Y estamos en el año 2011. Si todavía en este año tenemos que seguir realizando estudios, informes y análisis de los beneficios que aporta la tecnología, y la tecnología accesible para todos, algo falla. Porque cuando se  tengan los resultados del proyecto piloto, la telefonía móvil irá por la séptima generación, los IPad por la xxx y habrán salido dos sistemas operativos nuevos, al menos. Y luego se seguirán haciendo estudios, para ver si los nuevos… Seamos serios, si queremos saber si las tecnologías ayudan a las personas con discapacidad, los beneficios que reportan y para qué sirven, hagamos una cosa: veamos cómo un ciego, por ejemplo, usa el iPhone (digo iPhone, porque es el único accesible), programa en el ordenador y utiliza las comunicaciones. Luego de verlo, ya decidimos si hay que hacer el estudio para decidir si las tecnologías sirven o son rentables.

La realidad tecnológica de hoy, aún cuando haya que trabajar todavía con profundidad en diseños para todos, nos ofrece unas posibilidades que están siendo desaprovechadas, cuando no ignoradas. En la situación económica que vivimos, con más motivo, la Administraciones pueden optar por ser una sociedad tecnológica contemplativa e inhibida, o una sociedad tecnológica inteligente. Evidentemente, sólo en este último caso, dedicando financiación a inversiones tecnológicas, aprovechando las prestaciones que nos ofrecen las tecnologías¸ y necesariamente tecnologías accesibles, se cumplirán los derechos, se generará mercado, se reducirán los costes en servicios sociales, se incrementará el bienestar del beneficiario y se podrá ampliar la población receptora de servicios. En definitiva, aprovechando la realidad tecnológica, y desarrollando tecnología accesible, gastaremos más hoy, pero la sociedad (y la economía) lo recuperará con ventaja en un futuro inmediato. El mejor político, empresario, o directivo, es el que ofrece más y gestiona mejor los recursos, ¿o no?. El más inteligente, además, el que escucha y aprende de “sus técnicos”, que normalmente, piensan y hablan menos, pero conocen y hacen más.

La Feria de la electrónica de consumo de Las Vegas, ¿dónde estamos?

Hace unos días se celebró el primer gran acontecimiento tecnológico de este año 2011, la Feria de la Electrónica de Consumo de las Vegas. Me ha sorprendido gratamente la relativamente amplia cobertura que el evento ha tenido en las páginas de los medios escritos generalistas, y especialmente de ámbito nacional. Realmente no debiera extrañarnos, pues lo que en estos foros se “cuece” y presenta en sociedad, para el presente inmediato y el futuro más cercano, nos afecta a todos como receptores de las de nuevo nuevas tecnologías que vamos a tener en nuestras manos, queramos o no, para comunicarnos, para trabajar, para nuestro ocio y para modificar nuestros hábitos de actuación y crear los nuevos.  Por supuesto, allí han estado Microsoft y sus proyectos de nuevo SO, al tiempo que Ballmer se vanagloriaba de haber vendido en 60 días 8 millones de Kinect; y también estuvo Google y su nueva versión de Androids; y, bueno, estuvieron todos los demás.

Cada vez que se celebra uno de estos eventos que tanto afectan a  nuestra vida, vuelve mi preocupación acerca del impacto que estas nuevas presentaciones van a suponer para las personas con discapacidad, especialmente sensorial (personas ciegas, sordas o con discapacidad auditiva) e intelectual. Porque lo que normalmente debieran ser muy buenas noticias para todos, realmente cada avance tiene infinitas aplicaciones beneficiosas en global para la sociedad, para las personas con discapacidad pueden ser nefastas si se sigue avanzando a este ritmo, las administraciones y sector privado adquiriendo y haciendo uso de las novedades, y todo sin seguir contemplando criterios de accesibilidad, usabilidad y, en definitiva, principios de diseño para todos. La Feria de electrónica de consumo de Las Vegas se centró en los nuevos modelos de tabletas y de telefonía, pero sobre todo, y como gran novedad pero ya real, la televisión en 3D y su integración en la red. Si hubiera habido conclusiones, una sería el titular: la electrónica de consumo carece de sentido ya sin internet.

Es en estos foros donde principalmente deben hacerse ver y actuar de verdaderos lobbys los colectivos de las personas con discapacidad y sus responsables, haciendo valer su presión y visualizando sus necesidades, y por qué no, los gestores públicos y políticos. Y por más que busqué, no vi a ninguno. Entre otras cosas, para enterarse de qué es lo que hay, qué es lo que está por venir, para qué sirve, cómo puede aprovecharse en la lucha por la igualdad y no discriminación de todos los ciudadanos y, por qué no, como pueden beneficiarse las políticas sociales para dar mejores servicios en campos como la educación, la sanidad o la incorporación al trabajo, por poner algunos ejemplos. Porque está muy bien discutir y pedir en los despachos, y seguir reivindicando “desde fuera de la normalidad”, y porque aunque como en anteriores reflexiones suene a aberración, las políticas sociales y la igualdad tienen mucho que ver y quedan profundamente afectadas por la evolución tecnológica.

El sector de la electrónica de consumo creció en 2010 un 3’5 %, con un volumen de negocio aproximado de 143.000 millones de euros. La previsión es que en 2014 existan sólo en EEUU 30 millones de televisores conectados a internet, y más de 185 millones en todo el mundo. Cuando todavía no se ha solucionado la accesibilidad y usabilidad de equipos y contenidos para internet a través de los medios tradicionales (PC’s, teléfonos móviles…), ¿no es preocupante que además ahora se meta en nuestro salón, se empiecen a dotar de contenidos y servicios interactivos nuevos para internet nuestro televisor, y tengamos frente a él a miles de personas incomunicadas por su falta de accesibilidad?

El máximo responsable de la feria, Gary Shapiro, estuvo acompañado a lo largo de todo el evento por Iván Seinderberg, consejero delegado de Verizon, la mayor operadora de banda ancha terrestre y móvil de EEUU, quien adquirió el compromiso de dotar de infraestructura 4G para todo el territorio en dos años. La unión de ambos sectores, la electrónica de consumo y las comunicaciones, lo define Shapiro como el inicio de un nuevo sueño americano. El problema es que estos sueños que vienen del otro lado del Atlántico luego tienen mucha repercusión por aquí. Me pregunto, ¿este nuevo sueño que presentó a los que el llama tecnocapitalistas, que avanza tan rápido, no puede crear nuevas y mayores brechas de exclusión?.

La tecnología tiene mucho que ver  con el bienestar social y la igualdad de oportunidades. Y ahora, si cabe, cuando podemos entrar en una nueva era introduciendo internet y los servicios y contenidos que conlleva en la electrónica de consumo, es más necesario que nunca hacer visible las necesidades de gran parte de población con determinadas discapacidades y los graves riesgos que puede suponer la falta de diseño universal, accesibilidad y usabilidad. Y para lograr esta visualización es imperioso cambiar la estrategia de “reivindicación”. No se logrará nada si se mantiene esta reivindicación desde fuera de los “foros normalizados”, y se sigue pidiendo desde los despachos y en los congresos, reuniones, comidas y eventos de, por y para sólo personas con discapacidad y familias. Hay que estar allí, en los “foros normales”, en las reuniones de negocios, presionando y enseñando, en definitiva, a los tecnocapitalistas. Únicamente desde dentro “de la normalidad” se puede llegar a la normalidad.

En el año 2010 hubo dos importantes eventos tecnológicos vinculados a la Administración en España. El primero de ellos, TECNIMAP 2010 en Zaragoza, congreso anual donde se exponen, discuten y difunden las actuaciones relacionadas con las tecnologías realizadas por la Administración Central y las autonómicas.  Por primera vez, se incluyó en un “Congreso normal”, plagado de responsables políticos y técnicos, la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación, centradas en la administración electrónica. Entonces ocupaba el puesto de Director General de Políticas de discapacidad en el Ministerio de Sanidad y Política Social, y fui el encargado de defender y visualizar en una de las mesas la necesidad de trabajar siempre bajo parámetros de accesibilidad y usabilidad, para evitar riesgos de exclusiones sociales.

El segundo, en octubre, Meeting  Point 2010, coordinado por Francisco Antón, subdirector general de informática del Ministerio de Educación y presidente de ASTIC, la asociación nacional de técnicos de la información y la comunicación de la Administración en España. Ya no ocupaba el cargo de Director General, pero sin embargo fui invitado (agradezco sinceramente la sensibilidad de ASTIC) a una ponencia central bajo el título “Accesibilidad y Usabilidad en la Administración y las TIC”. Este Congreso era otro “Congreso normal”, donde nuevamente, y desde dentro de la “normalidad”, pude reclamar y hacer ver la necesidad de normalizar las tecnologías, es decir, hacerlas accesibles y usables por todos los ciudadanos, especialmente las personas con determinadas discapacidades o limitaciones, o simplemente mayores,  con dificultades para su uso o acceso a la información, a los contenidos. Entiendo que éste debe ser el camino, y la única forma de hacer realidad la accesibilidad tecnológica. En ambos casos, por primera vez, se introdujo la importancia y necesidad de accesibilidad en “Congresos y foros normales”

Las leyes obligan y generan derechos, pero no diseñan los productos tecnológicos, ni los contenidos tecnológicos, ni los servicios tecnológicos. Esto lo hace la industria, y la industria en este campo va siempre años por delante de cualquier legislación. Por ello, creo firmemente que sólo desde la industria, desde dentro de la industria, desde dentro de los foros tecnológicos, infiltrándose entre los tecnocapitalistas, se podrá intentar conseguir mejor y más rápido la igualdad y la no discriminación. También podemos seguir haciendo estudios e informes durante muchos años de lo que mal está todo en accesibilidad a bienes, productos y servicios tecnológicos; pero, sinceramente, como creo que conocemos de sobra las carencias, quizás es mejor empezar ya a trabajar desde dentro de la industria y con la industria. Y hacerla ver que si ella gana (dinero e imagen), toda la sociedad gana.

Seamos realistas, pidamos la inclusión

Hace un par de años, durante unas jornadas tituladas “Televisión interactiva: perspectiva y futuro”, organizadas por el Cluster Audiovisual Gallego, Peter Olaaf Lomos, asesor de la Sociedad Pública de televisión y radio de Dinamarca, sentenció: “En Europa, el 15 % de la población tiene alguna discapacidad. La interactividad ofrece una ocasión para la integración de todos”. Este evento estuvo salpicado de pequeñas joyas en las declaraciones de los expertos en estas tecnologías. D. Antonio Rodríguez del Corral, responsable del proyecto de Televisión Interactiva del operador gallego de cable R, manifestó que “La televisión Intercativa será un negocio mayor que los teléfonos móviles”. El jefe de desarrollo de producto Sky Gamestar, Dan Chronnel, matizaba: “Es negocio, pero cada mercado tiene sus características”. Finalmente, D. Eduardo Madrid del Olmo, responsable de publicidad interactiva de Sogecable, señalaba la clave (de todo comercio): “Para la publicidad es una oportunidad única de relacionarse de forma distinta con el espectador, tal y como se está comprobando en internet y en los móviles”.

Personas con discapacidad en Europa: 15 % de la población. Personas mayores (y por lógica, con limitaciones) en 2020: 30 %.

          Peter Olaaf lo veía muy claro. Hace treinta años, el mercado se podía permitir el lujo de dejar fuera de su oferta de bienes y servicios a determinados sectores poblacionales, por múltiples factores: era muy costosa la comunicación/publicidad de bienes y productos para “toda la población”, era muy costosa su fabricación y era muy poco rentable invertir en un sector de la población con muy poco poder adquisitivo. Hoy esta realidad no está solucionada, pero tampoco es aceptable su negación al derecho: La persona con discapacidad, en cuanto ciudadano de pleno derecho, tiene que tener la opción de participar en todos los ámbitos sociales, y esto significar también en la sociedad de mercado y consumo, es decir, ser integrante en igualdad de oportunidades tanto como cliente como ofertante de bienes y servicios. La sociedad globalizada, tan denostada y criticada en muchos aspectos, sin embargo, y seguro que de manera inconsciente, está propiciando que el abaratamiento de costes en todo el proceso productivo de la industria, junto a la potencialidad de hacer llegar “la existencia del producto” a millones de personas a través de canales nuevos de publicidad,  incorpore a sectores discriminados hasta ahora, como las personas con discapacidad, al mercado como consumidores y usuarios.

La fragmentación del mercado en infinitas marcas y productos, aún cuando esté cada vez con mayor frecuencia localizada en entornos comerciales “cerrados y aglutinados”, hace que ninguna persona pueda ser despreciada como consumidor.  Ver personas con distintas discapacidades en grandes centros e hipermercados comerciales es ya algo habitual. El consumo de una persona con discapacidad se equipara a la de cualquier otra: hace la compra, visita los restaurantes y usa el cine.

Es innegable que hoy, a principios del s. XXI, vivimos en una sociedad globalizada piramidalmente (en países, continentes, el mundo), donde nada forma parte independiente del todo. Ni tan siquiera las políticas sociales. A la industria y a la economía de mercado le interesa mucho participar y potenciar las políticas sociales de integración de sectores poblacionales discriminados hasta ahora. Las empresas deben darse cuenta, y lo saben, que el requisito esencial para ser consumidor es tener poder adquisitivo. La integración laboral de personas con discapacidad, y la apuesta política por la seguridad y estabilidad del mismo, hacen que cada vez mayor número de personas con discapacidad se hallen inmersas en la sociedad como un consumidor más. Lo mismo ocurre con la accesibilidad. Introducir políticas de inversiones en accesibilidad es tremendamente rentable para el mercado, y para convertir personas con discapacidad en clientes con discapacidad. Este aspecto lo están asumiendo en su filosofía las entidades inmersas en el mercado de las Nuevas Tecnologías, a través de las cuales los cada vez más numerosos clientes con discapacidad interactúan con el mercado y la sociedad de consumo mediante las herramientas que estas empresas TIC’s ponen a nuestra disposición. El beneficio de transformar a la persona con discapacidad en consumidor es global: se beneficia el Estado incorporando efectivos de trabajo, se beneficia la persona con discapacidad, se beneficia la innovación y el desarrollo tecnológico, y se beneficia el mercado y la sociedad de consumo.

La discapacidad no está desvinculada del mercado. El mercado, y las empresas TIC’s que se mueven en él, deben ser conscientes de ello. Paradójicamente, la lucha por incluir a las personas con discapacidad entre los consumidores habituales beneficia a todos, económica y socialmente. Por ello, el mercado y sus empresas pueden y deben involucrarse en el avance social de las políticas y en la integración global de las personas con discapacidad, poniendo en práctica en su ámbito medidas de acción necesarias para lograr este fin.

Valga un ejemplo tremendamente clarificador. En 2006, el Gobierno aprobó la reducción del IVA en la adquisición y adaptación de vehículos para personas con movilidad reducida. Este ejemplo, que puede introducir a muchas personas con discapacidad como consumidores de la industria del automóvil, muestra muy claramente la sinergia de beneficios para todas las partes. Para el Gobierno, que paradójicamente se ve ante un incremento de ingresos (entran nuevos consumidores, que si bien es cierto que pagan directamente menor IVA, lo recogen de manera indirecta con el consumo de carburante y otros impuestos indirectos); para el sector del automóvil, que ve como entran nuevos consumidores que sin esta rebaja quedarían fuera del mercado; y para la persona con discapacidad, que se introduce como consumidor en el sector. El beneficio es mutuo, los costes apenas existen, todos ganan.

Las personas con discapacidad se nos presentan como consumidores duales de las TIC’s. Por un lado, consumidores obligados de los productos y servicios necesarios y propios de su discapacidad para interrelacionarse con la sociedad. Por otro, como el consumidor normal, que necesita un lugar donde vivir, necesita vestirse, necesita alimentarse o necesita disfrutar del ocio como cualquier ciudadano. Es en esta faceta del consumidor común donde el mercado y las empresas comerciales que se mueven en él no ha reparado aún lo suficiente sobre el potencial que desaprovechan. Los bienes y servicios a los que puede desear acceder o necesitar, en su prisma objetivo, son los mismos que los deseados o necesitados por el consumidor común.

Prácticamente ningún sector ha reparado que el diferencial coste-beneficio en los bienes accesibles ofertados al consumidor con discapacidad, se inclinan apreciablemente hacia el beneficio. Y ello por un doble motivo. Un bien o servicio accesible puede ser usado o utilizado por cualquier persona. Y por otro, la oferta de bienes y servicios accesibles para personas con discapacidad difícilmente quedaran sin cubrir ni ser rentables para el promotor. Si bien la capacidad económica del colectivo de personas con discapacidad ha sido realmente baja hasta ahora, su incorporación cada vez más al mercado laboral está cambiando la situación. Si el mercado quiere ver a este nada despreciable porcentaje de personas  como clientes y consumidores de sus bienes y servicios, debe invertir en ellos.

El cliente-consumidor con discapacidad posee dos características diferenciadoras respecto al cliente-consumidor sin discapacidad: su fidelidad y su capacidad de producir innovaciones en los productos del mercado. La capacidad de influir en la innovación de productos, bien a través de nueva creación o adaptación de los ya existentes, es enorme. El mercado de consumo se ha visto en numerosas ocasiones ante la perspectiva de que diseñar productos, entornos o servicios innovadores que incorporan la accesibilidad, no sólo no producía costes añadidos sino que multiplicaba sus beneficios. Cuando el mercado, los bienes o productos presentes en él, utilizan directrices que los hacen accesibles al consumidor con discapacidad, la experiencia demuestra que indirectamente captan a gran número de consumidores sin discapacidad.

Sin duda, el campo donde el cliente-consumidor con discapacidad se ha dado cuenta que le proporciona todo el potencial para desarrollar su faceta de consumidor es a través de las Nuevas Tecnologías. La ventaja de una adaptación del mercado TIC al colectivo de personas con discapacidad o con limitaciones (recuerden, Europa tendrá el 30 % de su población por encima de los 65 años en 2020), haciendo su acceso  y utilización igualitario para todos, aporta un beneficio muy por encima del coste. La Comisión Europea, en un borrador de mandato de Diseño para todos, expone que en Estados Unidos el poder adquisitivo de las personas con discapacidad se sitúa en torno a la cifra de un billón de dólares, del cual 220.000 millones cobran la forma de gasto discrecional. En el Reino Unido se calcula que esa cifra representa en torno al 10% del PIB.